En un entorno financiero de tipos más altos durante más tiempo, y en un escenario conservador como el nacional –donde los perfiles medios de las carteras son especialmente cautos (con un 53% en renta fija y solo un 16% en variable)-, los inversores están dirigiendo sus ahorros hacia fondos monetarios y de renta fija, principalmente vehículos con objetivo de rentabilidad y buy&hold. En paralelo, continúa el desarrollo de las finanzas sostenibles, con potentes novedades y retos desde el punto de vista regulatorio. De ahí que Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, hiciera hincapié en estas dos temáticas en el marco del XIII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva -organizado por la APD, Deloitte e Inverco y celebrado esta mañana en Madrid- y lanzara una advertencia a los profesionales de la industria para que se mantengan atentos y actualizados con respecto a las novedades normativas en estas dos materias.
En lo referente a la primera, el supervisor apeló a las entidades a señalar con claridad el riesgo que supone la inversión en los mercados de deuda: “El inversor minorista, bien por falta de conocimientos o por sesgos, puede tener la sensación errónea de que los productos de renta fija son fijos y no presentan posibilidad de pérdida y esto no es así, sobre todo en los tramos largos de la curva. En abril publicamos la actualización de la guía técnica del 2017 sobre el refuerzo de transparencia en estos fondos, porque consideramos especialmente importante que, en la comercialización de productos de renta fija, el cliente reciba una explicación clara de los riesgos de mercado, con un texto específico en el folleto y el DFI de los fondos. Desde la CNMV queremos estar especialmente vigilantes para que las advertencias en la comercialización se apliquen correctamente”, señaló.
“Fatiga regulatoria” en inversiones sostenibles
Con respecto a las inversiones sostenibles, y pese a que reconoció una situación de “fatiga regulatoria” fue muy claro: “Hasta ahora no se ha sancionado a nadie en España pero es poco probable que eso se prolongue indefinidamente a medida que la supervisión avance y recomiendo vivamente leer y examinar todos los documentos que establecen lo que hay que mejorar en finanzas sostenibles y en lo que respecta a la divulgación de información”, advirtió. La normativa, dijo, no tiene vuelta atrás y “contribuirá al desarrollo de esta dimensión, impulsando un cambio de tendencias en las carteras que incentiven los flujos financieros necesarios para el cambio que las economías tienen que transitar; y en ese cambio el sector de gestión de activos tiene un gran papel que jugar”.
Buenaventura reconoció una situación de “fatiga regulatoria” a lo largo de los últimos años, periodo en el que ha se han logrado muchas cosas –el sistema completo de clasificación de las actividades económica en relación al cambio climático (taxonomía); regulación sobre información relativa a productos (SPDR); un sistema de publicación de información por parte de los emisores de valores (CSRD) y un estándar único para definir un bono verde, entre otros temas-. Pero aún quedan por desarrollar otros aspectos clave como la verificación de información de los emisores (por parte de terceros), los planes de transición de la actividad de una empresa; o los ratings ESG como elemento de apoyo en la toma de decisiones.
El presidente también pidió una mayor claridad en las denominaciones de fondos ESG, mejores indicadores para que los inversores puedan comparar sus productos en términos de sostenibilidad a nivel europeo y etiquetas armonizadas en la UE para clarificar y ordenar la información que reciben los inversores. “El sector español hasta ahora ha mostrado menos volatilidad que sus homólogos europeos en las denominaciones y clasificaciones de los fondos artículo 8 y 9; de ahí que la gran reclasificación -desde fondos artículo 9 a 8- que ha tenido lugar en Europa no la hayamos visto en España con la misma intensidad. Pero es necesario el desarrollo de etiquetas –diferentes a las de artículo 8 y 9, desafortunadas para identificar los vehículos porque no se crearon como etiquetas sino como requisitos de transparencia y no significan nada para el inversor- que den indicadores claros de comparación y en la UE hay una consulta pública abierta en este sentido. El rating ESG podría sintetizarlo pero no está desarrollado ni regulado aún. Creo que la existencia de etiquetas armonizadas en la UE puede jugar un papel importante para clarificar y ordenar la información que reciben los inversores”, afirmó Buenaventura.
