Los gestores patrimoniales europeos muestran carencias a la hora de evaluar la idoneidad y el nivel de riesgo de sus clientes, según el último informe realizado por Oxford Risk, firma experta en finanzas conductuales. Su principal conclusión es que parte de estos profesionales no se están adaptando correctamente a MiFID II, ya que no están evaluando bien esa idoneidad con los productos de inversión.
Según el documento*, el 38% de los gestores patrimoniales europeos conocen y entienden perfectamente las directivas MiFID de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) sobre las evaluaciones de sostenibilidad (ESG). Sin embargo, pesar de que la ESMA actualizó sus directrices para integrar los factores de sostenibilidad, riesgo y preferencias en los requisitos organizativos de las empresas de inversión el pasado mes de septiembre, el 13% admite que no sabe cuáles son las directivas sobre las evaluaciones de sostenibilidad o no está seguro de entenderlas.
“Independientemente de su conocimiento y comprensión de las directivas de la MiFID sobre las evaluaciones de sostenibilidad, la investigación muestra que alrededor del 90% de los gestores de patrimonio europeos están de acuerdo en que establecer las preferencias de sostenibilidad es una de las tareas más importantes a la hora de incorporar a un nuevo cliente. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas evaluaciones y procesos de sostenibilidad no proporcionan información lo suficientemente detallada como para basar en ella las decisiones futuras”, señala el informe en sus conclusiones.
Otra de las conclusiones que revela el documento es que, a pesar de estar integrado en los requisitos de MiFID II, un 17% de los gestores está «totalmente de acuerdo» en que su empresa ha incorporado con éxito en sus procesos un método para establecer las preferencias de sostenibilidad de un cliente. Según el estudio, muchos no pueden hacerlo sin las herramientas y el software adecuados y solo el 26% está «totalmente de acuerdo» en que tiene acceso a las herramientas o programas informáticos adecuados para evaluar eficazmente las preferencias de sostenibilidad de un inversor.
En este sentido, la firma considera que los gestores confían demasiado en su intuición y en la autoevaluación de los clientes sobre su nivel de riesgo adecuado: el 75% admite que confían en gran medida en que los clientes les digan cuál es su nivel de riesgo adecuado y un 22% afirma estar totalmente de acuerdo en que confía en gran medida en la autoevaluación del cliente a la hora de establecer los niveles de riesgo, mientras que un 71% afirma que se basan en la intuición para evaluar el nivel de riesgo adecuado de un inversor.
“Es preocupante el número de gestores de patrimonios que todavía no están totalmente al día con los requisitos de MiFID II, teniendo en cuenta el tiempo que lleva en vigor. Es hora de que los gestores de patrimonios aborden adecuadamente las preferencias de sostenibilidad de los clientes adoptando las mejores prácticas y una metodología que se adhiera a la normativa MiFID II”, afirma James Pereira-Stubbs, Chief Client Officer de Oxford Risk.
Según su experiencia, los gestores de patrimonios tienen cada vez menos tiempo: se espera de ellos que contraten a más clientes y ofrezcan más valor a los actuales. “Sin embargo, tener un conocimiento detallado y una visión de las preferencias de sostenibilidad de los clientes ya no es algo agradable de tener, sino que es una parte esencial para poder tomar las mejores decisiones de inversión”, concluye.
Por último, Pereira-Stubbs destaca que “el estudio muestra que algunos gestores de patrimonios se ven obstaculizados por la falta de las herramientas y el software adecuados para hacer esto de manera eficaz y rápida, y eso debe abordarse para que puedan abordar las preferencias de sostenibilidad de los clientes de manera adecuada mediante la adopción de las mejores prácticas y una metodología que se adhiera a la normativa MiFID II”.
*El estudio ha sido realizado entre gestores de patrimonios de Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, Suiza y los países nórdicos, cuyas empresas gestionan en conjunto activos por valor de unos 3,2 billones de euros, y ofrece una nueva perspectiva sobre el estado actual del sector europeo de gestión de patrimonios.