El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 reduce en un 75% las aportaciones fiscalmente deducibles a planes de pensiones individuales, situando el límite por debajo del que, hace más de 30 años, reconocía la Ley 8/1987 reguladora de los planes y fondos de pensiones en España.
El Proyecto rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge.
Para analizar esta propuesta y la opinión pública, Luis Garrido y Elisa Chuliá (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UNED) han realizado un análisis, promovido por Inverco, sobre la reducción del límite de aportación a planes de pensiones individuales.
Según señalan, los incentivos a las aportaciones a planes de pensiones han sufrido diversos recortes desde 2007, pero nunca desde que se creó la previsión social complementaria en España se había efectuado una reducción tan radical como la prevista en el proyecto presupuestario.
A sus ojos, una disminución tan acusada del límite de aportación a planes de pensiones individuales inhibe el desarrollo del tercer pilar del sistema de pensiones y solo puede interpretarse como una voluntad explícita de debilitarlo.
Una reducción sin respaldo en el Pacto de Toledo y la AIReF
“La reducción del límite de aportación a los Planes de Pensiones Individuales no encuentra respaldo en el Pacto de Toledo, cuyo informe más reciente “mantiene la recomendación de dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria”, y no establece ninguna relación causal entre el debilitamiento del tercer pilar y el reforzamiento del segundo pilar (planes de pensiones de empleo)”, destacan los expertos en su análisis.
Tampoco la AIReF ofrece respaldo claro al ajuste del beneficio fiscal derivado de las aportaciones a planes de pensiones individuales. Si bien esta institución ha llamado la atención sobre el mal diseño de este beneficio, desde el informe recuerdan que no ha propuesto su contracción, sino su “reformulación completa (…), de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo”.
La valoración de la opinión pública
Para los autores del estudio, el deseo de satisfacer las preferencias de la mayoría de los ciudadanos podría enarbolarse como una fuente de legitimidad alternativa al Pacto de Toledo o a la AIReF para justificar la contundente reducción de aportaciones fiscalmente deducibles que introduce el PPGE-2021.
Ahora bien, el argumento de la opinión pública solo podría esgrimirse si en la sociedad prevalecieran actitudes favorables a disminuir los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes de pensiones individuales. Sin embargo, según expresan, los datos disponibles no permiten extraer una conclusión semejante.
Para analizar la opinión pública han analizado dos encuestas representativas efectuadas por el Instituto BBVA de Pensiones en mayo-junio y en septiembre-octubre de 2020. La primera se planteó a una muestra de 2.045 españoles de 18 o más años; la segunda, a 3.085 españoles entre 21 y 42 años (nacidos entre 1978 y 1999 y definidos en la encuesta como “generación millennial”).
En sendos cuestionarios se pidió a los encuestados que opinaran sobre la reducción de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales, sin vincular esta medida con el Gobierno o con partido alguno, para evitar que las opiniones que los entrevistados pudieran albergar hacia determinadas instituciones o formaciones políticas sesgaran su valoración de la propuesta concreta.
Cuando se pregunta si la reducción de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales les parece bien, se observa que una proporción considerable carece de opinión al respecto (23% en la primera; 47% en la segunda).
En ambas encuestas, las proporciones de entrevistados a los que la propuesta de reducir el límite de aportación a los planes de pensiones individuales les parece mal, superan claramente a las de los que opinan lo contrario. Excluyendo a quienes carecen de opinión, en la práctica totalidad de las edades activas (26-66 años), por cada entrevistado que apoya la propuesta, hay entre 1,5 y 2 entrevistados que la rechazan. En cuanto a los entrevistados de 21 a 42 años, por cada uno que la secunda, 2,4 la desaprueban.
La razón (ratio) entre los “millennials” opuestos y favorables a la propuesta aumenta cuando se calcula para el grupo de quienes afirman ahorrar para su vejez/ jubilación: en este colectivo, por cada entrevistado que apoya la propuesta de reducir los incentivos fiscales a las aportaciones de los planes de pensiones, hay 4,1 que la rechazan, mientras que entre quienes no ahorran para la jubilación, la relación entre los contrarios y los simpatizantes de la propuesta es menor (2,2), aunque también muestra el predominio de los que no la aprueban.