La fijación de los precios sobre las emisiones de carbono tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono (también conocidas como emisiones de gases de efecto invernadero o GEI) y utiliza mecanismos de mercado para pasar el coste de la emisión a los emisores. Su objetivo principal es desincentivar el uso de combustibles fósiles, emisores de dióxido de carbono, para proteger el medio ambiente, abordar las causas del cambio climático y cumplir con los acuerdos climáticos nacionales e internacionales.
Un aspecto clave de la fijación de precios del carbono es el principio de «quien contamina paga». Al poner un precio al carbono, la sociedad puede responsabilizar a los emisores por los graves costes de agregar emisiones de GEI a la atmósfera; entre estos costes se incluyen aire contaminado, temperaturas más altas y los efectos nocivos relacionados (amenazas a la salud pública y a los suministros de alimentos y de agua, o mayor riesgo de ciertos eventos climáticos peligrosos). Poner un precio al carbono también puede crear incentivos financieros para que los contaminadores reduzcan las emisiones.
Los beneficios de fijar el precio del carbono son muy significativos. Es uno de los instrumentos políticos disponibles más sólidos para hacer frente al cambio climático. Tiene el potencial de descarbonizar la actividad económica mundial, al cambiar el comportamiento de los consumidores, las empresas y los inversores, al tiempo que desencadena la innovación tecnológica y genera ingresos que se pueden utilizar de manera productiva. En resumen, los precios del carbono bien diseñados ofrecen tres beneficios: protegen el medio ambiente, impulsan las inversiones en tecnologías limpias y aumentan los ingresos.
Cómo funcionan los instrumentos de fijación de precios del carbono
Los instrumentos de fijación de precios de las emisiones de carbono pueden adoptar muchas formas. Una amplia gama de enfoques permite a gobiernos, empresas e instituciones seleccionar el método que mejor se adapte al entorno político. El impuesto sobre las emisiones de carbono pone un precio directo a las emisiones de GEI y requiere que los actores económicos paguen por cada tonelada de carbono contaminante emitida. Crea un incentivo financiero para reducir las emisiones y para cambiar a procesos más eficientes o a combustibles más limpios (menos contaminación significa impuestos más bajos).
El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), también conocido como sistema de límites máximos, establece un ‘tope’ a las emisiones directas totales de GEI de sectores específicos y un mercado en el que se comercializan los derechos de emisión (en forma de permisos o derechos de emisión de carbono). Este enfoque permite a los contaminadores cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de manera flexible y al menor coste. Proporciona certeza sobre las reducciones de emisiones, pero no sobre el precio de emisión, que fluctúa con el mercado.
Con el mecanismo de créditos de carbono, o bonos de carbono, a partir de las reducciones de emisiones que ocurren como resultado de un proyecto, por parte de una empresa o gobierno, o de una política, se asignan créditos, que luego se pueden comprar o vender. Las entidades que buscan reducir sus emisiones pueden comprar los créditos como una forma de compensar sus emisiones reales. Este enfoque requiere que un verificador externo formalmente reconocido apruebe la reducción de emisiones antes de que se acredite.
Bajo un marco de financiación climática basado en resultados (FCBR), las entidades reciben fondos cuando cumplen objetivos predefinidos relacionados con el clima, como la reducción de emisiones. Como en el caso del mecanismo de créditos, este enfoque requiere la participación de verificadores independientes (en este caso, para confirmar que se ha cumplido un objetivo). Al vincular la financiación a resultados específicos, el FCBR facilita la fijación de precios del carbono y la creación de mercados de carbono ayuda a los contaminadores a cumplir con los objetivos climáticos y estimula la inversión del sector privado.
Por el mecanismo de fijación interna de precios del carbono, los gobiernos, las empresas y otras entidades asignan su propio precio interno al uso del carbono y lo tienen en cuenta en sus decisiones de inversión. Utilizado como parte de un esfuerzo más amplio de descarbonización, este enfoque fomenta la inversión en tecnologías bajas en carbono y prepara a las instituciones para operar bajo futuras políticas y regulaciones climáticas. La fijación interna de precios del carbono generalmente adopta dos formas:
Asigna un precio ‘sombra’ (hipotético) al uso del carbono. Las entidades calculan este precio para sus actividades con el objetivo de gestionar los riesgos climáticos e identificar oportunidades en operaciones, proyectos y cadenas de suministro, para reducir las emisiones y evitar la concentración de sus inversiones a largo plazo en capital e infraestructura con alto contenido de carbono. Por ejemplo, el Banco Mundial ha anunciado planes para aplicar un precio ‘sombra’ del carbono a proyectos de inversión de relevancia utilizando un precio coherente con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre precios del carbono.
La segunda forma es una tarifa interna de carbono que las empresas cobran voluntariamente a sus unidades de negocio por sus emisiones. Los fondos generados a partir de esta tarifa se reconducen hacia tecnologías más limpias y actividades más ecológicas que apoyan la transición hacia una economía baja en carbono.
¿Cómo estructurar un mecanismo efectivo de fijación de precios del carbono?
Aunque el diseño de los sistemas de fijación de precios del carbono varía en función de objetivos y contextos específicos, los sistemas eficaces comparten algunas características comunes. Los FASTER Principles for Successful Carbon Pricing (Principios FASTER para la Fijación de Precios del Carbono eficaces) son una guía desarrollada conjuntamente por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que detalla seis características clave de la fijación de precios eficientes del carbono basadas en la experiencia práctica de diferentes jurisdicciones:
Equidad. Las iniciativas eficaces incorporan el principio de ‘quien contamina paga’ y garantizan que tanto los costes como los beneficios se compartan de manera justa.
Alineación de políticas y objetivos. La fijación del precio del carbono no es un mecanismo independiente. Es más eficaz cuando se combina y promueve objetivos políticos más amplios, tanto relacionados como no relacionados con el clima.
Estabilidad y previsibilidad. Son iniciativas efectivas, dentro de un marco de política estable, que envían una señal clara, consistente y (con el tiempo) cada vez más fuerte a los inversores.
Transparencia. La fijación efectiva de precios del carbono se diseña y lleva a cabo de manera transparente.
Eficiencia y rentabilidad. La fijación efectiva de precios sobre las emisiones de carbono reduce el coste y aumenta la eficiencia económica de la reducción de emisiones.
Fiabilidad e integridad ambiental. La fijación efectiva de precios del carbono reduce de manera medible las prácticas que dañan el medio ambiente.