El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020, ha transformado las dinámicas comerciales en América del Norte. Este acuerdo busca fortalecer la integración económica y ofrecer un marco estable para el comercio regional. Sin embargo, el tratado enfrenta su primera gran prueba en 2026, con una revisión que podría redefinir su futuro y, con ello, las transacciones internacionales en la región. La importancia de este proceso no puede subestimarse. Según datos del Banco Mundial, América del Norte representa más del 28% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, y el comercio entre los tres países alcanzó los 1.5 billones (trillions en inglés) de dólares en 2022. La próxima revisión conjunta no solo determinará la continuidad del tratado, sino que podría remodelar las políticas económicas y comerciales en un contexto de creciente incertidumbre global.
El artículo 34.7 del T-MEC establece una revisión obligatoria cada seis años, supervisada por la Comisión de Libre Comercio. Este mecanismo permite a los países miembros evaluar si el acuerdo cumple con sus objetivos y, de ser necesario, introducir ajustes. En 2026, las partes deberán decidir si extienden el tratado por otros 16 años o permiten que finalice en 2036. Aunque esta cláusula busca mantener el tratado relevante y adaptado a las necesidades cambiantes, también introduce incertidumbre. Empresas de sectores clave, como el automotriz y el agrícola, han expresado preocupaciones sobre cómo la revisión podría alterar las reglas del juego. Según un análisis de Deloitte, más del 70% de las empresas norteamericanas consideran que un cambio significativo en las disposiciones del T-MEC podría afectar negativamente sus márgenes de ganancia.
Por su parte, el contexto político en Estados Unidos y México Estados Unidos, vislumbra un proteccionismo en el horizonte. El panorama político estadounidense añade una capa de complejidad al proceso de revisión. Las elecciones presidenciales de 2024 han traído de vuelta a Donald Trump, quien durante su administración implementó medidas proteccionistas como aranceles al acero y al aluminio, entre otros productos, afectando directamente a México y Canadá. Trump ha prometido, durante su campaña electoral, aumentar nuevamente los aranceles a las importaciones con especial foco en ciertos productos de China. Si bien estas políticas podrían justificar un impulso a la industria local, también generarían fricciones con los compromisos adquiridos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el propio T-MEC. Las implicaciones financieras de un enfoque proteccionista serían profundas.
Según un informe del Peterson Institute for International Economics, un aumento generalizado de aranceles podría reducir el PIB estadounidense en un 0.4% anual y elevar la inflación. Las expectativas de inflación también aumentaron para los próximos 5 años en Estados Unidos, la cual se estabilice en torno al 3%, pero medidas de esta naturaleza podrían alterar significativamente esa tendencia.
Por su parte, para la defensa de sus intereses nacionales, México cuenta con herramientas legales para contrarrestar medidas proteccionistas. La Constitución Mexicana otorga al presidente la facultad de aumentar aranceles en defensa de la economía nacional. No obstante, utilizar esta estrategia podría contradecir las disposiciones del T-MEC, abriendo la puerta a conflictos legales y comerciales. En 2018, México respondió a los aranceles de Trump con medidas similares, lo que generó tensiones, pero también mostró su capacidad para defender sus intereses. Sin embargo, cualquier medida de represalia tendría implicaciones financieras. En un escenario de escalada arancelaria, el Banco de México estima que el impacto podría añadir ciertos puntos porcentuales a la inflación anual, que actualmente se proyecta en un rango de 4.5% para 2025.
La incertidumbre en torno al T-MEC ya está afectando las decisiones de inversión. Según la Cámara Americana de Comercio en México, las empresas estadounidenses están retrasando proyectos por un valor estimado de 15 mil millones de dólares en espera de mayor claridad sobre las disposiciones del tratado. Además, sectores como el automotriz y el agrícola, que representan más del 40% del comercio entre los tres países, serían los más afectados. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que una interrupción significativa en las cadenas de suministro podría costarle a México hasta un 1.2% de su PIB anual. En Estados Unidos, los costos de importación más altos derivados de una ruptura del T-MEC podrían trasladarse a los consumidores, exacerbando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo. En Canadá, la dependencia de las exportaciones de energía a sus socios del T-MEC podría generar vulnerabilidades económicas si el tratado se desmorona.
Por lo expuesto, las estrategias para las empresas y gobiernos ante este panorama, es fundamental que tanto las empresas como los gobiernos adopten estrategias proactivas: (i) diversificación de Mercados, reduciendo la dependencia de América del Norte mediante la exploración de nuevos socios comerciales, como la Unión Europea o Asia, (ii) optimización de cadenas de suministro, implementando tecnologías avanzadas y estrategias logísticas para reducir costos y mitigar riesgos, (iii) colaboración multilateral, intentando fortalecer alianzas dentro del T-MEC para garantizar que las revisiones futuras beneficien a todas las partes.
¿Renovación o Ruptura?
Decisiones que moldearán la próxima década los mercados internacionales. La revisión del T-MEC en 2026 no solo determinará el futuro de este acuerdo, sino también la dirección económica de América del Norte en la próxima década. Mientras que los gobiernos enfrentan desafíos políticos y económicos, las empresas deben prepararse para un entorno incierto pero lleno de oportunidades. El comercio en la región ha demostrado ser un motor de crecimiento económico y desarrollo. Sin embargo, las decisiones críticas que se tomen en los próximos años serán fundamentales para garantizar que el T-MEC siga siendo un pilar de estabilidad en un mundo cada vez más volátil. En este contexto, la próxima década será una prueba decisiva de la capacidad de los líderes regionales para equilibrar intereses nacionales con la cooperación internacional, manteniendo a América del Norte como un referente global en integración económica.