La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado 18 de mayo un documento con sus respuestas a la consulta de la Comisión Europea para recabar las opiniones de las partes interesadas sobre los aspectos técnicos de MiFID II y MiFIR y la experiencia práctica en la implementación de estas normas. “Los comentarios de la CNMV reflejan su opinión respecto a determinados requerimientos de la normativa y no implican que el regulador vaya a aplicar estos criterios en su actividad de supervisión, pero son importantes, porque pueden terminar en posibles modificaciones de la normativa”, explican desde el despacho finReg360.
Entre esas opiniones, la CNMV apoya una prohibición total a las retrocesiones siempre que se aplique a todos los productos de inversión (no solo a los regulados por MiFID) y pide flexibilizar los requisitos de costes y gastos a clientes profesionales en servicios de intermediación (que podría extenderse al asesoramiento y la gestión discrecional de carteras), así como suavizar la evaluación de la idoneidad en los clientes profesionales. También pide reconsiderar el unbundling (separación de costes de análisis y ejecución) y establecer un régimen opcional para que las entidades que no lo apliquen informen a sus clientes del incremento de costes y lo justifiquen por el acceso a un mejor análisis. Y aboga por que los requisitos de gobernanza de productos solo se apliquen a instrumentos financieros complejos.
Fin de retrocesiones, con condiciones
Así, la CNMV muestra su apoyo a una prohibición total de incentivos en la distribución de instrumentos financieros dirigidos a clientes minoristas, en contraposición a la opinión de la industria de fondos, como mostraba recientemente Efama, la asociación del sector en Europa. Sin embargo, el supervisor considera que, para que esta prohibición sea efectiva, debe extenderse también a los productos de inversión basados en seguros (IBIP, por sus siglas en inglés), para evitar arbitrajes regulatorios entre productos financieros similares.
Eso sí, de mantenerse el régimen actual de incentivos de MiFID II, la CNMV no está a favor de requisitos adicionales a las entidades, que solo supondrían una mayor carga administrativa y operacional sin ningún beneficio significativo para los clientes. Por el contrario, aboga por reforzar y hacer más efectivos los actuales requisitos para el cobro de incentivos, como se ha hecho ya en España.
Para ello, propone fijar en la UE una lista tasada de supuestos para justificar un aumento en la calidad del servicio y considerar como incentivo las prácticas de “integración vertical” que permiten soslayar los requerimientos de incentivos entre entidades del mismo grupo. Por último, solicita a la Comisión excluir expresamente del régimen de incentivos las comisiones por los servicios de aseguramiento y colocación.
Flexibilidad para los clientes profesionales
Según analizan desde finReg 360, otro de los aspectos propuestos se basa en el perfil del cliente: la CNMV no considera necesaria una nueva categoría de clientes «semiprofesionales», como proponía la Comisión y esta vez en línea con la opinión de la industria de fondos europea. Esta nueva categoría complicaría el sistema actual de clasificación de clientes, que, además, ya permite tratar a determinados minoristas más experimentados como clientes profesionales, explica.
Sin embargo, la CNMV está a favor de flexibilizar los requisitos de información sobre costes y gastos a todo tipo de clientes profesionales. En particular, sugiere establecer un régimen total de exclusión para los servicios de intermediación, que pueda extenderse también al asesoramiento, y la gestión discrecional de carteras manteniendo el reporte anual de costes y gastos.
También pide flexibilidad a la hora de evaluar la idoneidad en los clientes profesionales: según explican en finReg 360, la CNMV considera que los clientes profesionales deberían poder suscribir con las entidades una declaración respecto a su política de inversión, para no tener que evaluar la idoneidad del cliente en cada operación.
Reconsiderar el unbundling
Respecto a la consideración del análisis financiero como incentivo y la obligación de unbundling (separación de los costes de ejecución y de análisis), la CNMV solicita a la Comisión reconsiderar todo régimen de MiFID II. Los requisitos de la normativa sobre este punto, si bien han supuesto una reducción de los costes aplicables, han limitado la cantidad y calidad del análisis financiero disponible y han dejado sin cobertura a muchas empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, denuncia el supervisor. Sus consecuencias son contrarias a la Unión del Mercado de Capitales y dificultan el acceso a la financiación de las empresas, explica la CNMV.
Una opinión que también compartía BME, que hoy inauguraba su 16º edición del Foro Medcap, y donde Javier Hernani, su consejero delegado, pedía la modificación de MiFID II para evitar que las pequeñas y medianas empresas sufran falta de cobertura por los analistas: «Uno de los efectos indeseados de la directiva europea MiFID II es que muchas de estas empresas sufren una baja o, en ocasiones, inexistente cobertura por parte de los analistas. Ahora mismo la Comisión Europea está realizando una revisión de la normativa. Desde BME haremos todo lo posible para que la norma se reforme en la dirección correcta, se eliminen los errores cometidos y se coordine con los objetivos de la Capital Markets Union, cuya puesta en marcha en la Unión Europea es ahora más necesaria que nunca. MiFID y CMU deben ir de la mano, no en direcciones opuestas».
Como alternativa, la CNMV sugiere establecer un régimen opcional, de forma que aquellas entidades que opten por no aplicar el unbundling informen a sus clientes del incremento de costes y lo justifiquen por el acceso a un mejor análisis.
En materia de protección al inversor, otras cuestiones que podrían modificarse son las relativas a la información ex ante (la CNMV pide que la entrega de información precontractual en el ámbito de la contratación telefónica pueda hacerse de forma inmediatamente posterior a la conclusión de la operación y además está de acuerdo con eliminar el papel como forma predeterminada de transmitir la información), la mejor ejecución (el reporte anual sobre la calidad de las ejecuciones debería simplificarse tanto para intermediarios como para centros de ejecución, demanda) o la gobernanza de productos (la CNMV considera que estos requisitos deberían aplicarse únicamente a instrumentos financieros complejos).
Servicios de inversión
En opinión del regulador, la revisión de la MiFID II debería limitar el arbitraje regulatorio que se da hoy entre distintas jurisdicciones de la UE y las posibles desventajas competitivas para el resto de países. Ejemplo de ello es la actividad de cruce de órdenes por cuenta de clientes. Mientras que en algunos estados miembros es considerada un servicio de inversión, en otros requiere una licencia específica para operar como centro de negociación (como sistema multilateral de negociación o sistema organizado de contratación).
Asimismo, deberían aclararse las consecuencias de la aplicación de la MiFID a las actividades no exentas —por ejemplo, la actividad de acceso directo al mercado y negociación de alta frecuencia (DEA y HFT)— para entidades de la UE, ya que la necesidad de licencia MIFID II para llevarlas a cabo podría suponer una desventaja para las entidades de la UE frente a otros países, pide el supervisor.
Cambios en los mercados
Sobre la estructura de mercados, la CNMV cree que el régimen actual plantea problemas de liquidez, formación de precios y competencia, y propone simplificar los requisitos de estructura de mercado y fomentar la negociación a través de centros de negociación.
Sobre el régimen de transparencia, cree que sus objetivos no se han alcanzado y propone una simplificación. También cree que la calidad de la información se ve afectada por el hecho de que no exista en la normativa una definición clara del término “operación” y defiende la necesidad de consolidar la información que se debe comunicar, no solo en lo que respecta a su contenido, sino también al formato y la presentación. También aboga por la simplificación de las obligaciones de negociación de derivados de materias primas.