La economía diversificada y basada en el sector servicios de Panamá continuará sirviendo de apoyo a la calidad de la deuda soberana del país a pesar de las recientes filtraciones de la firma de abogados Mossack Fonseca, que han generado el escrutinio de la industria de servicios financieros offshore, según apunta Fitch Ratings. Pero las implicaciones para el centro financiero de Panamá no están claras, y la posibilidad de un daño reputacional indiscriminado presenta riesgos a la baja para el crecimiento y la inversión.
Un rendimiento macroeconómico fuerte y estable soporta la calificación de la deuda soberana panameña, que desde Fitch Ratings se calificó como ‘BBB’/estable en febrero. La previsión de crecimiento en términos de PIB real es de 6,1% para este año y de 6,4% para el siguiente.
Los servicios financieros representan una contribución significativa a la economía, representando el 7% del PIB en 2015, pero Panamá está más diversificada que muchos otros centros financieros. El conglomerado de logística y el libre comercio del Canal de Panamá representa cerca del 20% del PIB del país y se beneficiará de la expansión del Canal que se espera inaugurar próximamente. El turismo también es un sector importante y dinámico, mientras la minería y generación de electricidad están despegando como importantes factores de crecimiento.
Una robusta inversión privada en Panamá ha sido en gran medida financiada a través de inversión extranjera directa, reflejando sus sólidos fundamentales económicos y el préstamo bancario local ha sido fondeado por depósitos locales. El desarrollo del mercado inmobiliario ha sido un importante factor de inversión en la pasada década, apoyado en parte por las compras extranjeras de propiedades de nivel alto. El mercado de bienes raíces se ha enfriado, pero la actividad constructora en su sentido más amplio sigue estando apoyada por las obras públicas y otros proyectos privados.
Los ‘Papeles de Panamá’ y el riesgo reputacional para el sector financiero
Sin embargo, la atención adquirida por Panamá en un momento de mayor interés internacional por la transparencia financiera puede reavivar los riesgos reputacionales en los sectores financieros y de servicios, que ya estaban integrados en la comunidad global. Las preocupaciones sobre la transparencia han sido un tema recurrente en el pasado. Por ejemplo, la inclusión de Panamá en la “lista gris” del GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamento de Terrorismo o FATF, por sus siglas en inglés) en 2014 creo una serie de dificultades para los bancos más pequeños a la hora de poder mantener relaciones con sus bancos corresponsales. Panamá estuvo en la lista gris de la OCDE hasta 2011 y ha sido incluida varias veces en listas unilaterales mantenidas por países de forma individual (como el caso de Colombia, un socio económico clave, que mantuvo a Panamá en sus listas durante un corto periodo en 2014).
No está claro todavía si las revelaciones de Mossack Fonseca amenazan con revertir el reciente progreso alcanzado por Panamá a la hora de mitigar su riesgo reputacional. El GAFI comentó acerca del “progreso significativo” realizado por Panamá en implementar una legislación en contra del lavado de dinero cuando eliminó a Panamá de su lista gris a principios de este año. La consecuencia más visible de las revelaciones de los papeles de Panamá hasta ahora ha sido la decisión de Francia de volver a considerar a Panamá en su lista de estados y territorios y un dialogo bilateral refiriéndose a esta acción está pendiente. Esto debería tener un menor impacto que figurar en la lista gris del GAFI, al menos que contribuya a mayores acciones por parte de otros países u organismos multilaterales.
La capacidad de las autoridades panameñas para corregir el daño reputacional podría depender de la naturaleza y la velocidad de respuesta en sus propias políticas. El presidente Varela ha anunciado la creación de una comisión independiente de expertos para examinar las prácticas de trabajo y proponer fortalecer la transparencia, además, el fiscal general está avanzando con las investigaciones sobre potenciales irregularidades.
Las autoridades también han anunciado su intención de adoptar acuerdos para compartir datos que sean consistentes con la ley FATCA de Estados Unidos y con los estándares CRS de la OCDE, sin comprometerse de forma explícita con adoptar estos últimos. Cualquier progreso en esta área acaparará la atención internacional.
Por Fórmate a Fondo
