Como inversores, el Día Mundial del Medio Ambiente sirve para recordar la crucial intersección entre la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad económica. A medida que la atención mundial se centra en la necesidad cada vez más urgente de abordar el cambio climático, los mecanismos de fijación de precios del carbono (MPC) surgen como una palanca fundamental en la transición hacia una economía baja en carbono: así lo demuestra la decisión de la Unión Europea a principios de este año de ampliar su Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) para incluir el transporte marítimo, y la decisión del año pasado de crear un RCDE adicional («RCDE») para abordar las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles en edificios, el transporte por carretera y otros sectores.
Estas importantes medidas ponen de relieve la creciente importancia que la normativa atribuye a las emisiones de carbono en diversos sectores. Esta evolución, junto con las actuales tendencias alcistas en los mercados de carbono norteamericanos impulsadas por revisiones normativas más estrictas y ajustes de la oferta, señala un cambio fundamental hacia mecanismos de fijación de precios del carbono más estrictos a escala mundial, y la necesidad de que los inversores comprendan las implicaciones financieras.
Sin embargo, lo primero es lo primero: ¿Qué es la tarificación del carbono? ¿Cuál es su finalidad y cómo funciona? La tarificación reguladora del carbono engloba marcos políticos como los impuestos sobre el carbono y los sistemas de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, concebidos para asignar un valor monetario a las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Banco Mundial, actualmente existen 75 impuestos sobre el carbono y sistemas de comercio de derechos de emisión en todo el mundo que cubren alrededor del 24% de las emisiones mundiales.
Estos mecanismos funcionan fijando un precio directo a las emisiones de carbono o estableciendo un tope de emisiones basado en el mercado, con derechos negociables. Al internalizar las externalidades asociadas a las emisiones de carbono, la tarificación del carbono crea esencialmente incentivos económicos para la reducción de emisiones y la innovación tecnológica. El ejemplo ya citado de la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea muestra las implicaciones financieras concretas para las compañías navieras que sigan actuando como hasta ahora: las empresas del sector deben comprar o ceder derechos de emisión de la Unión Europea (EUA) por cada tonelada de CO2 (o equivalente de CO2) notificada, lo que puede suponer un aumento de los costes operativos. En general, se espera que el coste del cumplimiento se repercuta en los clientes finales a través de unas tarifas de flete más elevadas, lo que, a su vez, puede afectar potencialmente a la competitividad de costes de dichas empresas.
La exposición de las empresas a la tarificación del carbono varía mucho según los sectores y las zonas geográficas: de hecho, la reciente caída de los precios del carbono en la UE debido al exceso de oferta y a las menores emisiones del sector eléctrico contrasta con el impulso al alza del programa conjunto de límites máximos y comercio de California-Quebec, lo que refleja la compleja interacción de las fuerzas del mercado en las distintas regiones. La volatilidad de los precios del carbono, influida por factores como los cambios normativos y la dinámica del mercado, puede tener repercusiones diversas: las empresas que operan en sectores intensivos en carbono, como la energía, la industria manufacturera y el transporte, se enfrentan a importantes implicaciones en materia de costes y a la posible paralización de activos. Estas empresas deben hacer frente a mayores gastos de explotación y a posibles costes de cumplimiento de la normativa, lo que puede afectar a los márgenes de EBITDA y alterar la dinámica competitiva. Sin embargo, es probable que los primeros en adoptar tecnologías menos emisoras -por ejemplo, la adopción de combustibles más limpios como el gas natural licuado (GNL) o la instalación de tecnologías de ahorro energético como los sistemas de lubricación por aire y las velas de rotor en el caso del sector naval- se beneficien de los incentivos normativos y del ahorro de costes. Estas empresas pueden lograr ventajas competitivas incluso más allá de los menores costes de cumplimiento, como un mejor posicionamiento en el mercado y una mayor reputación de marca.
La exposición de las empresas a la tarificación del carbono varía mucho según los sectores y las zonas geográficas: de hecho, la reciente caída de los precios del carbono en la UE debido al exceso de oferta y a las menores emisiones del sector eléctrico contrasta con el impulso al alza del programa conjunto de límites máximos y comercio de California-Quebec, lo que refleja la compleja interacción de las fuerzas del mercado en las distintas regiones.
