En la conversación que rodea a las pensiones hay varios frentes abiertos que no acaban de cerrarse. Se proponen reformas, se suspenden, retrasan, cancelan, se recuperan otras anteriores… Parece que el debate no tiene fin. Uno de estos frentes es el de la fiscalidad de los vehículos que ayudan a complementar la pensión pública: los planes de pensiones individuales y de empleo.
El Ministerio de Hacienda ha creado un comité de expertos para la reforma del sistema tributario, donde también se ha hablado de la fiscalidad del ahorro. La CECA ha sido una de las entidades que ha presentado sus ideas en este comité. En su documento, la organización, motivada por el contexto actual de bajos tipos de interés y, por tanto, de poca rentabilidad, insiste en la necesidad de revisar el actual marco de incentivos fiscales destinados a fomentar los productos del ahorro.
El sistema actual de pensiones se enfrenta, en el conjunto de economías avanzadas, a los retos derivados del envejecimiento de la población, lo que requiere de un aumento necesario de la tasa de ahorro para la jubilación. Asimismo, las reformas que se han producido en los sistemas de Seguridad Social en España y otros países de nuestro entorno -que están derivando en unas tasas de sustitución cada vez menores- tienen como denominador común el traslado de una mayor responsabilidad a los ciudadanos en materia de constitución del ahorro necesario para la jubilación, explica la CECA.
“En este sentido, aunque en España existen diferentes productos financieros que fomentan el ahorro a largo plazo, sería necesario incrementar los actuales incentivos fiscales para este tipo de productos, para conseguir mitigar la actual tensión que sufren los sistemas de pensiones públicos”, proponen.
El año pasado, en un intento de impulsar a los planes de empleo, la fiscalidad de los planes de pensiones individuales cambió en detrimento de la de los planes de empleo. La aportación máxima con derecho a desgravación en el IRPF disminuyó desde los 8.000 a los 2.000 euros, mientras que en los planes de empleo aumentó hasta los 10.000.
Una medida que las diferentes asociaciones profesionales y empresariales no acogieron bien ya que consideran que afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos. Por ello, Inverco, como parte del comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda, recomienda aumentar este límite hasta los 5.000 euros. Asimismo, propone aumentar el límite de aportaciones a favor del cónyuge.
“El importe de 5.000 euros anuales refleja mejor la finalidad de concentrar el impacto de esta medida en las rentas altas, ya que, en caso contrario, dejaría fuera del efecto de esta medida a un colectivo de ahorradores que difícilmente pueden considerarse como de rentas altas”, explica la patronal en el documento facilitado al Ministerio.
Además, según se expone en el informe, con datos del ejercicio 2019, la elevación a 5.000 euros no tendría un efecto presupuestario relevante, pero permitiría incorporar en el colectivo amparado por los límites de aportación a casi un 30% de los aportantes de 2020, en buena parte autónomos, para los que además hoy la única alternativa de ahorro complementario para la jubilación son los planes individuales.
Respecto a los planes de empleo, Inverco propone recuperar los estímulos fiscales a las empresas de una deducción del 10% en el Impuesto sobre Sociedades, por aportaciones a planes de pensiones de sus trabajadores y la exención (con posible compensación vía impuestos) en base de cotización de la Seguridad Social.
Además, sugieren la incorporación de nuevos estímulos. En primer lugar, no limitar la aportación del trabajador al plan de empleo (actualmente en 2.000 euros), especialmente en caso de “matching” de la empresa. La última reforma introdujo una limitación en el límite de aportación a planes de pensiones de 2.000 euros, salvo contribuciones empresariales de hasta 8.000 euros en favor de sus trabajadores. Desde Inverco creen que “no parece que tenga sentido que el incremento de 8.000 euros deba provenir exclusivamente del propio promotor (la empresa)”.
Otra de las propuestas es la de establecer un sistema de aportación por defecto, siguiendo el modelo de varios países, entre ellos Reino Unido (o en su defecto cambios legislativos que obliguen a los interlocutores sociales a negociar, aunque no a acordar, en las negociaciones de los convenios colectivos). Por último, proponen aportaciones a sistemas de empleo (tanto empresas como Gobierno), solo consolidable si el trabajador se jubila a la edad legal.
En general, para los dos tipos de planes, Inverco propone flexibilizar los límites de aportación (compensar excesos de límites en diez años, o establecer un límite global de aportación de 350.000 euros para toda la vida laboral), que las prestaciones reciban un tratamiento como renta del ahorro de los rendimientos generados por las aportaciones y la exención de plusvalías por venta de inmuebles hasta 240.000 euros, con aportación al plan de pensiones y cobro en forma de renta financiera a largo plazo.