La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado en su web un documento de Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas FinTech sobre actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV.
El documento contiene los principales criterios que se han transmitido a través del Portal Fintech de la CNMV desde su puesta en marcha, a finales de 2016. El objetivo de la difusión de las respuestas y aclaraciones a las cuestiones planteadas es orientar, resolver dudas y facilitar las nuevas actividades.
Las cuestiones se clasifican en cinco categorías. Una primera de preguntas generales y otras cuatro centradas en Plataformas de Financiación Participativa (PFP), robo-advice (asesoramiento o gestión de carteras automatizada), “neo-banks”, criptomonedas e ICOs.
La iniciativa es una muestra de la atención que la CNMV está prestando a la innovación en el ámbito financiero, tanto desde una perspectiva de promoción como de protección del inversor.
Desde el Portal FinTech la Comisión presta asistencia a empresas innovadoras que desean operar a través de tecnologías digitales en el ámbito de los mercados de valores. Desde el comienzo de su actividad, el portal ha recibido más de 180 consultas.
Legales los fondos que invierten en criptomonedas
La CNMV considera que los fondos de inversión en criptodivisas están dentro de la Ley 22/2014.La inversión se podría realizar a través de una Entidad de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado (EICC) en la que, según el artículo 2.1 de la citada Ley 22/20 14, la política de desinversión de sus partícipes o socios debe cumplir con varios requisitos.
En concreto, esas desinversiones deberán producirse de forma simultánea para todos los inversores o partícipes, y cada inversor o participe percibirá una cantidad en función de los derechos que le correspondan.
Pese a esta confirmación, el supervisor español vuelve a recalcar que a pesar del «encaje teórico» la inversión de estos instrumentos (FICC y SICC) en criptomonedas plantea una serie de «problemas prácticos sobre cómo cumplir con la normativa». E insiste en que observa con preocupación el fenómeno del aumento de la inversión en monedas virtuales debido a los posibles riesgos que puede implicar para la protección del inversor, especialmente minorista, y para «la estabilidad e integridad de los mercados».