El actual entorno normativo (MiFID II) situará, por fin, al cliente en el “centro” del modelo de servicio de las entidades financieras. Una mayor transparencia sobre los costes permitirá al cliente identificar la existencia de conflictos de interés en la distribución de productos financieros.
Según el estudio “Nuevos Modelos de Negocio en el Asesoramiento Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II”, elaborado por EFPA e IEB, España dejará de ser una excepción entre los países de su entorno puesto que, por primera vez, los profesionales del asesoramiento tendrán que cumplir unos requisitos de cualificación técnica y una experiencia mínima antes de sentarse con un cliente. Además, la nueva normativa sobre cualificación introduce el requisito de realizar una formación continua (o proceso de recertificación).
Los expertos aseguran que en España no será fácil cobrar al cliente de manera explícita por el asesoramiento ya que, hasta ahora, las entidades financieras “asesoraban” de forma gratuita. Como es evidente esto equivale, en la mayoría de los casos, a “colocarle” al cliente sus propios productos de inversión.
Por ello, la mayoría de entidades optarán por implantar un modelo de asesoramiento “no independiente”, lo que situará al cliente ante la disyuntiva de pagar a un asesor de forma explícita o bien, mediante retrocesiones. Desde EFPA admiten que sólo lo hará cuando reconozca el valor añadido del servicio que reciba. Por su parte, las EAFI buscarán alianzas y avanzarán en su especialización para afrontar los retos que plantea el cobro directo al cliente.
¿Por qué pagarán los clientes en adelante?, ¿Qué esperan del asesor?
La composición de los ahorros de las familias españolas (muy conservador), el sesgo local de las carteras (cercanía y supuesto mayor conocimiento), el cortoplacismo (concentración en liquidez y depósitos) y, el patrimonio medio (modesto) hace plantearse quién podrá pagar por recibir asesoramiento financiero.
Las familias con patrimonio medio – con un rango estimado de hasta los 250.0000/300.000 euros – no podrán recibir asesoramiento financiero independiente “tradicional”. Una comisión de 1.000, 2.000 o incluso 3.000 euros al año, no supone una remuneración adecuada para una planificación financiera profesional y responsable con la dedicación en horas, formación y esfuerzo que requiere.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la mitad del ahorro de las familias está invertido en inversiones muy conservadoras, en un entorno de tipos extremadamente bajos y, en un entorno macroeconómico como el actual, una gestión de activos de baja o nula rentabilidad difícilmente permitirá el pago de los servicios de un asesor financiero profesional. En general, con independencia del modelo de asesoramiento por el que se opte, el cliente sólo estará dispuesto a pagar si puede reconocer el valor añadido del servicio prestado.
Una mayor transparencia sobre los costes permitirá al cliente ser cada vez más exigente en la calidad del servicio que se le presta. En general, los clientes de entidades financieras con un volumen patrimonial propio de mass affluent, o inferior, no podrán asumir los costes asociados a la prestación de un servicio de asesoramiento independiente. En ese caso, tanto un asesoramiento no independiente, como la “vehiculización” a través de fondos perfilados podrán ser alternativas viables para los inversores.