Para hacer frente a la complejidad burocrática de las diversas normativas aprobadas por la Comisión Europea en torno a las prácticas ESG, Ursula von der Leyen, presidenta del órgano europeo, propuso en noviembre de 2024 un Reglamento Ómnibus, que fue aprobado el 26 de febrero. Su principal objetivo es, según la propia Comisión, “un recorte sin precedentes de la burocracia, con una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y al menos el 35% para las pymes antes del final de este mandato».
Desde la óptica de la industria de inversión, los expertos explican que este Reglamento Ómnibus pretende consolidar y simplificar la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, el Reglamento sobre Taxonomía de la UE y la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa. La pregunta ahora es, ¿cuánto de efectivo es este Reglamento Ómnibus?
Principales propuestas del Reglamento Ómnibus
Según los expertos, el punto más relevante tiene que ver con los cambios en la presentación de los informes y la divulgación de la información. En este sentido, la Comisión explica que, en primer lugar, están liberando alrededor del 80% de las empresas actualmente incluidas en el ámbito de aplicación de la CSRD de requisitos de información muy exigentes.
“En segundo lugar, estamos limitando la cantidad de información que las grandes empresas dentro del ámbito de aplicación de la CSRD pueden solicitar a las empresas más pequeñas que no estén sujetas a dicha normativa, lo que beneficiará especialmente a las pymes. En tercer lugar, revisaremos las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad con el objetivo de simplificarlas sustancialmente y hacer que sean más fáciles de utilizar para las empresas. Y por último, eliminamos el mandato para la adopción de normas específicas por sector y la posibilidad de pasar de un requisito de aseguramiento limitado a un requisito de aseguramiento razonable”, ha explicado el comisario Valdis Dombrovskis.
También ha resultado relevante, según identifican los expertos, que la Comisión haya reducido las obligaciones de divulgación sobre la Taxonomía de la UE. En este caso la novedad es que se ha propuesto hacer que la presentación de informes sobre la Taxonomía sea más proporcional, estableciendo que solo las empresas muy grandes (con más de 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros) estén obligadas a informar anualmente sobre su alineación con la Taxonomía.
“Esta enmienda liberará a más del 80 % de las empresas de la obligación de informar sobre la Taxonomía. Con este enfoque, hemos analizado cómo simplificar nuestras normas sobre finanzas sostenibles, en particular la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) y la Taxonomía. Estamos introduciendo un umbral de materialidad del 10 % en la Taxonomía. De este modo, las empresas podrán centrar sus esfuerzos en evaluar la conformidad con la Taxonomía de las actividades que representen una parte significativa de sus ingresos, gastos de capital o gastos operativos. Además, reforzamos aún más la proporcionalidad de la Taxonomía permitiendo a las empresas no informar sobre la alineación de los gastos operativos (OpEx) si sus actividades elegibles no superan el 25 % de su facturación acumulada”, ha anunciado la comisaria Maria Luís Albuquerque.
Qué les preocupa a los expertos sobres estos anuncios
En opinión de Tom Willman, Regulatory Lead de Clarity AI, habría dos tendencias que entran en conflicto. “Por un lado, la simplificación del panorama de los informes de sostenibilidad en la UE era una tarea pendiente desde hace tiempo, y la propuesta incluye elementos con sugerencias sensatas que buscan abordar esta necesidad. Sin embargo, por otro lado, calificar el conjunto del paquete propuesto como ‘simplificación’ en lugar de ‘desregulación’ resulta exagerado, ya que la propuesta va mucho más allá de su objetivo inicial y excluye a un gran número de empresas de la obligación de presentar informes de sostenibilidad”, sostiene Willman.
Según su visión, el acceso a datos sostenibles de alta calidad sigue siendo esencial para los inversores, tanto dentro como fuera de la UE, y recuerda que contar con estos datos es fundamental para respaldar la sostenibilidad a largo plazo y para garantizar la competitividad a largo plazo de las empresas y los mercados europeos.
“Además, la estabilidad política y legislativa desempeña un papel clave en el mantenimiento de la competitividad del mercado. En este contexto, el anuncio de ayer plantea algunas preocupaciones, ya que introduce cambios de gran alcance en un plazo relativamente corto y con una consulta limitada. Confiamos en que estos aspectos se analicen detenidamente a medida que el expediente avance en su tramitación por parte de los colegisladores, lo que permita llegar a una propuesta equilibrada y bien fundamentada”, afirma el experto en regulación de Clarity AI..
Los cambios normativos podrían penalizar a los pioneros
Para Yingwei Lin, analista ESG de Crédit Mutuel Asset Management, la propuesta de Reglamento Omnibus ha creado una incertidumbre significativa para las empresas, enviando señales preocupantes. “Los cambios importantes en los requisitos de los DSRC corren el riesgo de penalizar a los pioneros que han invertido recursos sustanciales en ajustar sus estrategias. Dado que una normativa cambiante puede socavar los esfuerzos proactivos, las empresas que han estado retrasando el cumplimiento pueden sufrir menos trastornos. Durante años, se animó a las empresas a adoptar medidas de sostenibilidad desde el principio, pero debido a las revisiones en curso, este consejo parece ahora casi irónico. Esta dinámica se hace eco de casos recientes, como el de la normativa de la UE sobre deforestación, en el que los primeros en adoptarla se vieron perjudicados”, advierte el analista de Crédit Mutuel AM.
Según Lin es positivo que el calendario de aplicación del CSRD varía en función del tamaño de la empresa y comienza con las grandes empresas. El experto explica que este enfoque gradual crea una curva de aprendizaje que permite a las empresas más pequeñas aprender de las experiencias de las grandes y, potencialmente, reducir costes. Además, considera que las grandes empresas pueden apoyar a sus proveedores durante la transición e impulsar mejoras en el desempeño ESG, ya que el CSRD requiere información de la cadena de suministro, si procede.
Sin embargo, advierte: “La incertidumbre que rodea a la normativa sobre sostenibilidad ha perturbado esta cadena de acontecimientos, reduciendo la capacidad de los primeros en adoptarla para influir en los demás. Esta inestabilidad normativa anima a las empresas a percibir la CSRD y los marcos relacionados como meras obligaciones de cumplimiento en lugar de oportunidades de transformación estratégica. Como resultado, muchas empresas pueden posponer sus preparativos para la elaboración de informes de sostenibilidad hasta el último momento”.
Por Funds Society, Madrid
