Globalmente, la inflación no había estado así de alta en décadas. En EEUU batió recientemente un máximo de 40 años en el 9,1%, en la eurozona ha alcanzado un máximo récord del 10%, incluyendo el 10,9% en Alemania, y está cerca de un máximo de 40 años en Reino Unido en el 9,9%, y se espera que suba más. Este escenario no es exclusivo del mundo desarrollado; la inflación ha marcado máximos del 12% en Brasil, está actualmente en el 8,7% en México, en el 9,9% en Polonia, 15,6% en Hungría, 7% en India, 6% en Indonesia y cerca del 80% en Argentina y Turquía.
Los gobiernos ayudan a los vulnerables
Frente a esta palpable crisis del coste de la vida, los gobiernos han actuado para amortiguar el golpe. Sin embargo, muchos gobiernos de todo el mundo se han endeudado materialmente tras las importantes intervenciones realizadas durante la pandemia. Es más, con la inflación tan elevada, los bancos centrales han endurecido globalmente su política monetaria para reducir la demanda agregada en relación con la oferta y restaurar la estabilidad de precios. La prevalencia de ambas dinámicas limita la capacidad de los gobiernos para actuar.
El FMI estudió el impacto de la inflación derivada de la energía y cómo deberían los gobiernos diseñar idealmente sus paquetes de ayuda. Sugirió que las políticas preserven fuertes incentivos para la conservación de la energía y la transición desde combustibles fósiles. Aunque el FMI dijo que podría ser aceptable como medida temporal la supresión de precios para evitar un shock de corto plazo, abogó por preservar las señales de precios en el largo plazo. Sugirió medidas de apoyo a las rentas en vez de ajustes en los costes de la energía o subsidios basados en volúmenes para crear incentivos para la reducción de la demanda. Deberían ser medidas efectivas en costes, temporales y delimitadas.
El FMI sugirió que “puede ser una opción” un impuesto a los beneficios extraordinarios, pero advirtió que sería necesario diseñarlo cuidadosamente para evitar “consecuencias inesperadas”, limitándolo estrictamente a “los beneficios extra”. No deberían compensar la pérdida de ingresos reales, sino proteger a los hogares pobres y vulnerables. El FMI añadió que la política fiscal no debería incrementar la demanda agregada para evitar que se acentúen las presiones sobre los precios. Varios bancos centrales han debatido sobre la necesidad creciente de aplicar un endurecimiento adicional de la política monetaria si se suaviza la política fiscal.
El apoyo a las empresas debería ser más cuidadoso, limitándose al apoyo a la liquidez de las empresas que de otro modo tendrían dificultades, con consideraciones especiales para los importadores y distribuidores de energía. El FMI también abogó por una subvención basada en la cantidad y no en el precio para preservar los incentivos de ahorro energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Revisión de las medidas gubernamentales
Al menos al inicio los gobiernos parecían estar siguiendo las indicaciones del FMI, proporcionando apoyo frente al alza del precio de la energía al impulsar las rentas en vez de interferir sobre los precios. Francia fue de los primeros en moverse al proporcionar un “bono social” de 100 euros a 5,8 millones de hogares, más un suplemento adicional de 100 euros desde el pasado otoño. Desde entonces, los países cubiertos en este análisis han empleado una serie de pagos únicos que tienen como destinatarios grupos específicos incluyendo desde los hogares de menores rentas, pensionistas y estudiantes hasta ayudas más amplias a familias y han incluido pagos en efectivos, vales, subvenciones, incremento de los umbrales fiscales y el incremento del salario mínimo y de los salarios de trabajadores públicos. Esto cubre una amplia gama de medidas.
Sin embargo, nuestro análisis sugiere que estas medidas de apoyo a las rentas no han sido las de mayor tamaño anunciadas por los gobiernos. En cambio, estos también se han embarcado en una serie de medidas para suprimir directa o indirectamente las señales en los precios de la energía, en contra de las recomendaciones del FMI. Una vez más, Francia fue la primera en actuar, topando los precios de la energía con fijaciones a corto plazo desde el otoño del año pasado, y que ahora expirarán a principios de 2023 con subidas del 15% en los precios del gas y la electricidad. Pensamos que es probable un nuevo aplazamiento.
