La autoridad de mercados europea, ESMA, publicó el pasado 23 de abril un borrador de directrices especificando nuevos criterios para evaluar el conocimiento y la competencia de los individuos que presten asesoramiento financiero en el continente. El texto, que también ofrece información sobre productos y servicios de inversión y otras actividades accesorias, trata de reforzar la protección de los inversores y contribuir al establecimiento de un nivel de regulación y supervisión sólido, efectivo y armonizado en todos los países miembros y en base a la competencia otorgada por el artículo 25 (9) de la Directiva MIFID II, según explica Ana García Rodríguez, directora del área de derecho regulatorio del Departamento bancario y financiero en la oficina de Madrid de Baker & McKenzie.
¿Cuáles son las nuevas directrices de ESMA sobre conocimiento y competencia de los asesores financieros, según el texto publicado, que está en consulta hasta el próximo 10 de julio? García Rodríguez explica que entre ellas destacan más requisitos para los asesores (por ejemplo, en términos de experiencia), requisitos diferenciados en función de su actividad (asesoramiento o solo información) y también más requisitos para las entidades que los contratan, tanto en materia de formación como de supervisión.
«Sin perjuicio de lo que establezcan las autoridades competentes en cada estado miembro, ESMA fija en 5 años la experiencia mínima que deben tener los asesores financieros de cara a ser considerados como cualificados para prestar dichos servicios». Este periodo de 5 años será cuantificado desde la fecha de aplicación de las directrices, por lo que incluirá a aquellos asesores financieros que, no teniendo dicha experiencia en la actualidad, en enero del 2017 como mínimo –fecha de la aplicación de las directrices- tengan 5 años de experiencia. Eso sí, advierte de que “este requisito será de aplicación siempre y cuando la entidad empleadora del asesor financiero haya evaluado y evalúe de forma continuada que dicho asesor posee las características adecuadas para cumplir con las obligaciones que implica su cargo”.
Pero hay más: ESMA realiza una distinción entre aquellos asesores que van a prestar servicios de inversión y aquellos que simplemente facilitan información sobre productos y servicios de inversión u otras actividades accesorias, con requisitos diferenciados. “Entre los criterios a destacar aplicables a ambos, se encuentran las obligaciones de entender las características específicas, los riesgos y los aspectos principales de los productos de inversión así como conocimientos sobre las implicaciones fiscales y los costes en los que podrán incurrir los clientes derivados de las transacciones. Se establece además la exigencia de mantener un especial cuidado en relación con los productos complejos”, explica García Rodríguez.
“Partiendo de la base de estas directrices, las autoridades competentes de cada estado miembro deberán publicar una lista con aquellos requisitos que consideren necesarios para cumplir con la exigencia establecida por MIFID II de poseer una experiencia y una cualificación adecuadas para prestar tanto asesoramiento financiero como información en materia de inversión”. Es decir, será la CNMV la que tendrá que publicar esa lista de requisitos para los asesores en España, diferenciando entre requisitos para asesores que presten servicio de asesoramiento como para los que solo informen.
¿A qué entidades afectan?
Las directrices serán de aplicación a “los asesores financieros de toda aquella entidad que ofrezca servicios de inversión, entendiendo por tales las entidades de inversión, las entidades de crédito cuando éstas presten servicios de inversión, las gestoras de UCITS así como los gestores externos de FIAs cuando presten servicios de inversión relativos a la gestión individualizada de carteras o servicios no esenciales («non-core»). Asimismo, serán de aplicación a las autoridades competentes de cada país miembro, concretamente a la CNMV en el caso de España”, destaca García.
Estas entidades sujetas a las directrices deberán cuidar además la evaluación y formación de sus asesores: así, «deberán realizar una adecuada evaluación de los asesores financieros a su servicio; revisar como mínimo anualmente la evolución de sus asesores financieros, los requisitos de experiencia exigibles a los mismos y la regulación aplicable en cada momento; remitir periódicamente a la autoridad competente la información sobre los conocimientos y experiencia de los asesores financieros; y asegurarse de que aquellos asesores financieros que no tengan la experiencia adecuada para prestar servicios de inversión no puedan hacerlo. Además, ESMA fija determinados requisitos que deberán cumplir las entidades en materia de formación de dichos empleados».
“Por último, estas entidades deberán asegurarse de que mantienen una clara distinción entre los requisitos aplicables a aquellos individuos que presten servicios financieros de aquellos que faciliten información sobre productos y servicios de inversión u otras actividades accesorias”, destaca la experta.
¿Para cuándo?
Este borrador de directrices se encuentra en periodo de consulta hasta el 10 de julio. Una vez obtenidos los comentarios de las partes interesadas a las seis preguntas que se plantean en las mismas, ESMA prevé poder publicar un informe final en el cuarto trimestre de 2015. Sin embargo, la aplicación de estas directrices no se hará efectiva hasta el 3 de enero de 2017.
¿Y cuáles serán las consecuencias?
Los expertos no dudan de que aumentarán los costes, y también ESMA reconoce que estos nuevos requisitos podrán suponer un coste asociado a la implementación y cumplimiento de los mismos. Pero, según García Rodríguez, “se prevé que la mejoría de los servicios de inversión ofrecidos a los clientes y el aumento general de la protección y de los beneficios para los mismos puedan compensar este eventual aumento de los costes”.