La fragmentación geopolítica, es decir, esta situación en la que los países o bloques actúan de forma cada vez más desunida, hace más difícil predecir la política gubernamental. Según el último informe de Moody’s, en este contexto hay cinco tendencias que pueden acabar aumentando los riesgos crediticios: la coordinación de la seguridad, las perturbaciones relacionadas con el comercio, las cuestiones financieras transfronterizas, la política de cambio climático y los patrones de migración.
Según explica Kelvin Dalrymple, vicepresidente-senior de crédito de Moody’s, la geopolítica puede perturbar la estabilidad económica, financiera, institucional y política, y puede afectar directamente al crédito. “Por ejemplo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado interrupciones en el suministro, inclinando las políticas de los países hacia una mayor autosuficiencia o friend-shoring en áreas que van desde los alimentos hasta la energía. Esto podría disminuir la eficiencia de la producción, aumentar los precios o limitar la disponibilidad, perjudicando el consumo, el bienestar y el crecimiento”, afirma Dalrymple.
En este sentido, el experto matiza que la fragmentación de la cooperación en materia de seguridad aumentará los costes fiscales y de defensa. Explica que los diferentes intereses de los miembros de las alianzas de seguridad harán que las acciones coordinadas de la alianza sean menos predecibles. “Es probable que varios soberanos se vuelvan más autosuficientes en materia de seguridad, aumentando su gasto en defensa. Esto aumentará la deuda o desviará recursos de proyectos potencialmente mejoradores del crédito en educación, infraestructuras y asistencia social”, matizan.
El segundo elemento que apunta el informe es que la fractura de las cadenas de suministro pesará sobre el crecimiento económico. Según el documento, la preocupación por la seguridad nacional siempre ha dominado la política comercial en sectores como la defensa y la tecnología estratégica.
Además, y como tercer factor, Moody’s apunta que las tensiones en torno a los beneficios relativos de los actuales sistemas financieros transfronterizos van en aumento. “Las estructuras financieras internacionales han cambiado poco desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero favorecen desproporcionadamente a las economías avanzadas. Sin embargo, no esperamos que se produzcan cambios significativos en el sistema financiero internacional, porque los países están cada vez más en desacuerdo sobre cuáles deberían ser estos cambios. En última instancia, cualquier nuevo sistema financiero o mercado alternativo debe tener suficiente liquidez para desafiar las estructuras existentes”, matiza en sus conclusiones.
Dalrymple también profundiza en el impacto de la política de cambio climático a la hora de crear riesgos para los activos de crédito. En este sentido explica: “A pesar de la urgencia compartida en materia de política climática, existe una alineación limitada en cuanto a la financiación y el calendario de actuación. Los gobiernos y las entidades del sector privado llevarán a cabo proyectos de transición del carbono y de mitigación del clima en gran medida según sus propios calendarios y prioridades. Esperamos una coordinación limitada entre los mayores países emisores de gases de efecto invernadero y los países que más sufren los efectos del cambio climático. Hasta el momento, la financiación prometida a los países en desarrollo ha sido escasa”. De hecho, los países en desarrollo necesitan entre 280.000 y 500.000 millones de dólares al año hasta 2050 para hacer frente a sus planes climáticos colectivos.
En este sentido, Moody’s considera que los riesgos desiguales a los que se enfrentan estos países en comparación con otros no se reflejan todavía en los compromisos de financiación o de reducción de emisiones. “Los inversores buscarán cada vez más invertir en regiones o áreas como las infraestructuras que cumplan con sus sólidos principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esperamos que aumente la demanda de instrumentos de deuda innovadores con capacidad de adaptación al clima que financien actividades ESG. Las emisiones se ralentizarán en las zonas donde la calidad crediticia y las políticas ESG son débiles. Algunos soberanos del África subsahariana y de Oriente Medio son los más vulnerables, al igual que las empresas petroleras y de gas”, advierte en su informe.
Por último, el informe destaca que el trato a los migrantes y refugiados puede perjudicar las relaciones internacionales de los países y aumentar los “riesgos sociales” en los países recpetores. “Acoger a los refugiados aumenta directamente el gasto público, incrementando los riesgos fiscales y sociales. A largo plazo, el aumento de la migración puede impulsar el PIB y ayudar a los países a afrontar los retos demográficos. Hay que ser conscientes de que limitar la migración económica puede ser una política popular entre los votantes nacionales. En la práctica, estos límites se basan a menudo en la escasez de mano de obra cualificada en el país o en los ingresos y la riqueza preexistentes, y estos últimos diferencian el acceso de los ricos y los pobres”, concluyen.