Ser asesor financiero conlleva unos gastos y, debido a las nuevas exigencias de la regulación, cambiantes a lo largo del tiempo, la actividad es cada vez más costosa. “MiFID I elevó el asesoramiento a servicio regulado pero se ha pasado de una falta de regulación a una sobrerregulación con MiFID II”, explicó Natalia López-Condado, responsable del Departamento de Asset Management & Private Banking de Clifford Chance, en el marco del foro de asesores financieros “2014: Ahorro a largo plazo y reforma fiscal”, organizado hace unas semanas por Inversión y EFPA España.

Actualmente, los asesores tienen cinco obligaciones: han de realizar el test de idoneidad a los clientes; han de dar constancia de sus recomendaciones por escrito o de forma fehaciente; han de presentar por escrito o en otro soporte duradero una justificación de cómo se adaptan sus recomendaciones a las características del inversor y por qué son coherentes –una exigencia que impondrá MiFID II en 2016 pero que España adelantó en 2012 mediante una modificación de la Ley del Mercado de Valores-; han de acreditar la entrega de dicho documento al cliente (desde 2013 a través de su firma manuscrita o también se está aceptando la constancia de su envío por otros medios electrónicos, como el mail); y han de llevar un registro de las recomendaciones. Este último requisito fue impuesto en 2009: los asesores han de identificar al cliente minorista, la recomendación dada, los instrumentos financieros recomendados y la fecha de la misma, independientemente de que el cliente lleve a cabo o no esa recomendación.

Esas obligaciones se ampliarán con la llegada de MiFID II, aprobada en el último pleno del Parlamento Europeo, que ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea y que entrará en vigor 20 días después, previsiblemente en junio de 2014. A partir de ese momento se abre el periodo de trasposición de dos años para que los estados miembros adapten su normativa (en el caso de España la Ley del Mercado de Valores y otras circulares), de forma que estará implantada en junio de 2016.

Para entonces, los asesores tendrán obligaciones adicionales: deberán informar al cliente antes de prestarle el servicio de si el asesoramiento es independiente o no lo es, una disyuntiva que muchos creen peligrosa porque no da pie a las medias tintas. En segundo término, han de ofrecer una información sobre la base del asesoramiento, indicando el tipo de instrumentos financieros utilizados y si éstos son únicamente de la entidad o de su grupo o de otros con los que el grupo tiene relación, o si son de terceras entidades. Además, el asesor deberá informar al cliente sobre si realizará valoraciones periódicas sobre la idoneidad de los instrumentos, es decir, si el asesoramiento será continuo o no. También deberá informar sobre el riesgo de los instrumentos financieros y por último, sobre los costes y las comisiones aplicables tanto al servicio prestado de asesoramiento como al coste de los productos financieros.

Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, recordó en el evento que la normativa es para toda la industria de asesoramiento, no solo para las EAFI. «Hay un desenfoque al pensar que la normativa solo es para los asesores independientes y no para las entidades bancarias. Todos nos veremos afectados», aseguró.

¿Independencia o no independencia?

La cuestión clave de MiFID II está en la diferenciación de los asesores, que tendrán que llevar la etiqueta de independiente o no independiente y que se decide en función de los productos que asesoren y de su modelo de cobro, algo criticado por Gloria Hernández, socia responsable de Regulación para el Sector Financiero de Deloitte. “¿Qué es la independencia? Puede ser muchas cosas pero MiFID II la vincula al cobro de incentivos, algo que no tiene por qué perjudicarla, porque se pueden gestionar los conflictos de interés”, dice. En su opinión, esto encorsetará mucho al sector. Satrústegui coincide en que ser tan radicales con el concepto de independencia puede ser peligroso y cree que «hay distintos grados» y que ver este concepto como algo deseable a alcanzar permitirá llegar a acuerdos más fácilmente. Sin embargo, para otros ponentes, como Félix González, socio director general de Capitalia Familiar EAFI, no hay grados: «O eres independiente o no lo eres, no se puede ser a medias», explica, y defiende su modelo de negocio, consistente en cobrar únicamente del cliente, sin incentivos, y dejando que sean éstos los que elijan la entidad financiera con la que quieren trabajar.

En todo caso, los asesores que se declaren independientes estarán obligados a valorar un número suficientemente amplio y diversificado de productos, y también un número amplio por tipo de emisor y por pertenencia o no al grupo de la entidad que presta el asesoramiento. “MiFID II está pidiendo que las valoraciones de productos no se limiten a las de un grupo o entidad”, explica Natalia, aunque será cada país el que concrete esas directrices de la normativa europea.

De hecho, las expertas señalan que si bien antes MiFID era una norma de máximos y los estados no regulaban por encima de ella, ahora es una norma de mínimos y, en España, el supervisor tiene poder para hacer una interpretación más estricta y prohibir completamente las retrocesiones en todos los casos, por ejemplo, como ocurre en Reino Unido.

Prohibición de retrocesiones

En general, MiFID II prohíbe las retrocesiones para los asesores independientes excepto en un caso: si percibe beneficios no monetarios que llama “minors” (menores) y siempre que aumenten la calidad del servicio prestado y sean de tal naturaleza que no pongan en peligro la obligación del asesor de actuar en interés del cliente y siempre que se informe de ello al mismo.

En el caso de los asesores no independientes o dependientes, sí tienen libertad para recibir incentivos pero han de comunicar esos incentivos y los mecanismos por los que se obtienen, y siempre demostrando que se aumenta la calidad del servicio prestado, que el producto está a tono con las características del cliente y que su obtención no presenta ningún conflicto y que se actúa en el mejor interés del inversor.

En todo caso, las expertas explican que, al igual que en Reino Unido hay un modelo mixto (entidades que dan un servicio independiente normalmente a grandes clientes y un servicio no independiente a clientes de menores patrimonios), también podría plantearse en España, algo que la CNMV está estudiando, si bien hay entidades, como las pequeñas EAFIs, en las que sería muy difícil esta posibilidad.