Muchos conocen ya mi postura respecto del Registro de Beneficiarios Finales de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), y en esta ocasión quiero explicar las razones de mi contundente rechazo a tan dañina “sugerencia”.

Existen, por lo menos, cuatro argumentos de peso que nos permiten justificar nuestra posición con la tranquilidad de quien está del lado correcto de la historia, contra ninguno de la posición contraria.

Privacidad

Cuando el Impuesto a la Renta o Impuesto a las Ganancias surgió, con el principal objetivo de solventar gastos extraordinarios (ejemplo: guerras), sus principales detractores no argumentaban lo que todos pueden suponer (por qué tenían que pagar los individuos las crisis que no habían originado o quién se cree que es el Estado para meterse en el bolsillo de los ciudadanos) sino lo que muchos de nosotros aún entendemos y defendemos como algo fundamental en estos tiempos: el derecho a la privacidad.

Los pagadores de impuestos de mediados del siglo XIX entendían que el Estado no tenía derecho alguno a saber cuánto dinero ganaban. Ya pagaban impuestos al consumo, y los pagaban no podría decirse que a gusto, pero sí entendiendo que eran razonables y que servían para el beneficio común. Pero no estaban dispuestos a que el Estado se metiera en su vida privada: consideraban que se trataba de una intromisión injustificada.

El Impuesto a las Ganancias fue mutando de una guerra a otra e incluso sin conflictos bélicos los países con gobiernos ineficientes decidieron cobrar este impuesto más allá de la inexistencia de circunstancias extraordinarios que lo justificaran. Y cada vez más países comenzaron a adoptarlo.

Como resultado de ello, los individuos comenzaron a buscar la manera de evitar esos impuestos legalmente, en muchos casos utilizando estructuras en jurisdicciones que seguían considerando este tipo de impuesto como expropiatorio, y también comenzaron a armar estructuras jurídicas tendientes a proteger su privacidad. No hay nada reprochable en ninguna de las dos conductas y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) – junto con tras jurisdicciones a las cuales se les quiere dejar un negocio servido en bandeja – ha jugado un rol preponderante en esta industria, permitiendo mejor que ninguna otra que estos individuos logren sus objetivos de planificación patrimonial.

Antes de continuar, hay que dejar en claro que las jurisdicciones offshore no se crearon para captar inversiones de residentes fiscales de otros países; sino que fueron esos otros países quienes ahuyentaron a sus propios residentes fiscales cuando crearon impuestos exorbitantes sobre sus ganancias (primero) y sobre sus activos (luego), llevando la presión fiscal a límites insostenibles. Y la intromisión en las libertades individuales a niveles demasiado elevados para quienes creen que la libertad es un derecho inalienable.

Una última reflexión sobre este punto, más de carácter técnico-jurídico que histórico, cuando dos derechos individuales se oponen el conflicto se resuelve determinando qué derecho tiene mayor jerarquía. Cuando el “conflicto” se da entre un derecho fundamental de los seres humanos y un mero interés de los Estados, no hay discusión posible.

Integridad física

Si en el mundo entero existiera la seguridad jurídica y la seguridad personal que existen en los Estados Unidos o en Europa, esta sección no tendría razón de ser. Pero no solo ese no es el caso, sino que la inmensa mayoría de usuarios de BVI residen en países inseguros, la mayor parte de ellos ubicados en América Latina, Asia y África.

Estos individuos requieren de la privacidad sobre la que veíamos hablando por otros motivos. En efecto, se trata de personas que viven en países en los que la necesidad de la protección patrimonial no tiene que ver con el deseo de pagar menos impuestos, ni con el derecho a la privacidad como derecho en sí (que, de todos modos, sería entendible), sino para proteger su integridad física. Los países de América Latina, por ejemplo, tienen niveles altísimos de delincuencia, que incluye secuestros extorsivos a ciudadanos de alto poder adquisitivo, robos, torturas y asesinados. ¿Para qué sirve, entonces, la privacidad? Para proteger activos, sí, pero también para proteger la vida.

42 de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2020 están ubicadas en América Latina (mayormente en México y en Brasil). De las restantes 8, se destacan Durban y Mandela Bay en Sudáfrica y Kingston en Jamaica. Solo dos de estas 50 ciudades están en países desarrollados (St. Louis y Baltimore, ambas en Estados Unidos).

