La deuda pública o soberana es el conjunto de deudas que tiene el sector público (el Estado Central, las CCAA y las administraciones locales) con el sector privado (personas, empresas o instituciones). La deuda pública, refleja el déficit de un estado acumulado hasta un cierto momento, es decir, la cantidad total de dinero que el Estado ha pedido prestado.
La deuda pública se materializa en títulos, como las Letras del Tesoro o los Bonos y Obligaciones del Estado y constituye una importante fuente de financiación para los países.
El déficit público es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos durante un año presupuestario. Si el saldo es negativo significa que hay un déficit, si, por el contrario, es positivo, hay superávit.
El déficit aparece cuando el Estado tiene más gastos (por ejemplo, en pensiones, subsidios de desempleo, sanidad) que ingresos, obtenidos, en su mayoría, a través de impuestos. El déficit es una variable anual, mientras que la deuda pública es una variable acumulada, que va aumentando o disminuyendo año tras año, según ese año se sume déficit o superávit.
La deuda y el déficit público se expresan como porcentajes del PIB. En España, el déficit público sobre el PIB en 2019 fue del 2,8%, según datos del INE. La deuda pública sobre el PIB ascendió al 95,5% del PIB. La deuda pública es mucho mayor que el déficit porque recoge toda la deuda acumulada que deben los organismos públicos, es una variable “stock”, mientras el déficit solo se refiere a un año, es una variable “flujo”.
Uno de los criterios de convergencia que exige en la Unión Europea para pertenecer al euro es tener “Unas finanzas públicas sólidas y sostenibles”. Según este criterio, el déficit público no puede ser superior al 3% del PIB y la deuda pública no puede ser superior al 60% del PIB, aunque en la práctica son muy pocos los países de la Unión Monetaria que cumplen ambos criterios.