En España, el número de vehículos artículo 8 y 9 es de 351 fondos (333 pertenecen al primer segmento y 18 al segundo), con un patrimonio acumulado cercano a los 120.000 millones de euros. Para alcanzar una mayor claridad en la denominación de estos productos, la ESMA lanzó recientemente una consulta pública para orientar a gestores y comercializaciones y evitar la creación de carteras no sostenibles bajo nombres sostenibles, fijando umbrales en la composición de las mismas -una inversión del 80% de la cartera para el uso de la denominación ESG y del 50% para el término sostenible-, y recomendando también el empleo de criterios de exclusión y del término impacto solo si el objetivo del fondo es generar resultados positivos medibles. Ante la controversia generada por los umbrales, Buenaventura explicó que el documento de guías técnicas se está revisando y valoró de forma positiva que esto se dirima en toda la UE.
En su opinión, toda esta situación “requiere de un cambio normativo gradual y revisiones horizontales antes de adentrarnos en la supervisión de cada producto”. En este sentido, la CNMV ha publicado el resultado de algunos ejercicios individuales -estado de información no financiera de los emisores; aplicación de la normativa de sostenibilidad en las IICs españolas; o una revisión de la integración de preferencias de sostenibilidad de los inversores bajo MiFID II en el test de idoneidad, previsto en el plan de este año, además del Common Supervisory Action desde ESMA sobre el riesgo de sostenibilidad en los fondos europeos cuyos resultados serán públicos próximamente- para lanzar mensajes de mejora y avisos a navegantes: porque tarde o temprano, las sanciones podrían llegar si la normativa no se cumple. De hecho, la CNMV publica hoy su primer informe sobre desgloses relativos a la taxonomía por las cotizadas españolas donde, dijo, se han detectado “prácticas mejorables”. Todo un reto a vigilar para las entidades.
Retrasos y dudas
En los paneles posteriores, algunos expertos valoraron también la situación que vive el sector a la hora de incorporar toda la normativa de sostenibilidad. “Se están intentando hacer las cosas bien pero quizá hemos puesto un objetivo demasiado ambicioso. Llevamos con la “E” muchos años y aún no sé qué empresa es mejor que otra en este sentido porque no hay uniformidad de criterio –y aún no están desarrolladas las patas corporativa y social-. También soy crítico con el tema de las bases de datos en las que aparecemos tras rellenar cuestionarios para los proveedores pero nunca recibimos una llamada y a veces los datos son incorrectos. Nos hemos metido en un jardín florido muy complicado y yo soy partidario de simplificar, ir a lo básico”, decía José Luis Jiménez, Chief Investment Officer de Mapfre. En su caso, han lanzado soluciones de inversión para promover la inclusión de personas discapacitadas en las empresas pero todavía hay muy poco desarrollo en este sentido. “Hacemos las cosas por convicción de lo que es lo correcto y conviene tener nuestras propias metodologías y datos. Me gustaría que la S y la G fueran más rápidas, ahí la regulación va por detrás, porque está atrapada en su complejidad”, aseguró.
Para Juan Aznar, presidente ejecutivo de Mutuactivos, sorprende el avance la sostenibilidad en nuestro sector: según Inverco, engloba ya a más de un tercio de la inversión colectiva en España. Y sorprende porque “no evidenciamos una demanda importante por parte del minorista y creemos que el aluvión de producto que se ha producido en los últimos dos años no responde a una convicción ni a una voluntad ni a un sentido de anticipación por las gestoras para ofrecer producto -de forma que la oferta genere su propia demanda- sino al establecimiento de nuevas reglas del juego. Estoy de acuerdo con el objetivo de reorientar los flujos hacia sectores sostenibles pero mientras no seamos capaces de demostrar empíricamente que gestionar con criterios ESG mejora el binomio rentabilidad-riesgo, esa demanda por parte del minorista no crecerá”, aseguró. Por parte del institucional, dijo, sí es patente ese interés. En su gestora calcula que a finales de año tendrán cerca del 55%-58% de su patrimonio gestionado con criterios artículo 8.
Para Antonio Antonio Muñoz, director general de Trea AM, la viabilidad de la información para definir factores ESG es casi imposible en algunos sectores como las small y mid caps o los mercados emergentes, y se limita a las large caps y a las firmas cotizadas. “Si quieres ser ESG hay un gap de información brutal, es muy difícil”, dijo. Y además en cuanto a las rentabilidades hay muchas dudas: “Desde un punto de vista anglosajón, donde solo cuenta la rentabilidad, esto es muy cuestionable, de ahí que dejen libertad. Es loable que Europa se haya puesto la medalla de ser el más “green” y socialmente responsable pero al final cuentan las rentabilidades y no está nada claro que los fondos europeos de ESG puedan competir. El regulador está más perdido que nadie, hay demasiada regulación, demasiadas cadenas”, criticó.
Por Funds Society, Madrid