Sin embargo, le han seguido otros países: Reino Unido anunció una limitación de dos años a los costes de electricidad unitarios de los hogares – aunque después lo ha reducido a seis meses- y un paquete similar para las empresas. Alemania también ha anunciado recientemente un “escudo económico defensivo” para proporcionar subsidios a las facturas de la electricidad y el gas tomando un tope de volumen de referencia. Además, cada país ha reducido su IVA a la energía, afectando también indirectamente al coste unitario de la electricidad. En total, estas medidas suprimirán el ajuste en el consumo que de otra manera se habría producido por la subida del precio de la energía.
También hemos visto una serie de medidas para apoyar a las empresas. Varias naciones han reducido impuestos y cargas a una serie de compañías de la energía, mientras que Alemania (Uniper), Reino Unido (Bulb energy) y Francia (EDF) las han rescatado, en el caso de Francia nacionalizado, para apoyar a la industria en su conjunto. Además, muchos países han proporcionado apoyo a las empresas en general. Francia y España han proporcionado préstamos corporativos avalados por el Estado, y Francia también ha proporcionado medidas concretas para compañías muy expuestas. Italia ha sido la más activa, introduciendo créditos fiscales y rebajas a grandes usuarios en otoño del año pasado, pero suplementándolos este año para apoyar a las industrias del transporte, la agricultura y la pesca y otras medidas para los sectores productivos más afectados y para PYMES. Reino Unido también ha congelado recientemente los costes empresariales unitarios por seis meses y anunciará más medidas para empresas vulnerables para finales de año.
Por separado, los gobiernos también atajaron el impacto de la subida del precio del carburante. Todos los países han aplicado algún tipo de rebaja en el precio de la gasolina o el diésel (incluyendo a Alemania, Francia e Italia), sobre la gasolina (España) o reducido los impuestos sobre el carburante (Reino Unido). También ha habido una serie de medidas más innovadoras para atajar la subida de precios. Alemania implementó un popular abono para transporte público de 9 euros al mes durante tres meses hasta agosto y está considerando un abono similar de entre 45 y 65 euros al mes para incentivar el transporte público frente al privado. España introdujo una rebaja del 50% sobre el precio del transporte público desde septiembre hasta finales de 2022. Al final, las respuestas individuales de gobiernos de la Eurozona se contraponen a los planes de la Comisión Europea para acelerar la inversión en energía no fósil.
La política triunfa sobre la economía a la hora de encontrar el equilibrio adecuado
Frente a la subida más fuerte de la inflación en cuatro décadas y al incremento de los precios de la energía, los gobiernos han actuado rápidamente. Pero al agudizarse la crisis, los gobiernos han pasado de ofrecer ayudas a la renta específicas a los hogares vulnerables a un conjunto más amplio de medidas. Y estas medidas amenazan con incrementar innecesariamente los niveles de deuda pública, se cruzan con objetivos macroeconómicos más amplios (el restablecimiento de la estabilidad de los precios y la estabilidad fiscal) y con los objetivos en materia de cambio climático, y retrasan el reajuste de lo que parece ser un período persistente de elevada inflación energética.
Desde el punto de vista distributivo, las medidas específicas de apoyo a la renta, que habrían proporcionado la mayor parte de la ayuda allí donde se necesitaba, se han visto anuladas por medidas más generales.
Dicho esto, es probable que todas las intervenciones ayuden a limitar la inflación general; probablemente las medidas de Reino Unido reduzcan la inflación desde el 14% al 11%. Sin embargo, las medidas adicionales adoptadas en la mayoría de los países hacen prever un descenso más lento de la inflación subyacente en los próximos años, algo que probablemente se traducirá en unos tipos de interés más altos durante más tiempo. Esto probablemente ralentizará la actividad económica en mayor medida de lo que hubiera sido el caso, lo que hace que el análisis de las implicaciones distributivas a largo plazo sea complejo.
