Este mes se cumple un año desde que estallaron en Chile, simultáneamente, un escándalo financiero, protagonizado por facturas falsas, la corredora STF Capital y el factoring Factop; y un caso de corrupción de peso, el llamado Caso Audios, que gira en torno al entramado en torno al abogado Luis Hermosilla. Y las repercusiones siguen plenamente vigentes en la plaza santiaguina. Uno de estos ecos involucra a LarrainVial Activos AGF –gestora especializada en activos alternativos que es parte del grupo financiero LarrainVial–, que se vio salpicada por un fondo que crearon a fines de 2022, llamado Capital Estructurado I. La situación de este vehículo le trajo a la gestora cargos formulados por el regulador local, además de una querella por administración desleal.

Actualmente, la firma se encuentra en medio de un proceso sancionatorio de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entidad que formuló cargos en contra de LarrainVial Activos AGF, sus directores – Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Olivera y Andrés Bulnes– y su gerente general, Claudio Yañez.

Además, se formularon cargos contra STF Capital Corredores de Bolsa –que ya había sido multada el año pasado por la entidad reguladora– y su gerente general, Luis Flores, y contra Álvaro Jalaff Sanz, Antonio Jalaff Sanz y Cristián Menichetti Pilasi.

Los antecedentes y el oficio de los cargos se mantienen bajo carácter reservado, pero según informaron en su momento, la CMF puso en duda algunos aspectos de cómo se manejó y estructuró el vehículo de inversión. Así, los cargos están relacionados con la estructuración, comercialización y valorización de Capital Estructurado I.

Este instrumento se creó con el objetivo de pagar las deudas de Antonio Jalaff y convertirlas en una participación indirecta en el reconocido holding inmobiliario Grupo Patio.

El vehículo, formulado a finales de 2022 y con inicio de operaciones en enero de 2023, estaba destinado a financiar las deudas que Jalaff tenía a través de la sociedad Inversiones San Antonio, que sumaba alrededor de 25.000 millones de pesos (unos 26 millones de dólares. A cambio, el vehículo adquirir una participación indirecta en Grupo Patio SpA, equivalente a un 3,87% de la firma.

Dilemas en distintos frentes

Para este vehículo, se crearon cuotas serie A, para los acreedores de San Antonio –en efecto, intercambiando sus acreencias por la posibilidad de ser accionistas indirectos de Patio–, y serie B, para otras personas, no acreedores, que dieron a manos de STF Capital, a título propio y a nombre de clientes.

Esto derivó en una serie de denuncias contra la gestora y contra la corredora, acusando que la estructuración del fondo pudo realizarse en desmedro de sus clientes finales.

El objetivo del fondo, según lo delinea la gestora que lo administra, es “invertir, directa o indirectamente, en títulos representativos (i) de capital de la sociedad Inversiones Santa Teresita SpA y del Fondo de Inversión Privado 180 o (ii) de deuda o de capital de sociedades o fondos que mantengan una participación directa o indirecta en los vehículos”.

Además de la mirada del regulador, esta situación le trajo una querella contra la gestora especializada, impulsada por 23 aportantes del vehículo por supuesta administración desleal. Los inversionistas acusan a la gestora de conocer la delicada situación económica de Jalaf al comercializar el vehículo. Este proceso sigue en desarrollo.

El asunto también llamó la atención de la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), que incluyó una mención al proceso sancionatorio contra LarrainVial Activos en su reporte de octubre. En él, señalaron que decidieron mantener la aprobación para que las AFP inviertan en otros tres vehículos de la firma –los fondos Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I y II y la estrategia LV–Patio Renta Inmobiliaria I– mientras se esclarece la situación.

Toda esta historia ha venido acompañada de una marcada caída en el valor cuota del vehículo. Al fin de noviembre del año pasado, la unidad cotizaba en 27.577,5 pesos (28,3 dólares), cayendo a 8.088,2 (8,3 dólares) pesos al cierre de diciembre, según consigna la página dela AGF. El último dato, de septiembre de 2024, ubicaba el valor cuota en 4.538,8 (4,7 dólares), sumando una caída de 83% respecto a las alturas que tenía hace 12 meses.

Cumplimiento de normas

Al ser consultados sobre el proceso sancionatorio y los cargos anunciados por la CMF, desde la administradora general de fondos manifiestan “tranquilidad frente al proceso”, recalcando los estándares que utilizan para la creación y gestión de sus vehículos.

“A lo largo de todos estos meses, hemos mostrado nuestra total disposición con el regulador, con la convicción de que hemos actuado cumpliendo los más altos estándares como administradora, siempre resguardando los intereses del fondo y sus aportantes. Durante el proceso que se inicia haremos valer todos nuestros argumentos de hecho y de derecho que demuestran el correcto proceder de la administradora”, indicaron desde la firma a Funds Society.

