Según señala el Estudio anual de la Fundación Afi Emilio Ontiveros, ‘Demografía, vivienda y brechas de riqueza’, España se enfrenta a importantes desafíos demográficos cuya complejidad requiere de un enfoque necesariamente multidimensional. Este informe vincula la demografía, la vivienda y la desigualdad en nuestro país, tomando como referencia la perspectiva histórica de este primer cuarto de siglo.
La demografía es una pieza previa y fundamental, sobre todo si se quiere abordar este análisis con la mirada larga que requiere. Lo ha sido por su extraordinario comportamiento en las últimas décadas, y lo seguirá siendo previsiblemente en las próximas a tenor de las proyecciones realizadas por las principales instituciones que las proporcionan.
El problema de la vivienda, que también se manifiesta en la actualidad en buena parte de los principales países, tiene un vínculo obvio con los factores demográficos. No sólo con la mera evolución del tamaño poblacional, sino también con cómo se conforman las unidades básicas de convivencia -los hogares- atendiendo a la propia pirámide de edades o a los cambios y la diversidad con la que dichas unidades se crean ahora. También con su localización en el territorio, dada su creciente concentración geográfica en términos de residencia en grandes núcleos urbanos.
No sólo eso, el peso de la vivienda en la riqueza de los hogares y la evolución señalada de su precio y del alquiler han contribuido singularmente a ampliar la brecha de riqueza intergeneracional a lo largo del periodo analizado, como ya habíamos anticipado en el primer estudio de nuestra fundación. Y a ampliar también la propia brecha intrageneracional, como hemos puesto de manifiesto en este. La dinámica poblacional, como por otra parte señalamos en el estudio, podría extender esas brechas en el futuro.
Demográficamente España se enfrenta a tres grandes retos interrelacionados que comparte en distinto grado con otros países de nuestro entorno: baja natalidad, envejecimiento poblacional y atracción de importantes flujos migratorios. Estos desafíos requieren un enfoque integral que considere políticas de apoyo a las familias, atención a los mayores y una estrategia eficaz para la integración de los inmigrantes.
A pesar de que se proyecte a medio plazo un cierto incremento de la tasa de natalidad que aún está por ver, esta seguirá estando muy debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer), lo que lógicamente sugiere la necesidad de potenciar aún más un entorno favorable para la creación de familias, orientadas tanto a los padres actuales como a los potenciales, mediante medidas de una doble naturaleza.
Una de las medidas sería la conciliación y programas de igualdad. Ya se ha avanzado igualando los derechos de baja parental entre madres y padres, pero aún queda camino por recorrer en la distribución equitativa del cuidado de los hijos. El acceso asequible a las guarderías es clave para permitir que los padres, especialmente las madres, puedan reincorporarse al trabajo sin tener que asumir una carga excesiva en la crianza. Además, fomentar la corresponsabilidad en el hogar entre hombres y mujeres contribuiría a un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. No menos relevante es evitar la penalización de las mujeres por ser madres, lo que debería incluir la eliminación de cualquier discriminación en las promociones laborales, salarios o accesos a puestos de responsabilidad, favoreciendo un entorno laboral inclusivo para quienes eligen formar una familia.
Por otra parte, son necesarios incentivos fiscales, y singularmente para el acceso a la vivienda. Junto con las políticas de conciliación, el reforzamiento de los incentivos fiscales ayudaría a mejorar este problema. Por su parte, el acceso a vivienda asequible para los jóvenes es un factor clave en el marco actual y futuro previsible para permitir formar familias en condiciones económicas estables, teniendo en cuenta que cuando los jóvenes consiguen establecerse pueden ser demasiado mayores para formar una familia -la edad biológica para tener hijos no se retrasa, aunque lo haga la edad de emancipación-.
Por otro lado, es necesario enfrentar los retos de una población mayor en fuerte expansión. En primer lugar, en términos de sostenibilidad del sistema de pensiones y atención sanitaria. A medida que la población envejece es inevitable que la demanda de servicios sanitarios aumente, así como la presión sobre el sistema de pensiones. Es crucial poner en marcha reformas estructurales de cara a abordar esta presión creciente.
Sabemos, además, que cada vez más de estas personas mayores se encontrarán solas. Por lo tanto, el desarrollo de programas de acompañamiento para mayores que viven solos es vital, tanto para ofrecer asistencia práctica como para combatir la soledad no deseada. Estos programas deberían incluir tanto visitas físicas como el uso de tecnología para el monitoreo y apoyo remoto. O el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales como el senior-living. Es interesante explorar modelos innovadores de vivienda colaborativa o cohousing, que ofrecen un entorno comunitario en el que los mayores pueden mantener su independencia mientras cuentan con una red de apoyo mutuo. Esta opción no solo mejora su calidad de vida, sino que también reduce la carga sobre los sistemas de cuidados institucionalizados.
Por último, ante el avance de la población de mayor edad han de promoverse nuevas alternativas de licuación de riqueza. Dado que gran parte de la que acumulan las personas mayores se encuentra materializada en sus viviendas, conviene propiciar mucho más el desarrollo de mecanismos -de naturaleza homologable a la hipoteca inversa, venta de nuda propiedad…- que les permitan obtener liquidez a partir de sus inmuebles sin perder el derecho a su uso y/o facilitando la adaptación de la vivienda, una medida que podría liberar espacio del parque inmobiliario a nuevos tenedores más jóvenes, mejorando su calidad de vida en sus últimos años.
Por su parte, la inmigración seguirá constituyendo un pilar fundamental para la sostenibilidad demográfica y económica como en estas dos últimas décadas. De hecho, aún en mayor medida, ya que representa una oportunidad tanto para paliar la caída de la natalidad como para soportar el extraordinario envejecimiento de la población que provocará el recién iniciado proceso de incorporación de los boomers a su etapa de jubilación.
Para maximizar el impacto positivo de la inmigración es preciso abordar su incorporación desde varias vertientes: facilitar la integración social y cultural, convalidación de títulos académicos y capacitación laboral, y políticas de atracción de talento cualificado.
Por Funds Society, Madrid
