Según Philip Villaluz, responsable del análisis de crédito municipal en la gestora Schroders, el reciente impago de Puerto Rico no supone un mayor riesgo de contagio para el mercado municipal de bonos, pero marca el principio de un largo proceso para reparar la economía del país.
Puerto Rico incurrió en el impago de 900 millones de dólares en principal e intereses que vencieron el pasado 1 de julio, la mayoría era deuda de obligaciones generales y deuda garantizada por el Estado Libre Asociado.
A pesar de que haya sido un default histórico, es el primer estado o territorio asociado a Estados Unidos que incurre en impago desde que el estado de Arkansas lo hiciera en 1933, el mercado municipal de bonos lo ha tomado con calma. De hecho, los precios de los bonos puertorriqueños no se han alterado excepcionalmente (incrementando en un 3,4% desde la introducción de la legislación de la Cámara de Estados Unidos, disminuyendo un 2,8% tras el impago).
A pesar de que el default se anticipaba en el mercado desde hace algún tiempo y la prima de riesgo se había incorporado al precio, Schroders cree que este evento marca solo el principio de un largo proceso de reestructuración de la deuda y reparación de la economía de Puerto Rico.
Una situación de deterioro ha propiciado un cambio en la base de inversores
Puerto Rico arrastra una recesión desde 2006, los niveles actuales de desempleo son cercanos al 20%, cerca de un 50% de la población vive en la pobreza y cientos de miles de personas que disponen de medios han dejado la isla.
El fondo de pensiones del Estado Libre Asociado se sitúa en una tasa de cobertura de menos del 1%, con miles de jubilados que dependen de los pagos de pensiones para llegar a fin de mes.
Debido a una década de problemas económicos y fiscales, Puerto Rico acumuló una deuda de 70.000 millones de dólares, que fue comprada por los isleños y los inversores de bonos municipales de Estados Unidos que se benefician de la triple exención de impuestos (el ingreso está exento de ingresos federales, estatales y locales).
Debido a que a deuda de Puerto Rico tenía calificación especulativa en los últimos años, la mayoría de los fondos mutuos vendieron sus posiciones en bonos puertorriqueños, tan sólo 125 fondos mutuos siguen manteniendo estos bonos, y siete de ellos tienen más del 50% de la posición total, según reporta Morningstar. En la actualidad, los mayores inversores en deuda de Puerto Rico son hedge funds oportunistas
La decisión de romper la promesa
Con la liquidez prácticamente agotada, el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla anunció la intención del Estado Libre Asociado de incurrir en el impago de sus obligaciones. Padilla presionó con éxito a través de la legislación a principios del año para permitir que el gobierno pudiera decidir sobre los pagos de su deuda, en concreto sobre las obligaciones generales que tienen garantía, con el fin de preservar el efectivo. Puerto Rico en sí, al contrario que el resto de los estados de EE.UU., no dispone de autoridad para declarar bancarrota.
La actuación del Congreso
El 30 de junio, la legislación federal PROMESA fue aprobada, creando un consejo supervisor que consistía en siete oficiales designados, con el “control exclusivo” para promulgar y aplicar planes fiscales, mediante los cuales la isla alcanza la solvencia fiscal y el acceso a los mercados de capitales. El consejo tendría el control último sobre todas las cuestiones económicas y fiscales del gobierno, además de la autoridad para reestructurar sus deudas. También dispondría de autoridad para prevenir la ejecución de actos legislativos, decretos, reglamentos, normas y contratos que socaven las iniciativas de crecimiento económico o violen la ley, además de otros poderes.
Los siete miembros del consejo, nombrados por el presidente con recomendaciones de los líderes de la Cámara y el Senado, es probable que consistan en cuatro republicanos y tres demócratas con experiencia en el mercado municipal de bonos, finanzas u operaciones del gobierno que no hayan sido o sean candidatos para un cargo o funcionarios electos, entre otras restricciones.
Bajo la legislación federal PROMESA, cualquier reestructuración de la deuda debe respetar las prioridades relativas legales o los vínculos legales, como deben ser aplicables de acuerdo con la constitución, otras leyes, o acuerdos de un territorio cubierto o instrumentalidad cubierta en efecto antes de la fecha de promulgación de la Ley.
Para imponer un acuerdo de reestructuración en conjunto de acreedores (por ejemplo, tenedores de bonos de obligaciones generales o de COFINA, ect.), una votación de dos tercios de al menos el 50% del conjunto de acreedores es necesaria (basada en el monto de la deuda pendiente). Esto permitiría de una forma efectiva que un tercio de los tenedores de la deuda a obligar al resto del grupo. Sin embargo, si no hay acuerdo posible, el consejo de supervisión puede presentar entonces una petición al tribunal para obligar a una reestructuración involuntaria.
También establece una barrera entre los acreedores y las pensiones durante el desarrollo de una planificación fiscal. El consejo de supervisión será cesado cuando el gobierno de Puerto Rico: (i) tenga un acceso adecuado al mercado de corto y largo plazo a unas tasas razonables, (ii) tenga cuatro años consecutivos de presupuestos de acuerdo con las normas contables modificadas de devengo; y (iii) el presupuesto en equilibrio.
Ayuda para incurrir en impago
Según Schroders, la aprobación de PROMESA ha podido facilitar el impago de la deuda de obligaciones generales, al iniciar una instancia de litigios contra el Estado Libre Asociado hasta el 15 de febrero de 2017. Por lo tanto, PROMESA no excusa el impago, pero proporciona un respaldo a Puerto Rico.
Los tenedores de la deuda asegurada están protegidos
Los inversores que tienen posiciones en bonos asegurados de Puerto Rico recibirán el principal que les corresponde en su totalidad, con las pólizas de seguros complementando la caída en valor. Desde Schroders, siguen confiando en que las dos principales aseguradoras de bonos con la mayor concentración de asegurados en Puerto Rico, Assured Guaranty y MBIA (a través de la Hacienda Pública Nacional), continuarán realizando los pagos.
Esto no es el final
PROMESA es más el principio que el final del proceso que determinará el resultado para los acreedores. El proceso de reestructuración es polémico y consume una gran cantidad de tiempo. Además, fuerza a las cortes a emitir una opinión sobre la Constitución de Puerto Rico y la definición de recursos del gobierno a la hora de determinar la prioridad de prelación de créditos entre los diferentes tenedores de bonos (entre obligaciones generales y COFINA), a través de una estructura de deuda muy compleja. Los acreedores también pueden impugnar la constitucionalidad de PROMESA, lo que podría retrasar aún más el proceso.
A modo de comparación, el mercado municipal ha sido testigo recientemente de otras reestructuraciones, aunque a escalas mucho menores. Por ejemplo, la reestructuración de la deuda de Detroit, tardó casi un año y medio en finalizarse, el Condado de Jefferson en Alabama, tardó más de dos años; y San Bernadino, en California, sigue en el proceso después de cuatro años.
Philip Villaluz cree que la situación sigue siendo inestable y que todavía se desconoce el alcance y la repercusión de las medidas tomadas, particularmente con respecto a las negociaciones privadas y formación de la junta de supervisión, por lo que considera que es pronto para hacer predicciones seguras o tomar una visión más constructiva de los bonos de Puerto Rico. Sin embargo, destaca su posicionamiento en que la crisis de Puerto Rico no representa un riesgo de contagio del mercado municipal de bonos.