«La tecnología para la descarbonización es el futuro», afirmó Larry Fink en 2022. El CEO de BlackRock lo subrayaba en su carta anual a directivos de aquel año y ponía el foco en la necesidad de que las empresas generen valor a largo plazo a los stackeholders, con un propósito claro y una estrategia coherente en el que se comprometan con la descarbonización de la economía. No era la primera vez. Durante años defendió la inversión en descarbonización como una oportunidad rentable y sostenible.
Sin embargo, el señor Fink, y el fondo que dirige, el fondo de fondos más grande del mundo y con participaciones significativas en más de la mitad de las cotizadas de la bolsa española, ha abandonado el programa de Naciones Unidas para lograr el objetivo de cero emisiones de carbono en 2050, la NZBA, las siglas de Net-Zero Banking Alliance.
El caso es que el escritor de las famosas cartas anuales a consejeros delegados no está solo. Ni él, ni las más relevantes entidades financieras norteamericanas como JP Morgan, Goldman Sachs, Citi o Bank of America, que también se han unido en masa a la carrera por abandonar la membresía de la denominada Alianza Bancaria Cero Emisiones Netas. ¡Y eso no es todo! A ellos, también se les han unido algunos gigantes tecnológicos como Meta y X. Unos y otros han cambiado el paso realizando un claro gesto de acercamiento al nuevo presidente que acaba de jurar en Washington.
Un gesto que supone, entre otras muchas cosas, un abandono por parte de estas entidades del objetivo de alinear sus carteras y prácticas comerciales con los objetivos del Acuerdo de París. Un compromiso con la sostenibilidad adquirido por parte de un importante número de bancos que ahora se cambian de dirección. En la contra se han quedado el resto de los compromisarios de la Alianza, al menos unos 80 europeos.
Las salidas de la Alianza según los medios especializados se interpretan como una consecuencia de la intensificación de los ataques del presidente electo a lo que en su campaña ha denominado «capitalismo woke». Conviene recordar que Donald Trump durante su anterior mandato sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y revocó más de 125 normativas medioambientales destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acaba de hacerlo de nuevo. En su reciente campaña electoral ha cuestionado claramente el cambio climático, y ha prometido eliminar las subvenciones a fuentes de energía renovables. Además, nada alineado con los anuncios de las principales cumbres del planeta, ha anunciado aumentar la producción de combustibles fósiles.
A todo este vaivén de objetivos, se le une a la crisis de la Agenda 2030. Aunque entró en vigor en 2016, fue un año antes cuando, prácticamente todos los “jefes del mundo”, aprobaron unas medidas para hacer desaparecer la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad mundial. Diez años después, se sigue buscando un paraíso aún no definido totalmente y el cumplimiento de los objetivos (de desarrollo sostenible, ODS) aprobados siguen siendo un objetivo. Confirmándolo, los que controlan su cumplimiento nos acaban de anunciar que ninguno de los diecisiete ODS está en vías de alcanzarse para 2030, estimándose que solo el 16% de las metas de los Objetivos están avanzando mientras que el 84 % restante muestra un progreso limitado o un retroceso.
Afortunadamente (diría un irónico), los europeos, eurocentristas, liberales y de esencia antropocéntricos, convencidos de que podemos resolver la grave triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, traemos novedades para arreglar el panorama, cómo no, legislativas.
En efecto, Europa se encuentra inmersa en un movimiento legitimado por su propio Tratado fundacional que sigue su camino, ahora liderado por la exministra española Teresa Ribera. Una hoja de ruta centrada en políticas medioambientales y de descarbonización, consideradas esenciales para avanzar en los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Entre las abundantes actuaciones y tendencias, para ayudar a poner foco al asunto, también se detecta en estos tiempos un cambio del modelo de protección jurídica del Desarrollo Sostenible. Y España está a la cabeza con una polémica norma que reconoce personalidad jurídica a un espacio natural, a la laguna del mar Menor y su cuenca, reconociéndola como sujeto de derechos. Una norma, recientemente refrendada (no unánimemente) por el Tribunal Constitucional.
Sin entrar en profundidades jurídicas, la norma supone un traslado de paradigma de protección del medio ambiente desde el antropocentrismo más tradicional, a un ecocentrismo moderado, ojo, moderado dice la sentencia, llegando el voto particular a diagnosticar una anoxia constitucional y legal, similar a la que sufre el Mar Menor, que solo conduce a una ineficacia real y efectiva de los deberes de protección impuestos por nuestra propia Constitución. Como dice un gran amigo, podría afirmarse que el movimiento viene provocado, también desde los mismos Estados Unidos, por un ecologismo desaforado inoculado por las facultades de humanidades de varias universidades americanas de la Ivy League que presuponen que el nuevo Dios es la Naturaleza y sus ateos el CO2 y todo lo que no lleve impreso ese difuso comodín llamado “ESG”.
Lo cierto es que el cambio de visión se ha podido desarrollar con menos resistencia en sociedades y legislaciones que conciben la naturaleza a partir de una relación espiritual y cosmológica en las que el ser humano es naturaleza, forma parte de ella, de la Pacha Mama, y con ella se encuentra en una relación de simbiosis. Para unos, un delirio, para otros, una urgencia necesaria basada en la evidencia de que sin la naturaleza no se puede garantizar la vida y justifica otorgarles derechos.
Pero ¿de qué sirve todo este debate considerando el nuevo rumbo que anuncia y comienza a manifestarse claramente desde el otro lado del Atlántico? De momento, para crear una nueva línea a la que afiliarse y complicar un necesario y urgente proceso armonizado de la transición a la sostenibilidad, necesitada de mecanismos eficientes de financiación. Hasta ahora podías ser antropocéntrico o ecocéntrico. Donald nos plantea una nueva alternativa, el trumpcentrismo. En la ya compleja y ambición de buscar financiación, se puede apoyar a la Pacha Mama, se puede plantear que solo el hombre puede resolver la situación con las normas ya publicadas u otras que puedan ayudar a proteger el planeta, o seguir al nuevo presidente y no apostar por las finanzas sostenibles. ¡Qué horror!
Pero más allá de complicar el panorama mundial desde múltiples perspectivas, el nuevo escenario creo que puede aportar también alternativas y oportunidades. Basta echar un vistazo al muy interesante documento publicado la semana pasada por El Real Instituto Elcano. Una visión sobre España en el mundo en 2025, perspectivas y desafíos. En el capítulo dedicado a una de las zonas del planeta que más protección medioambiental necesita, América Latina y Caribe, se destaca con visión positiva que 2025 es un año en el que nuestro país puede ganar peso geopolítico no solo en el ámbito Iberoamericano, sino también en el euro-latinoamericano.
Un protagonismo que, como abogado implicado en operaciones financieras de impacto en Iberoamérica, me atrevo a identificar también como una oportunidad para las entidades europeas. Una gran oportunidad para ocupar un espacio hasta ahora aparentemente solo principalmente accesible a las empresas de inversión y bancas norteamericanas, casi las únicas presentes tras el abandono de UBS (antes Credit Suisse) en las operaciones y mecanismos que tratan de financiar la transición a la sostenibilidad en América Latina, y también en los países africanos, cercanos a la cultura europea.
Tribuna de Jesús Mardomingo, socio en Dentons.
Por Funds Society, Madrid
