El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado el documento “Conclusiones de la Primera reunión del Consejo Asesor en Sostenibilidad del CGE”. Dicho Consejo Asesor fue creado a finales de 2023 y está integrado por expertos de diferentes ámbitos de la economía y del mundo académico con una prestigiosa trayectoria profesional multidisciplinar. El cometido principal de este Consejo es ser un foro de debate y discusión de todas aquellas cuestiones que, en el ámbito de la sostenibilidad van surgiendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Además de por el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, el Consejo Asesor de Sostenibilidad del CGE está formado por el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE), Emilio Álvarez; el expresidente del ICAC y consejero de Redeia y de Mapfre, Antonio Gómez Ciria; la expresidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos; el director del Servicio de Estudios del CGE y presidente de EFAA for SMEs, Salvador Marín; la directora de Proyectos Internacionales del Ivie y consejera del CES, Matilde Mas; el ex secretario general del PIOB, Gonzalo Ramos; y el expresidente de Deloitte España, Fernando Ruiz.
En su intervención, el presidente de los economistas, Valentín Pich, ha hecho alusión a la Directiva 2022/2464 de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSDR), que debería estar traspuesta al ordenamiento jurídico español en el próximo mes de julio. Según Pich “en el caso de las pymes que formen parte de la cadena de suministro de una gran empresa obligada a elaborar informes de sostenibilidad, se debería respetar la materialidad, obligándolas a reportar solo sobre aquellos aspectos que realmente sean relevantes, y no añadir trámites burocráticos innecesarios que supongan una carga, restándoles competitividad”. “La ley resultante de la trasposición de esta directiva debería contemplar una aplicación proporcional de la norma para este tipo de pymes”, ha remarcado. No obstante, el presidente del CGE ha animado a las pymes a elaborar informes sobre sostenibilidad de forma voluntaria, “lo que les ayudará a conseguir nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento al mejorar su reputación de cara a sus clientes, accionistas, entidades financieras y stakeholders”.
“Recordemos –ha comentado– que, con datos de 2023, el 66% de las empresas del IBEX 35 evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales y el 71% en base a criterios ambientales, y que el 64% de los consumidores españoles tiene casi siempre en cuenta en sus compras la sostenibilidad; por lo tanto, a la vista de estos datos, no cabe duda de que la elaboración de informes de sostenibilidad, de forma voluntaria, por parte de las pymes, aumentará su competitividad, especialmente para las pymes que quieran optar a suministrar a empresas de mayor dimensión u otros negocios dentro de su área sectorial”.
A continuación, han intervenido todos los miembros del Consejo Asesor de Sostenibilidad del CGE quienes han disertado, entre otras cuestiones, sobre el grado de concienciación de las pymes en materia de sostenibilidad; la forma de medir el impacto social de las organizaciones y qué les reporta; las ventajas e inconvenientes de la obligación de reportar sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza; y qué pueden hacer las empresas para que la información de sostenibilidad tenga las cualidades establecidas en la legislación.
En último lugar ha intervenido el director del Servicio de Estudios del CGE y presidente de EFAA for SMEs, Salvador Marín, quien ha expuesto las principales conclusiones del documento, entre las que destacan las siguientes:
Para que las empresas puedan reportar sobre su desempeño en materia de sostenibilidad tendrán que integrar los criterios ESG en la estrategia de forma que les permita cuantificar y hacer públicos los objetivos que desean alcanzar en temas ESG, así como el horizonte temporal para su consecución.
Para la consecución de los objetivos ESG de una empresa, se requiere su integración en las decisiones operativas y en los sistemas de remuneración. Por ejemplo, cuando se evalúe una decisión de inversión, además de tener en consideración la rentabilidad y el riesgo de la operación, también se deberá evaluar el impacto que la misma vaya a originar en la sociedad. Se pasará de considerar el binomio tradicional rentabilidad y riesgo al trinomio rentabilidad, riesgo e impacto.
De conformidad con los estándares elaborados por el EFRAG las empresas tienen la obligación de informar sobre el desempeño, efectos y relaciones de la denominada cadena de valor. Por lo tanto, tienen que obtener información sobre el impacto de sus decisiones en materia ESG, tanto en sus clientes y grupos de interés, como en la cadena de suministro. Esta demanda de información genera, de forma indirecta, la ampliación del colectivo de empresas que se van a ver afectadas por la aplicación de la Directiva CSDR.
La transformación de nuestra actividad productiva para hacerla más sostenible, cumpliendo con los objetivos de Naciones Unidas, se estima que va a precisar de una inversión adicional de 40.000.000 de euros en España en los próximos años.
