La industria de la inversión colectiva sigue creciendo en España, con cifras cercanas a los 820.000 millones de euros entre fondos domésticos (que suponen unos 390.000 millones), internacionales y de pensiones, 14 millones de partícipes, 150.000 millones invertidos en la economía española, 160.000 millones en fondos sostenibles y uno de cada 5 euros del ahorro de las familias en fondos de inversión o pensiones. Sin embargo, afronta un peligro a nivel regulatorio: que se le equipare a las entidades de crédito a la hora de buscar soluciones para limitar los riesgos sistémicos que pueden derivarse de la industria. “El debate más relevante ahora mismo lo generan las voces que, bajo un prisma más prudencial, alertan de que existe un riesgo sistémico en la parte no bancaria del sistema financiero internacional, y en concreto europea, en las Non-Bank Financial Intermediation: una corriente pide soluciones regulatorias similares a las exigidas a las entidades de crédito, tales como requisitos de capital en gestoras o colchones de liquidez en fondos”, advertía Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en el marco del XIV Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva”, organizado por la APD, Deloitte e Inverco esta mañana en Madrid.
En su opinión, existen dos debilidades para sostener esa teoría: en primer lugar, la pretendida homogeneidad de todo el sistema no bancario -como si se pudiera meter en mismo saco a aseguradoras, hedge funds o ETFs-, pues “no es posible categorizar entre bancos/no bancos”, decía Buenaventura, y, en segundo término, “presupone que lo que funciona para contener los riesgos prudenciales en las entidad de crédito también sirve para contener riesgos sistémicos que pueden presentar en uno o dos fondos de inversión”.
Según el presidente de la CNMV, “poco tiene que ver un depósito con un fondo y los remedios a los riesgos que presentan. Hay que tener un debate sobre los riesgos en fondos de inversión y pensiones pero debe ser muy preciso, teniendo en cuenta que los peligros a escala internacional en los últimos cinco años en este sector provenían de uno de estos cuatro elementos: elevado apalancamiento, promesas de reembolso o prestación definida, desajustes de liquidez (entre liquidez del activo y preaviso de reembolso) y exposiciones en derivados mal colateralizadas. Nada de eso se solventa con colchones de liquidez o capital sino con una supervisión individual adecuada basada en datos, como hacemos en España desde los 90, con el establecimiento de límites en el apalancamiento (un tema que sí se puede discutir de forma macroprudencial, como hizo Irlanda en los fondos de real estate), con herramientas de gestión de liquidez como tenemos en España, y con mejoras en las normas sobre colateralización y márgenes en derivados OTCs”. Para la CNMV, “es clave que todas las instituciones estén activas en este debate que, aunque no esté teniendo tanta visibilidad como el de las retrocesiones, es más relevante porque, si se resuelve de modo erróneo, puede hacer mucho mal para los intereses de las gestoras y los partícipes”.
En la misma línea se pronunciaba Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, que, si bien reconocía que se han hecho avances, como el hecho de pasar de hablar de “banca en la sombra” a “instituciones financieras no bancarias”, supone un reto y es clave diferenciar a los fondos de otras instituciones financieras. “La consulta de la Comisión sobre instituciones financieras no bancarias está en audiencia pública y, si seguimos por buen camino, delimitando las instituciones reguladas como los fondos de las que no lo son, se delimitará todo bien. No convienen para los fondos los mecanismos establecidos para los bancos, como los colchones de liquidez: las IICs ya tienen herramientas de liquidez para afrontar momentos de turbulencias en los mercados y no vale una legislación idéntica a la bancaria, porque los riesgos son diferentes, y unos están en balance y otros no”, añadía, en concordancia con la CNMV.
Estímulos urgentes para la inversión minorista
Más allá de esta reivindicación, la CNMV apuntó otra necesidad urgente: la de establecer una estrategia que estimule la inversión minorista en instrumentos financieros a largo plazo en España. “La materilización de la inversión en fondos españoles se produce tanto en producto con matrícula nacional como extranjera (40%), lo que ha supuesto una competencia sana en últimos años. Y, además, los fondos inversión suponen en torno al 45% de lo que las familias tienen en depósitos, una magnitud creciente. Pero necesitamos ir a más: existe una necesitad urgente de construir una estrategia de estímulo de inversión minorista en instrumentos financieros a largo plazo en España y también en Europa”, reivindicó Buenaventura.
Según su diagnóstico, la inversión y ahorro en Europa descansa en un exceso de depósitos bancarios e inmobiliario, mientras el ahorro financiero a largo plazo es aún reducido, especialmente en renta variable. “Las empresas dependen mucho del crédito bancario (tres veces más que en EE.UU., lo que les hace más volátiles ante un cambio de ciclo o contracción de la financiación bancaria). El tratamiento no es una solución de corto plazo, sino una auténtica carrera de fondo, con tres terapias complementarias: uno, medidas de estímulo a la inversión minorista hacia instrumentos financieros, mediante fórmulas fiscales simples y estables en el tiempo que estimulen la inversión personal en estos instrumentos, incluyendo la inversión colectiva; algo que ya se ha hecho con éxito en otros mercados como Suecia. Dos, un marco favorable para la inversión en fondos de inversión y pensiones, y buscar incentivos para que inviertan en activos con horizonte de largo plazo, como la renta variable. Y tres, seguir apostando por la educación financiera de todos, jóvenes y mayores, siendo más eficaces que hasta ahora”.