La volatilidad de los precios del carbono, influida por factores como los cambios normativos y la dinámica del mercado, puede tener repercusiones diversas: las empresas que operan en sectores intensivos en carbono, como la energía, la industria manufacturera y el transporte, se enfrentan a importantes implicaciones en materia de costes y a la posible paralización de activos. Estas empresas deben hacer frente a mayores gastos de explotación y a posibles costes de cumplimiento de la normativa, lo que puede afectar a los márgenes de EBITDA y alterar la dinámica competitiva. Sin embargo, es probable que los primeros en adoptar tecnologías menos emisoras -por ejemplo, la adopción de combustibles más limpios como el gas natural licuado (GNL) o la instalación de tecnologías de ahorro energético como los sistemas de lubricación por aire y las velas de rotor en el caso del sector naval- se beneficien de los incentivos normativos y del ahorro de costes. Estas empresas pueden lograr ventajas competitivas incluso más allá de los menores costes de cumplimiento, como un mejor posicionamiento en el mercado y una mayor reputación de marca.
Por lo que respecta a los inversores, la evaluación de la exposición de una empresa a la tarificación del carbono forma parte integrante de la gestión global del riesgo y la optimización de la cartera. La capacidad de una empresa participada para gestionar eficazmente la tarificación del carbono -mediante la asignación estratégica de activos, mejoras de la eficiencia operativa y prácticas sólidas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG)- se convierte en un factor determinante de sus resultados financieros a largo plazo y de su valoración en el mercado.
Un número significativo de empresas de gran capitalización bursátil ya tienen en cuenta un precio interno del carbono, a menudo para tomar decisiones de inversión más informadas (aunque cuando los precios internos del carbono son particularmente bajos, a menudo pueden percibirse como una herramienta de marketing). Sin embargo, son muy pocas las empresas que proponen un plan de negocio que integre de forma exhaustiva las repercusiones de la evolución del precio del carbono. Es entonces cuando la integración de la fijación de los precios del carbono en el análisis de las inversiones requiere una comprensión sofisticada de los entornos normativos, los impactos sectoriales y las estrategias empresariales por parte del inversor, lo que puede reflejarse en los siguientes planteamientos:
Además de mantenerse al corriente de la evolución de la normativa, cada vez es más importante integrar los escenarios de fijación de precios del carbono en las pruebas de resistencia de los beneficios empresariales, los flujos de caja y las métricas de valoración. Además, es crucial tener en cuenta que la mencionada volatilidad de los precios del carbono presenta tanto un riesgo como una oportunidad: los inversores pueden considerar diversificar la exposición entre regiones y sectores para mitigar el impacto de las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, la fijación de los precios del carbono también puede introducir ineficiencias en el mercado de las que pueden beneficiarse los inversores astutos: los inversores que aprovechan los futuros y las opciones sobre el carbono pueden capitalizar estas fluctuaciones de los precios para generar alfa. Además, las ineficiencias en la valoración de las empresas en función de su exposición al carbono pueden ofrecer oportunidades de inversión en valor.
Las empresas infravaloradas debido a que el mercado subestima sus capacidades de gestión del carbono pueden ofrecer puntos de entrada atractivos para los inversores. Por último, pero no por ello menos importante, el tema de la fijación de precios del carbono es uno en el que la integración ESG y la propiedad activa adquieren una importancia crítica: de hecho, comprender las estrategias de cumplimiento de las empresas participadas, fomentar la transparencia en los informes sobre emisiones de carbono y la adopción de las mejores prácticas para la reducción de éstas, ayudan a crear un marco más completo para identificar los impulsores de valor.
Desde la perspectiva de un inversor, el Día Mundial del Medio Ambiente y la cuestión de la tarificación del carbono tienen en común que nos recuerdan hasta qué punto el cambio estructural hacia una economía con bajas emisiones de carbono subraya la necesidad de una asignación estratégica a largo plazo a sectores y empresas alineados con esta transición. Esto también se ve acentuado por otros avances normativos recientes, como el inicio de las obligaciones de información para el Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en la Frontera (CBAM) de la UE en 2023, que pretende igualar las condiciones de fijación de los precios del carbono para los bienes expuestos al comercio con emisiones intensivas. Al integrar las consideraciones relativas a la tarificación del carbono en los marcos de inversión, los inversores no sólo pueden mitigar los riesgos, sino también aprovechar las oportunidades que presenta la transición. Por tanto, la alineación con los objetivos climáticos mundiales no debe percibirse simplemente como una respuesta a las presiones normativas, sino más bien como un imperativo estratégico que potencia la creación de valor a largo plazo.