La falta de oficio y de formación además de no pedir asesoramiento de especialistas, es la causa principal de los errores que comete el mundo de la judicatura y la abogacía cuando aborda casos sobre finanzas, según el profesor del IESE Pablo Fernández, durante la primera edición de los Encuentros Degussa.
Con un lenguaje muy claro e ilustrando sus explicaciones con ejemplos concretos que se ha encontrado durante su participación en más de 150 juicios y arbitrajes, en consejos de administración y en adquisiciones, Fernández señaló que esa falta de oficio se aprecia ya en la propia legislación. «Quienes elaboran las leyes, principalmente abogados del Estado y letrados en Cortes, muchas veces no diferencian entre contabilidad, finanzas y economía financiera. Aunque también conozco a abogados del Estado muy sensatos, que no cometen esos errores”, puntualizó. Además, en este ámbito, según el profesor Fernández, “se confunden mucho hechos y opiniones”.
En este sentido, este experto considera muy importante a la hora de hacer valoraciones de empresas diferenciar entre contabilidad y finanzas, “pues son muy distintas”. “Se interpreta la contabilidad con algo que tiene que ver con el valor de las empresas o con el dinero que generan y el beneficio con el dinero que entra menos el dinero que sale, que es el error más típico”, explicó. “Las finanzas tienen más que ver con un oficio y se basan en la sensatez, experiencia y algunos conocimientos técnicos”, apuntó.
En su opinión, las finanzas se basan en conceptos sencillos que se resumen en “dinero que entra, dinero que sale, riesgo del dinero que se espera recibir…”, que se complican con sinónimos, palabras que no tienen nada que ver con lo que designan y términos confusos, “sobre todo si oyes radio, lees confidenciales, informes de expertos, recibes alertas sobre el tema o visitas varias webs especializadas…”.
Para ilustrar su análisis aludió también a casos concretos, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo de las hipotecas, desgranando todas las incongruencias que considera que contiene. “¿Cómo puede ser abusivo algo que entienden perfectamente las partes de un contrato en el momento de la firma?”, dijo, poniendo en evidencia al Alto Tribunal. Así, apuntó que las consecuencias de sentencias como ésta “aumentan la inseguridad jurídica de empresas y particulares, disminuyen el atractivo de invertir en España y, además, crean jurisprudencia”.
Para evitar fallos como el del ejemplo, recomendó que los jueces “consulten a personas que sí saben del tema y que normalmente no son los que se consideran muchas veces como expertos”. También recomendó cursos obligatorios para los jueces de lo mercantil sobre empresa, economía, contabilidad, finanzas, clasificación, funcionamiento y uso de los instrumentos financieros, además de la creación de una sección con Magistrados de lo Mercantil en el Tribunal Supremo.
Respecto a la polémica sentencia del Tribunal Supremo que atribuye a los compradores el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y sobre el anuncio del presidente del Gobierno de que se cambiará la ley para que ese tributo lo paguen los bancos, Fernández señaló que “es como decir que los ciudadanos no van a pagar el agua y que la pagarán las comunidades de vecinos”.