La temporada de juntas 2024 ha destacado por una creciente actividad por parte de los inversores. Los institucionales españoles siguen aumentando su participación en las juntas y su diálogo con las cotizadas españolas e internacionales.
Con la junta general de Inditex (tradicionalmente la última en celebrarse, al cerrar el ejercicio en enero), y la inesperada ex- traordinaria de BBVA (para aprobar la ampliación de capital necesaria para la OPA sobre Sabadell) concluye la temporada española 2024. El año pasado ya vimos un récord de quórum en juntas nacionales, que superó el 74%, cuando apenas solía llegar al 70%, debido en parte al mayor interés de las gestoras de fondos locales, que han incrementado su participación a través del voto por encima del 50%.
Habiendo descendido hace unos años hasta cerca del 30%, la participación del inversor institucional español ha seguido creciendo este año, alcanzando el nivel de otros inversores extranjeros como los franceses y acercándose a ingleses y norteamericanos, estos por encima del 60%, con una larga tradición de voto en las juntas impulsada por su regulación.
Al mismo tiempo crece también la oposición en las juntas a ciertas propuestas, como las relacionadas con las retribuciones o la composición y estructura del consejo. Los votos en contra del plan de remuneración continúan creciendo por encima del 10% de forma consistente, a pesar de que las compañías introducen mejoras en sus sistemas retributivos cada año. En esta temporada hemos visto niveles de voto en contra de las propuestas sobre remuneraciones por encima del 20% en juntas como las de CaixaBank, Enagás, Santander, ACS o Grifols, lo que en Reino Unido (y en la práctica de mercado) obliga a presentar un plan nuevo o, al menos, mejoras significativas.
El impulso normativo
A esta tendencia ha contribuido la extensión a nuestro mercado de las prácticas globales de inversión responsable y la necesidad de nuestras gestoras e inversores de competir con sus pares extranjeros, que han ejercido su deber fiduciario desde hace décadas. Este año se cumplen 50 años de la Ley de Seguridad de los Planes de Pensiones norteamericana (ERISA, 1974) que obligó a los fondos de pensiones a votar en las juntas y vigilar las compañías en las que invertían, el detonante de las prácticas de implicación y voto (stewardship & engagement). Tras la crisis de Enron, Arthur Andersen y Worldcom, en 2023 la Securities & Exchange Commission (SEC) extendió estas obligaciones a todos los fondos de inversión. Con la internacionalización de las inversiones y la globalización de las carteras, estas prácticas se extendieron a todos los mercados.
Puede leer el artículo completo en este enlace.
Por Funds Society, Madrid
