Una mayoría de profesionales de la inversión representativos de toda Europa esperan que sus empresas asuman el coste de las investigaciones de las inversiones. Solo el 15% espera que se cobren a los clientes, según el informe «MiFID II: Un Nuevo Paradigma para el Análisis de Inversiones» realizado por CFA Institute.
Según éste, el 78% de los profesionales cree que, bajo MiFID II, se reducirá el volumen de investigación procedente de los bancos de inversión, mientras que el 44% afirma que se incrementará la investigación interna. Además, hay una clara preocupación respecto a que la nueva regulación afecte a las firmas más pequeñas, que podrían desaparecer del mercado, lo que tendría un impacto negativo sobre la competencia.
Rhodri Preece, director de política de mercados de capital para EMEA en CFA Institute y autor del informe, afirma que «CFA Institute respalda los objetivos de estas reformas, como eliminar posibles conflictos de intereses entre los gestores de activos y sus clientes al realizar transacciones con intermediarios, y ofrecer un mercado más transparente, competitivo y eficiente para la investigación y análisis. Sin embargo, las normas no son una panacea. Los profesionales encuestados muestran su preocupación por las consecuencias involuntarias de la norma, incluida una disminución en la disponibilidad y cobertura de la investigación y análisis.»
Cuando MiFID II entre en vigor el 3 de enero de 2018, uno de los aspectos más significativos para los gestores de inversiones e intermediarios es el requerimiento de establecer un precio para la investigación y análisis de las inversiones y facturar éstas de forma independiente de la ejecución de los servicios de cada clase de activo.
En términos de costes anuales esperados procedentes de la realización de investigación y análisis bajo MiFID II, la encuesta revela una marcada diferencia de opiniones, que reflejan tanto la diversidad de las estrategias de inversión aplicadas, como la incertidumbre generada sobre los precios. El valor medio del coste anual esperado de la investigación en renta variable fue de 10 puntos básicos. Esto equivale a 1 millón de euros al año sobre un patrimonio nocional de 1.000 millones de euros bajo gestión (AUM).
El coste de la investigación de renta fija, divisas y materias primas (FICC) fue menor, aproximadamente la mitad que la investigación en renta variable, alrededor de 350.000 euros anuales sobre un patrimonio nocional de 1.000 millones de euros (AUM).
Con respecto a la asignación de los costes de investigación, el 53% espera que sus firmas los absorban, en comparación con el 15% que opina que sus empresas cobren a los clientes por la servicios de investigación de inversiones. Un 12% de los encuestados espera una atribución mixta, y el 21% de encuestados no está seguro de qué forma sus empresas asumirán la mayor parte del coste.
La proporción de profesionales que anticipan que su empresa asumirá el coste de la investigación está directamente asociado al tamaño de los activos bajo gestión. El 67% de profesionales procedentes de firmas con activos bajo gestión superiores a 250.000 millones de euros esperan que su empresa los asuma. Por su parte, solo el 42% de los encuestados de empresas con menos de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión cree que su empresa absorba esos costes.
Los profesionales encuestados expresaron su preocupación por una posible desventaja competitiva para las empresas más pequeñas. Asumen los temores de la industria de que los cambios podrían desenvocar en la desaparición de pequeñas empresas, con la consiguiente consolidación de la industria en favor de las principales firmas mundiales.
Finalmente, se espera que MiFID II tenga un importante impacto en los proveedores de servicios de investigación. Un 78% de los encuestados expresa su opinión de que se reducirá el volumen de investigación procedente de los bancos de inversión bajo MiFID II, mientras que el 44% afirma que se incrementará la investigación interna.