Por el lado de los países con mayor cantidad de secuestros extorsivos, Brasil encabeza la lista de con 54,91% de los ataques consignados, seguido por México con 23,40% y Colombia con 5%. A nivel mundial, los países más afectados son Turquía con 7,93%, Vietnam 7,52% e India 7,06%.

Y no se trata de estadísticas novedosas, sino consistentes a través del tiempo. Si moramos un informe de Verisk Maplecroft que publicó la BBC en 2016, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que 6 países de América Latina se encontraban entre los 13 con peores índices de criminalidad en el mundo. Nos referimos a Guatemala, por entonces segundo luego de Afganistán, El Salvador, Colombia, Venezuela, México y Honduras. ¿Cuales eran los otros 6? Irak, Siria, Somalia, Pakistán, Libia y Nigeria.

Esta investigación, que cubrió 198 países, determino también lo siguiente:

• que América Latina era por entonces la región con mayor índice de criminalidad en el mundo;
• que ello se debía, en gran medida, al dominio que ejercían las organizaciones de trafico ilegal de armas, a la extorsión y a los robos; y
• en México, Guatemala y toda Centroamérica, que fue calificada como una región de riesgo extremo, la criminalidad le ha costado unos US$200.000 millones.

Pero volvamos a BVI.

Ya existe una solución en BVI

En BVI existe un sistema que permite a las autoridades conocer la identidad de los accionistas y dueños de las sociedades allí constituidas en cuestión de horas, el famoso BOSS, copiado e implementado por muchas jurisdicciones que compiten con BVI.

Nosotros no negamos que en ciertas circunstancias esta información debe ser entregada a las autoridades, a diferencia de quienes critican nuestra postura, nosotros nos podemos en los zapatos de quienes sostienen – equívocamente – la postura contraria a la nuestra y les decimos que tienen razón en sus objetivos, pero no en su argumentación ni mucho menos en sus propuestas.

En otras palabras, los intereses que quieren proteger ya están adecuadamente protegidos.

Argumentos económicos

Si algún día el mundo adopta finalmente este criterio, la industria offshore será finalmente destruida. En la batalla entre paraísos fiscales e infiernos tributarios, el triunfo será para estos últimos que, aglutinados en la OCDE y el G-20, nos vienen atacando desde 1999 sin cesar.

Realmente sería una pena para BVI, para el resto de las jurisdicciones offshore y para los individuos que las utilizan con fines 100% lícitos.

¿Pero por qué adelantarnos y entregar el negocio servido en bandeja a otras jurisdicciones cuando la existencia de registros públicos de UBOs no es ni remotamente el standard mundial hoy en día?

Sería de las decisiones políticas más tontas que la jurisdicción podría tomar.

Medios y fines

Nuevamente, está claro que los Estados tienen un interés legítimo en conocer la situación patrimonial de sus contribuyentes, pero como digo siempre: a veces el remedio es peor que la enfermedad. Como ejemplo voy a utilizar una situación preocupante no solo en América Latina sino en muchos países del mundo e inclusive en BVI: la violencia doméstica.

Imaginemos un país en el que esa violencia tiene índices altísimos y una de las propuestas, para resolver esa situación de una vez y para siempre, es obligar a que todas las casas se construyan 100% en vidrio transparente.

Hay cierta lógica en ese pensamiento: si hacemos las casas de vidrio, todos pueden ver lo que pasa dentro de todas las casas y entonces las posibilidades de violencia van a disminuir. Y, en caso de que no disminuyan, es fácil ver y encontrar a los agresores.

Ahora bien: ¿a qué costo estamos solucionado el tema? ¿habrá valido la pena cuando además existen otros mecanismos menos invasivos que nos permiten llegar al mismo resultado?

Martín Litwak es un abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión Es el fundador de Untitled (anteriormente conocida como “Litwak & Partners”), un estudio de abogados boutique y el primer Legal Family Office de América, y actualmente se desempeña como CEO de la firma. Litwak también se desarrolla como CEO de Smart Structuring, una plataforma de Blockchain que permite almacenar y administrar trusts.