En esa línea, en la AGF aseguran que esperan que “durante este procedimiento que se inicia, podamos demostrar que siempre hemos actuado bajo los más altos estándares del mercado, bajo los cuales LarrainVial siempre opera”.

Con respecto a la querella que iniciaron aportantes del fondo Capital Estructurado I en contra de LarrainVial Activos, desde la compañía recalcaron que actuaron con transparencia y cumpliendo plenamente la regulación y estándares del mercado.

“Todos los inversionistas que suscribieron el fondo lo hicieron informados en detalle de cada una de las características, términos y condiciones de éste, de manera que pudieran evaluar adecuadamente el riesgo de su inversión, a través de documentos firmados por todas las partes. Así lo hemos hecho saber, con la debida información complementaria, a las entidades públicas pertinentes”, recalcó.

Con todo, desde la AGF agregaron que siguen evaluando “todas las acciones que correspondan” para resguardar el patrimonio del vehículo y sus aportantes. “Continuaremos colaborando con todos los antecedentes que se requieran para esclarecer el actuar conforme a derecho de esta Administradora”, subrayaron.

La arista de STF Capital

La otra firma financiera involucrada en este asunto, STF Capital Corredores de Bolsa, está en una posición más compleja.

En marzo del año pasado, la CMF suspendió sus operaciones por incumplimientos relacionado con información financiera y requisitos patrimoniales. Meses después, en agosto, el regulador sancionó a la firma con una multa de 13.500 UF (alrededor de 382.610 dólares) y la cancelación de sus registros, una variable fundamental para funcionar en el mercado financiero chileno.

Respecto al proceso ligado al fondo Capital Estructurado I –donde se les acusa de privilegiar sus acreencias y beneficiarse en desmedro de otros involucrados–, desde la corredora aseguran que actualmente están dedicados a preparar “todos los antecedentes que desvirtúen los cargos de los cuales fuimos imputados”. Desde la firma recalcaron a Funds Society que se trata de un proceso sancionatorio reservado, “por eso respetamos la reserva que tiene”.

A esto sumaron que tanto la corredora como Flores ejercerán su defensa sin abogados, “por encontrarse en una situación económica muy grave y deteriorada”.

Otro golpe reciente para la firma fue la ratificación de las multas en la Corte de Apelaciones, en octubre de este año. Además de la penalización contra la corredora, la CMF impuso una multa de 10.800 UF (unos 306.090 dólares) contra su gerente general, Luis Flores, y sanciones de 9.000 UF (255.070 dólares) cada uno a los empresarios Ariel y Daniel Sauer, dueños de la controversial compañía de factoring Factop.

Una corredora en aprietos

“Tanto STF Capital junto a su accionista minoritario Luis Flores, están agotando los recursos judiciales para demostrar que el proceso sancionatorio efectuado por la CMF el año 2023 está viciado y además no tuvimos un debido proceso por toda la información que ha salido desde el caso Audio”, señalaron desde STF Capital.

Desde la corredora recalcan que los dos accionistas minoritarios –Flores y Sebastián Somerville– están actuando de manera separada de los accionistas mayoritarios –Factop y los Sauer– desde marzo del año pasado. “Estos accionistas minoritarios han intentado ejercer todos los derechos y recursos que la ley nos entrega y lo que hoy estamos intentando es que en la Corte Suprema se consiga revertir la decisión de la CMF”, aseguran desde la firma.

En particular, un representante de STF Capital recalca en que Flores se sometió al proceso de delación compensada. “Lo que busca este procedimiento es que se exima de toda responsabilidad o que se aplique una multa ajustada a derecho. Esto claramente no ocurrió con respecto a STF Capital y Luis Flores, los cuales fueron multados muy por sobre Ariel y Daniel Sauer, lo que a todas luces, por los antecedentes que han salido a la luz, es absolutamente injusto”, señalaron a Funds Society.

Actualmente, han escalado el asunto hasta la Corte Suprema, donde buscan que se reconozca a la corredora y su CEO como “personas separadas de los delitos que se le imputan a los socios controladores de STF capital, los señores Ariel y Daniel Sauer”.

De todos modos, la situación es compleja y extensa. Cruzada con esta investigación en torno al fondo Capital Estructurado I, están los casos Factop –que el Ministerio Público está procesando como una presunta red de corrupción y estafa ligada a miles de facturas falsas– y la presunta participación de los hermanos Jalaff en un esquema de facturas falsas para financiarse.