Los fondos de pensiones colombianos pueden invertir ahora un 25% más de sus activos en inversiones alternativas, lo que les permitirá una mayor diversificación y posiblemente potencie el ahorro pensional de los colombianos. A partir de la entrada en vigor del decreto número 765, que señala los nuevos límites y requisitos para los planes de pensiones obligatorios y de cesantías, se han realizado algunos ajustes al régimen de inversión de los fondos de pensiones.
El decreto reorganiza los activos que pueden ser adquiridos para los fondos de pensiones de acuerdo con sus características de riesgo. El sistema colombiano de planes de pensiones está clasificado en tres franjas según el perfil del inversor: conservador, moderado y alto riesgo.
Con anterioridad, el sistema de pensiones colombiano tenía un límite del 15% para invertir en activos alternativos por parte de las carteras moderadas y un 21% para las carteras de alto riesgo, estos límites se han incrementado al 20% y 25% respectivamente.
Las AFPs colombianas pueden a partir de ahora invertir en “activos restringidos”, tales como hedge funds, deuda high yield, fondos mutuos apalancados y emisiones realizadas en mercados secundarios no calificadas, bajo la legislación anterior no estaba permitido incorporar estos activos en las carteras de los fondos de pensiones. Ahora, las carteras conservadoras pueden asignar un 1% a activos restringidos y las carteras de riesgo moderado pueden incluir hasta un 4%.
Los fondos pueden aumentar su exposición a la inversión en capital privado local y extranjero, hasta un 10% en carteras moderadas y un 15% en las carteras de alto riesgo, permitiendo una administración más flexible de estos activos.
Estos límites no incluyen inversión en fondos de capital privado dedicado a la inversión en bienes raíces o fondos de infraestructura pública bajo el esquema APP, ya que estos están incluidos en el conjunto de activos alternativos cuyo límite máximo de inversión en está fijado en un 20% para el fondo moderado.
El gobierno también está permitiendo a los fondos de pensiones dedicar hasta el 1% de su cartera la compra de bonos y titularizaciones para financiar proyectos viales 4G, durante su etapa de operación y mantenimiento.