Con luces y sombras: así dibujó Angel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, en el XIII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva -organizado por la APD, Deloitte e Inverco y celebrado esta mañana en Madrid- el marco regulatorio que envuelve a la industria de la inversión colectiva –que supone un 51% del PIB en España-; con luces en el área de fondos de inversión –aunque también retos por delante- y muchas sombras en pensiones.
Entre las luces en fondos, destacó las novedades regulatorias incluidas en la Ley Crea y Crece, la Ley del Mercado de Valores y los dos proyectos reglamentarios para las IICs y las ESIs, con novedades clave como el envío de información por medios telemáticos la eliminación de obligación del informe trimestral, la presentación de acciones y participaciones mediante tecnología de bloques distribuidos, la flexibilización para comercializar IICs de inversión libre para inversores no profesionales bajo determinadas condiciones con una inversión mínima de 10.000 euros -equiparando al capital riesgo-; el hecho de permitir para todas las IICs suscripciones y reembolsos con periodicidad quincenal y facilitar así la inversión en fondos a través de activos menos líquidos o, en la ley en empresas de servicios de inversión, un régimen de aportaciones al FOGAIN que supone un descenso relevante en las aportaciones fijas.
En cuanto a las sombras, Martínez-Aldama recordó los bajos límites para las aportaciones a planes individuales, una situación agravada por el hecho de no tener un marco sólido del segundo pilar como compensación, lo que choca con la realidad de otros países de la OCDE. “En solo tres años, desde 2021, se van a dejar de ahorrar 7.200 millones de euros en planes individuales y, si no se elevan los límites, tendremos un déficit de aportaciones vs 2020 de 2.800 millones anuales. Las aportaciones nuevas en el sistema de empleo tras tres años han sido de cero. Desde Inverco planteamos y defendemos potenciar y estimular el segundo pilar pero nunca a costa del tercero”, indicó.
Tras tres años de la norma, hizo una reflexión para poner encima de la mesa propuestas “para que todos los trabajadores tengan un plan al jubilarse, ya sea de empleo o individual”. Así, pidió como propuesta urgente que, para que la inversión colectiva tenga un papel más relevante en la financiación de la economía española –sobre todo en retos relacionados con la sostenibilidad y el mantenimiento del nivel de vida en jubilación-, se ponga un límite al rescate sin condiciones en los planes de pensiones a partir de 2025, puesto que, en caso de no modificarse, habría 64.000 millones de euros, es decir, más de la mitad de su patrimonio, susceptible de reembolsar. “Esto podría ocasionar serios problemas tanto generando un riesgo sistémico en los mercados, como en la propia liquidez de los fondos, y podría generar un acortamiento en los plazos de inversión de los activos en cartera -con el consiguiente detrimento en la rentabilidad a largo plazo y en la mejora del nivel de vida de los trabajadores-“, afirmó.
El presidente de Inverco también pidió repensar, aunque sea temporalmente, los límites de inversión de los planes en el sistema individual –donde hay diferencias regionales pues mientras en el País Vasco se permite ahorrar 5.000 euros, la cifra es de 1.500 en el resto de España- y, en tercer lugar, estimular las inversiones alternativas en FILPEs o ELTIFs, los fondos a largo plazo: “Tras la reciente modificación jurídica es imprescindible potenciar el FILPE con domicilio en España para gestionar subyacentes ilíquidos. Es una oportunidad única para nuestra industria”. Aunque, matizó, el éxito dependerá de fiscalidad, que debería ser del 1% y no del 25% como ahora: “Si no se modifica el tipo impositivo tendremos FILPEs, pero ninguno con domicilio español”, advirtió.
En este contexto, añadió dos reflexiones: el hecho de que el sector de fondos está sometido a una exhaustiva regulación y transparencia, sin generar ningún incidente relevante ni siquiera en inversiones en subyacentes menos líquidos (“las crisis ponen énfasis en que el foco no debe estar en fondos sino en otros sectores; los fondos no son depósitos y no deben supervisarse como tal”, dijo), y una reflexión en torno a la estrategia de inversión minorista de la Comisión Europea. En este sentido, Inverco defiende un modelo en Europa continental que permita la coexistencia de distintos esquemas de prestación basado en tres principios de libertad: la de servicio, la de producto y la de pago (explícito o implícito). De ahí que la asociación defienda que se produzcan mejoras y cambios en su tramitación –por ejemplo, a la hora de fijar referencias obligatorias de precios a nivel europeo-, para que cumpla los objetivos que plantea, como el acceso a los mercados del inversor minorista, en lugar de cercenarlo, advirtió. En este sentido, Martínez-Aldama defendió las puntualizaciones del Parlamento Europeo, que reformula el régimen de value for money (para desvincularlo del régimen de comparación de precios), rechaza la prohibición de ventas no asesoradas por no quedar justificada la existencia de conflicto de interés y, entre otros temas, revisa el calendario de implantación (pasando de tres a cinco años y desde la fecha de transposición de la norma).
