CFA Institute, la Asociación Global de Profesionales de la Inversión, ha publicado un nuevo estudio, Finanzas Sostenibles y su Integración en el Análisis de Inversiones, realizado entre los profesionales de la inversión de la Unión Europea (UE). El estudio evalúa la actitud de estos profesionales a propósito de qué obligaciones deberían observar para integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Los resultados del estudio indican lo que piensan los inversores europeos a la hora de considerar los «factores ASG” en general, y si el regulador debería imponer la obligatoriedad de los mismos.
Svi Rosov, director de Política de Mercados de Capital de CFA Institute y autor del estudio, afirmó: «Los resultados nos indican que la mayoría de profesionales de la inversión en la Unión Europea están utilizando ya los factores ASG en el proceso de análisis de inversiones, para garantizar que todos los potenciales impactos materiales de la inversión sean tenidos en cuenta”. Entre los miembros europeos de CFA Institute, la consideración de los factores ASG en el análisis de inversiones ha venido siendo utilizado para los aspectos de gobernabilidad. Ahora, incorporan ya de forma sistemática los riesgos ambientales y sociales de los productos y comportamientos de una empresa como parte del análisis fundamental». Los factores ASG se están integrando ya en el protocolo de los analistas para evaluar sus inversiones de cartera, sin embargo, existe una gran preocupación sobre si el regulador debe imponer legalmente los factores ASG o cualquier otro factor considerado por los profesionales de la inversión», agregó Rosov.
Los principales resultados del estudio fueron los siguientes: el 85% de los encuestados afirma que es apropiado que los inversores institucionales tomen en cuenta los factores ASG al tomar decisiones de inversión; sólo una minoría se mostró a favor de un reglamento que regule los factores ASG: en Luxemburgo fueron los más opuestos a la idea (78%), seguidos del Reino Unido (71%) y Alemania (69%). Por tipo de ocupación, los analistas de investigación lo rechazaban de forma tajante (89 %); la mayoría de los encuestados (60%) estimaron que cualquier mandato para considerar los factores ASG durante el análisis de la inversión no debería traducirse en la obligatoriedad para el gestor o cliente de tener una política de inversión integrando criterios ASG de sostenibilidad o que una minoría destacable (32%) afirmó que los gestores deberían invertir de manera consistente en base a las implicaciones de su evaluación y hallazgos de factores ASG.
El estudio también halló un escaso consenso sobre si la aplicación de los factores ASG debería integrarse formalmente al deber legal y fiduciario del gestor de inversiones: los profesionales de los Países Bajos fueron los únicos en opinar a favor (57%); mientras que en España dieron el menor apoyo (34%). Además, una gran mayoría (72%) se opone a un mandato legislativo que anularía lo que el cliente quiere e instruye al gestor de inversiones para que considere los factores de inversión relevantes: los encuestados en Luxemburgo estaban a favor de forma mayoritaria (89%), seguido por España (78%) y el Reino Unido (75%); solo un 17% de todos los encuestados lo consideraron aceptable en el caso de los factores ASG.
Finalmente, los encuestados se presentan muy divididos sobre si deberían existir directrices sobre qué factores ASG deben importar en el análisis de la inversión. Este hecho refleja la permanente preocupación sobre quién lo crearía y cómo se decidiría la relevancia de los factores ASG. Los resultados arrojan un escaso apoyo para que se establezca desde la UE la obligatoriedad de los factores ASG: el 35% está a favor de una regulación voluntaria y el 24% apoyaría la obligatoriedad.
Por Magdalena Martínez
Por Fórmate a Fondo