El sistema de pensiones es un tema de debate en la mayoría de los países desarrollados. Según un estudio realizado por el Instituto Aviva, que analiza y comparada más de una veintena de países, tan solo tres de ellos –Australia, Singapur y Suecia- han iniciado reformas sustanciales y a largo plazo para enfrentar las nuevas contingencias que aparecen en la sociedad, como la dependencia o el descenso de la natalidad.

Según Ignacio  Izquierdo, CEO de Aviva España, “las pensiones están a debate en todos los países del mundo ya que casi todos los sistemas siguen practicando modalidades de protección más ancladas en la historia que en una mirada hacia el futuro. Este informe permite discernir, por primera vez, sobre la base de la amplia comparativa, los retos que todos los países y modelos afrontan en materia de longevidad y demografía, y la adaptación de sus sistemas de pensiones públicos y privados a esta realidad. Esto pone de relieve que las reformas en curso sumadas a las innovaciones radicales llevarán a todos los países a un punto en común: una transición en materia de pensiones en la que se estrecharán las diferencias”.

El estudio de Aviva, titulado Pensiones en transición, analiza el sistema de pensiones de Australia, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, España, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Holanda, Brasil, Marruecos, Méjico, China, Japón y Singapur. Además, los agrupa en 6 modelos de pensiones representativos: anglosajón, Europa Central, Europa del Sur, países nórdicos, emergentes y Asia.

Estos diferentes modelos dejan ver, según las conclusiones del estudio, que conviven pensiones básicas con pensiones profesionales, además de darse una combinación entre pensiones de naturaleza privada y pública, así como obligatorias o voluntarias. “En general, se observa una tendencia en varios países hacia una lenta aproximación desde el modelo de reparto a la capitalización”, apunta el informe.

En particular, llama la atención el sistema de Singapur, que cuenta con un modelo único en el que el trabajador y la empresa realizan aportaciones a distintos fondos públicos obligatorios para pensiones, vivienda, sanidad y educación. Estos saldos se pueden reordenar con el tiempo a un único fondo exclusivo para la jubilación.

Contingencias del siglo XXI

En principio, la “tríada protectora”, tal y como la denomina el informe,  compuesta por las pensiones de jubilación, supervivencia e incapacidad se ha universalizado, pero ya aparece acompañada, desde hace lustros, de la nueva gran contingencia del siglo XXI: la dependencia. Este es sin duda el gran tema a abordar por los gobiernos, que no han acabado de desplegarlo en muchos países e incluso en algunos, como es el caso de China, no se cubre. “Las pensiones de supervivencia muestran una tendencia hacia pagos únicos, rentas temporales o, incluso, la desaparición”, se concluye.

Otra de las grandes contingencias a las que se enfrentan los sistemas de pensiones es la “segunda transición demográfica” que estamos atravesando y en la que se observa en dos tendencias. Por un lado, el descenso acusado de la tasa de fecundidad hasta por debajo de los niveles de reemplazo generacional en todos los países analizados y, por otro, el incremento de la longevidad y la esperanza de vida.

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Sin perder de vista estos retos, aparecen dos elementos clave que están a debate: la edad de jubilación y la retribución. Respecto a lo primero, según muestra el informe, existe cierto consenso en los países y la mayoría de países han iniciado reformas que avanzan hacia los 67 años pasado 2020, aunque en los países emergentes la edad de jubilación es menor debido también a su menor esperanza de vida.

En cambio, donde no existe tanto consenso es sobre las tasas de sustitución de las pensiones, que varían enormemente por países y por modelos. “La combinación de pensiones públicas y privadas puede generar pensiones tan suficientes (80%) como los modelos basados exclusivamente en las pensiones públicas, pero sin el riesgo de sostenibilidad financiera. Para hacer el cómputo de la pensión de jubilación, la mayoría de países tiene en cuenta toda la carrera laboral. Solo sies países, entre ellos España, computan un periodo menor”, señala el informe.

Sostenibilidad y reformas

Lo que detecta este estudio es que todos los esquemas de pensiones tienen problemas, ya sean de sostenibilidad, de suficiencia o cobertura. Sin embargo, la mayoría de países incorpora reformas con lentitud y cortoplacistas. Destaca que las adaptaciones realizadas en los últimos años para mantener la sostenibilidad financiera se han orientado a alargar la edad de jubilación, ajustar las cuantías de las prestaciones y compatibilizar los ingresos laborales y la pensión de jubilación. “Solo Australia, Singapur y Suecia han iniciado reformas de verdadero calado y con vistas al largo plazo”, alerta.

En buena medida, la financiación de los sistemas se realiza por la vía de las cotizaciones, aportaciones a planes de pensiones o primas de seguro, en muchos casos obligatorias y vinculadas a la actividad laboral. Según explica el estudio, en algunos países, especialmente los emergentes, los propios sistemas públicos de reparto han adoptado las cuentas individuales nacionales de contribución definida, que les dotan de un mecanismo muy eficaz de sostenibilidad, asimilándolos a los sistemas de capitalización privados”.

Por ejemplo, países como Polonia, Italia, Suecia y China cuentan con un sistema de contribución definida nocional, mientras que el modelo nórdico es el que realiza el mayor gasto en pensiones, el 17,1% del PIB sumando la parte pública y privada. Otros como Australia presenta una situación especial: las pensiones se financian con impuestos generales por lo que no se tienen en cuenta los años trabajados ni cotización alguna.

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En palabras de José Antonio Herce, coordinador del estudio y miembro del Foro de Expertos del Instituto Aviva, “la Seguridad Social originaria, tal y como fue creada hace más de 100 años, ha quedado desdibujada por lo que se hace indispensable adaptar los esquemas de pensiones a los retos que nos plantea la demografía. Sin embargo, la verdadera innovación en materia de pensiones se da solo en un pequeño grupo de países de los que podemos aprender, como por ejemplo, las cuentas nocionales de contribución definida, las pensiones básicas, incluso universales ligadas a la residencia o la ciudadanía, o los fondos de ahorro obligatorio a largo plazo cuyo propósito va cambiando con la edad”.

Para Izquierdo, “la sustancia de este estudio es que las reformas en curso y las innovaciones radicales llevarán a todos los países a una transición en materia de pensiones en la que se estrecharán las diferencias que hoy se dan entre los distintos países y modelos. No tanto hacia una equiparación al alza o a la baja de los estándares existentes, sino a una nueva lógica protectora, sostenible, suficiente y eficiente a la que tantos países avanzados y emergentes contribuirán a dar forma”.

Cuando los problemas son comunes, las soluciones no deberían ser divergentes. Pero a efectos, cada país es diferente, por lo que debería distinguirse entre países avanzados y países emergentes. En el caso de los primeros, con niveles de protección altos, la sostenibilidad se ve más comprometida cuanto mayor es el componente de reparto. En el caso de los segundos, donde se dan contrastes de protección y hay déficit de cobertura en amplias capas de la población, se suelen adoptar soluciones de la mano de entidades privadas.