Buenaventura habló también de la fragmentación del mercado segundario en Europa y la ausencia de una supervisión única europea como retos a superar y potenciales fuentes de beneficios en eficacia, pero no como razones para explicar la falta de desarrollo de los mercados de capitales en Europa («la fragmentación es un elemento de competencia y mejora de costes para el cliente mientras la falta de supervisión única tampoco produce integración de flujos o crecimiento del mercado»). Son cuestiones más regulatorias y de incentivos, defendió.
Con respecto al papel de los supervisores nacionales, recordó que no son los que tienen más palancas de actuación para estimular dichas inversiones a largo plazo ni las salidas de las empresas a bolsa, pero como agitadores intelectuales tienen el papel de tratar de hacer una mejor labor, por ejemplo eliminando trabajas o simplificando procedimientos, siempre que no se ponga en peligro protección al inversor. Y recordó que la CNMV ha sido sensible en últimos años a esta cuestión, con propuestas como la reforma hace dos años de la ley sobre tasas para reducirlas, y facilitar el registro de productos. Según Buenaventura, se tarda solo 1,2 meses en registrar un fondo, la tercera parte que en Luxemburgo, mientras una gestora tardaría 7,3 meses, de los que la CNMV consume 2,7 meses, con datos medios de los cuatro últimos años, explicó.
En este sentido, desde Inverco también reivindicaron la necesaria labor de acercar al minorista a los mercados financieros a través de la inversión colectiva. “Estamos en un momento clave para la economía europea, hay que potenciar los mercados como vía para que la economía europea se haga más sostenible y digital y para ello serán necesarios 800.000 millones de euros. La estrategia de inversión minorista también pretende facilitar este acceso y esperamos que mejore el texto para que los productos financieros, como los fondos de inversión y pensiones, sean verdaderos canalizadores hacia la economía productiva. MiFID II –también recordó el presidente de Inverco- ha supuesto ya una verdadera revolución en España, apoyando los más de 3 millones de contratos de asesoramiento existentes, y haciendo que la inversión en fondos se canalice, en tres de cada cuatro casos, vía asesoramiento o gestión discrecional de carteras”. Martínez-Aldama también recordó que la CNMV hará público próximamente un informe de la OCDE que pondrá de manifiesto las necesidades de los mercados financieros en España, con retos y cambios necesarios.
Tres líneas de actuación necesarias: alternativos, sostenibilidad y negocio institucional
Desde Inverco mencionaron también algunas modificaciones normativas recientes que han ayudado a eliminar eñes o singularidades de nuestra legislación, pero su presidente recordó tres líneas estratégicas en las que se debe acelerar el ritmo: las inversiones alternativas, las inversiones sostenibles y la atracción del cliente institucional. Sobre las primeras, señaló la traba fiscal de los FILPEs, que en España aún tributan al 25%, y la doble tributación del partícipe de los ELTIFs españoles, lo que impide la comercialización vehículos españoles en España, mientras favorece los europeos. Sobre fondos institucionales con matrícula española, aún se requiere un mínimo de 100 partícipes lo que, de nuevo, favorece vehículos no españoles y, sobre sostenibilidad, indicó que “si queremos que Europa se mueva hacia un modelo de economía sostenible, son muy necesarios incentivos para cambiar los comportamientos y están en manos de los gobiernos nacionales”.
Sobre sostenibilidad, la CNMV anunció que cumplirá las directrices de ESMA en lo referente a las denominaciones de los fondos que usen palabras como sostenibles, ESG o ASG, aprobadas en mayo. Los fondos tendrán que invertir de forma significativa en inversiones sostenibles, para evitar que los nombres resulten engañosos o poco claros, con un umbral del 80% en estos activos. Quedan pendientes algunos desarrollos y aclaraciones, dijo Buenaventura, en temas como cuándo la inversión se considera significativa y cómo tratar los bonos verdes de emisores que estarían, según otros criterios, excluidos de las carteras sostenibles.
Retos estructurales
Más allá de los retos regulatorios, Alberto Torija, socio responsable del Área de Investment Management en Deloitte, destacó varios retos estructurales para la industria de fondos en España: en primer lugar, señaló el conservadurismo del inversor español (con sus fuertes posiciones en renta fija y sus predominantes suscripciones netas hacia fondos monetarios), lo que no coincide con otros países de nuestro entorno: “Tenemos por delante el reto de conseguir que transite de ahorrador a inversor, y no solo es una cuestión de perfil sino de alinear la necesidad de ahorro a largo plazo con sus funciones y para ello hay que mejorar la educación financiera, algo que se está haciendo pero en lo que hay que insistir, además de otras cosas. Conseguir que aumenten su patrimonio, y que lo dispongan más en activos financieros y menos en inmobiliario y depósitos, es bueno para el ciudadano y para la industria, que solo así desplegará su potencial”.
Otro reto: la aportación de valor a los inversores: “Las gestoras han de maximizar la rentabilidad, el control de riesgos, garantizar la liquidez de las inversiones… la industria lo puede hacer bien y ser competitiva». Otro más: reflexionar sobre papel de las gestoras en la cadena de valor de la industria: “Se están produciendo cambios en los últimos años; donde había fronteras claras y especialistas ahora hay operadores que trabajan en toda la cadena de valor, a nivel internacional y poco a poco nacional y las gestoras han de ver su papel en la cadena de valor«. Y, en pensiones, tenemos los tres pilares, el segundo y tercero plenamente desarrollados, y todos son fundamentales y complementarios. “Necesitamos que todos los pilares se desarrollen adecuadamente y poner en marcha incentivos los necesarios. Tanto en el mundo de los fondos de inversión y pensiones nos jugamos que el peso de la inversión sobre el PIB aumente y nos acerquemos a los países del entorno, pues aún hay diferencia pero también potencial”.
Por Laura Olano
Por Funds Society, Madrid