Constituido nuestro tejido empresarial en un 98% por pymes, es evidente que el proceso de inversión y transformación no se puede realizar sin ellas. Tienen que estar sí o sí en la ecuación y además de forma racional y eficiente. No obstante, su incorporación al mismo es muy incipiente. Según el test de evaluación de los ODS de la ONU, TÜV SÜD, el 60% de las pymes españolas afirmaron en 2022 no haber implementado ninguna acción específica relacionada con la sostenibilidad. Los retos que enfrentan van desde la falta de conocimiento hasta los requerimientos regulatorios y los costes asociados a la sostenibilidad.
Para las pymes resulta complejo obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad. Además, tienen serias dificultades para poder reportar su impacto medioambiental debido a la falta de bases de datos históricos o a la mala calidad de los mismos. Según una encuesta celebrada recientemente entre las 500 más grandes empresas dentro de las pymes, gracias a la colaboración entre Cepyme y Finresp, la mayor parte de ellas no podría aportar datos básicos para calificar sus operaciones como sostenibles. Ello hace necesario apelar al principio de proporcionalidad en los desarrollos normativos, de tal forma que su aplicación sea progresiva en el ámbito de la cadena de valor.
Se deberá fomentar que las pymes adopten un enfoque gradual, comenzando con aquellos cambios que requieren menor inversión y proporcionan retornos rápidos como, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética o reducir el desperdicio.
Todos, pero especialmente los economistas tenemos un papel crucial que desempeñar en el apoyo a la búsqueda de la sostenibilidad y por una economía sostenible en la UE. Esto presenta un doble desafío, una oportunidad y una responsabilidad ciertamente significativos. Desde el asesoramiento en las mejores prácticas de ESG, el apoyo y desarrollo en la elaboración de los informes de sostenibilidad o el campo propio de la verificación.
Para que este proceso sea completo, faltarían por delimitar los requisitos de información corporativa sobre sostenibilidad para todo el amplio espectro de las entidades no lucrativas y las entidades del sector público, a todos sus niveles. Reportar sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) es un ejercicio que bien enfocado, sin banderas ni trincheras, aportará mucho a la gobernanza de nuestro país y a la economía productiva en el medio y largo plazo, pero en esta ecuación deben estar todos los actores que influyen en la economía y el desarrollo social de un país, tanto los administrados como la Administración.
Las actividades ligadas a la sostenibilidad representan un impulso en la buena dirección para las pymes. No obstante, en la implementación de las exigencias legales será recomendable acompañarlas en el cambio hacia modelos más eficientes, ya que un exceso de celo puede ser contraproducente y abortar los efectos sin duda positivos que se derivan de la norma.
Respecto de las actividades sociales, éstas pueden tomar variadas formas, pero seguramente la más interesante desde el punto de vista económico sean las señaladas por la teoría de los “salarios de eficiencia”. Esta estrategia es especialmente interesante cuando el objetivo es la atracción y retención de talento que es el factor de producción más escaso en la actualidad.
Las Normas Internacionales de Sostenibilidad recientemente desarrolladas por el International Sustainability Standards Board (ISSB) del IFRS se centran en la materialidad financiera, es decir, en el impacto de los requisitos ESG sobre la empresa. Sin embargo, la perspectiva europea es distinta, y contempla también el impacto de la actividad de la empresa en su entorno externo. Esta doble materialidad solo puede entenderse cuando se considera la gama de intereses de todos los grupos de interés que conforman el interés público.
En los próximos años, las empresas, en sus presentaciones de resultados tendrán que abordar el impacto financiero, pero también incluir métricas sociales y medioambientales que sirvan para evaluar su actividad. Comunicar esos resultados de manera clara, concisa y absolutamente transparente a clientes e inversores resultará igualmente importante.
En Europa aproximadamente 50.000 empresas (11.600 con la anterior directiva), sin contar las que se verán afectadas de forma indirecta o vía cadena de valor, quedarán obligadas a informar sobre sostenibilidad, incluidas las empresas más grandes, así como las pymes cotizadas. De esta manera, podremos poner en valor y sumar al rendimiento económico, el impacto social positivo que generan las empresas en la sociedad.
Aunque es positivo que haya calidad normativa ante una nueva materia y campo de actividad, existe en la actualidad un tsunami regulatorio en torno a la sostenibilidad y una creciente presión a este respecto. Han aumentado tanto las iniciativas ‘soft law’ (13 en 2012, frente a las 226 en 2022), como en las iniciativas ‘hard law’ (14 en 2012, frente a las 165 en 2022). Este maremágnum normativo precisa de una definición de métricas y de automatización de datos para poder confirmar su trazabilidad; si tenemos en cuenta que solo algunas compañías han empezado a integrarlo en sus sistemas, queda mucho trabajo por hacer y será un reto muy difícil de alcanzar dado que existen miles de indicadores. Solo se podrá lograr el objetivo final de introducir esta cultura y que tenga un calado profundo y estructural, es decir con garantías de éxito, con un número reducido, claro y homogéneo de normas y requerimientos.
Por Funds Society, Madrid
