Mejorar la educación financiera de los ciudadanos contribuiría a modificar la mala imagen que tiene el conjunto de la sociedad sobre los bancos y ayudaría a entender la contribución del sector financiero al desarrollo económico y social. Ésta es una de las conclusiones del estudio «En defensa de la banca y las finanzas» elaborado por el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, quien lamenta que a la banca y al resto de intermediarios financieros se les suele echar la culpa de las crisis económicas y se les niega cualquier mérito en las recuperaciones.
Y aunque es cierto, reconoce, que las recesiones más graves siempre van precedidas de periodos en los que la banca ha prestado «más de lo debido» acumulando un enorme volumen de deudas, que hace que las entidades tengan que recortar el crédito, nada de eso sería posible sin una política monetaria y fiscal «expansiva».
«El desdén por las actividades financieras y la hostilidad abierta o encubierta a quienes las practican están firmemente arraigados en la naturaleza instintiva del ser humano», explica este experto, que atribuye esta actitud a «la doctrina social de muchas religiones» y a los «sistemas filosóficos e idearios políticos que no aplican la razón al estudio del fenómeno económico».
También critica el papel de los políticos «populistas», que «inflaman» la animosidad de la gente y critican el rescate de «bancos y banqueros», cuando en realidad a quienes se rescata es a los depositantes de la entidad en cuestión, al tiempo que se evitan los contagios al resto del sector.
En el documento, Feito asegura que «únicamente recurriendo a la razón, informada por el conocimiento económico», se pueden vencer lo que califica de «sesgos» y «entender cabalmente la contribución de la banca y las finanzas al bienestar de nuestras sociedades».
Asimismo, el autor hace un repaso por lo que califica de «sinsentido» de las medidas «populistas» que se han propuesto recientemente contra la banca, como la del PSOE, que abogaba por poner un impuesto a las entidades financieras con el que se podría financiar «cualquier aumento del gasto público», como por ejemplo el incremento de las pensiones. Los políticos artífices de esta idea, dice el artículo, «o bien adolecen de una peligrosa falta de cultura financiera o bien pretenden ganarse irresponsablemente el apoyo de la opinión pública».
Y es que «los beneficios de los bancos en proporción al capital invertido en ellos» son similares a los de las empresas de otros sectores de actividad, quizá «algo superiores cuando los tipos de interés son anormalmente altos e inferiores cuando son anormalmente bajos».
Además, argumenta, la subida de este impuesto no recaería tanto en los «banqueros» como en los principales accionistas de estas entidades, que son los partícipes de fondos de pensiones y fondos de inversión, y también en los pequeños accionistas, cuyas rentas medias están «muy alejadas» de las de los «ricos» que supuestamente pretende gravar este impuesto.
El mismo efecto adverso tendría la implantación de un impuesto a las transacciones financieras, ya que al final se traduciría en un impuesto «sobre los balances bancarios, sobre el volumen de créditos o el de depósitos» y sólo conseguiría «erosionar el mecanismo de intermediación financiera y penalizar las rentas de los prestatarios y depositantes», concluye.