La gestión pasiva: ¿la gran beneficiada?
Entre las gestoras españolas presentes en los paneles del evento, las opiniones también se sitúan en la misma línea de libertad. “Poder elegir el servicio y el tipo de comisión tiene mucho valor. Prohibir el modelo de comisiones implícitas no aporta, solo restringe, y la complejidad no es escalable (algunos países de Europa dan ejemplo de que expandir ciertos servicios a todos es complicado y al final solo algunos patrimonios pueden acceder al asesoramiento). Es importante tener un modelo que permita que el cliente pueda elegir la forma de relación y que ese modelo tenga requerimientos escalables”, defendía Nicolás Barquero, CEO de Santander Asset Management. Aunque todavía no hay nada en firme, según el experto, y según se plantea el texto ahora, el 50% de la comercialización de fondos en España está afectada por la nueva norma y sobre todo en segmentos de clientes de patrimonios más bajos.
“Llama la atención que una norma que debería favorecer el acceso del minorista al mundo de las inversiones, a diferencia de MiFID I y II, ponga tantas limitaciones que podría provocar el efecto contrario. Hay que ver si la prohibición de incentivos en RTO o ejecución favorece al cliente, pues en otros países no ha facilitado; y, si no es mejor para el cliente, no tiene sentido restar libertad para elegir la remuneración”, aseguraba Belén Blanco, responsable de BBVA AM Europa. Sobre el servicio value for money, critica que se focaliza excesivamente en los costes y en cómo poner precios a los productos comparando con índices de referencia que habría que crear. “No se han analizado bien las implicaciones en las gestoras y podría repercutir en mayores precios para los clientes y la merma de su rentabilidad. Al fijarse más en los costes que en rentabilidad neta, también podría favorecer la gestión pasiva, que en pura ejecución no es lo mejor para cliente final”. En las últimas semanas eso sí, se ha producido un cambio de visión, y el sector está a la espera de novedades en este sentido.
Juan Aznar, presidente ejecutivo de Mutuactivos, se mostraba de acuerdo en que la normativa podría favorecer en último término la gestión pasiva: “La propuesta inicial afectará por igual a fabricantes y distribuidores, y también al partícipe. La prohibición total de incentivos en régimen de comercialización perjudica al partícipe porque le forzamos a ir por la vía del asesoramiento y la GDC asumiendo que no tiene criterio para tomar sus propias decisiones de inversión. Además, parece que el regulador considera que no hay valor en poner a disposición de un participe un número de alternativas “amplias” de inversión, y es algo que consume muchos recursos, y tecnología, con unos costes elevadísimos. Y todo en un entorno en el que la industria se enfrenta a una caída de los ingresos vía comisiones de gestión de IICs y, a la vez, a costes crecientes”, criticó. Sobre el benchmarking de costes y rentabilidades y la prohibición de comercializar productos que se alejen de ese benchmark, aún por definir, considera “un despropósito que se haya lanzado la propuesta sin valorar las consecuencias de forma suficiente. Estamos pasando de trabajar en un mercado regulado a hacerlo en un mercado verdaderamente intervenido y el beneficiario último será la gestión pasiva”, apostilla.
Para Joseba Orueta, consejero delegado de Kutxabank Gestión, caminamos hacia un modelo sin retrocesiones. “La regulación no puede romper tus convicciones. La Retail Investment Strategy aún está en proceso, los primeros borradores asustaban porque supondrían un cambio radical en la morfología de la industria… pero el gran problema es el margen: la única salida es crecer y el tamaño importa”.
Uno de los más críticos con la deriva regulatoria fue Santiago Satrústegui, presidente y consejero delegado de Abante Asesores, convencido de que, para mejorar la industria, “la normativa tiene que dejar de hacer cosas”. El experto se mostró especialmente crítico con la desaparición de la ventaja fiscal en los planes de pensiones individuales, pues debido a ello, “no tenemos producto finalista que pueda asumir más riesgo en las carteras; el que teníamos sufrió hace tres años un rejón de muerte”. En su opinión, habría que pedir una revisión en profundidad del RIS, porque “solucionar los problemas con una normativa que afecta a la estrategia de las compañías es un problemón. Hay que dar la vuelta al proceso que hacemos con nuestros clientes: la clave es empezar a entender que estamos para ayudarles a tomar buenas decisiones en un mundo complejo y a la regulación hay que pedirle que no lo haga más complejo”.
Por Funds Society, Madrid