En un entorno complejo en los mercados y para el negocio de la inversión colectiva, José María Marcos, director general de Entidades de la CNMV, destaca la resiliencia de la industria que, entre fondos y vehículos de pensiones, suma cerca de 700.000 millones de euros, con 22.000 cuentas de partícipes, “cifras que ponen sobre la mesa la importancia del sector y deben ser un acicate para extremar el adecuado desempeño de los que participamos en él”. En el futuro, ve una industria afectada por cambios en los mercados, la tecnología, la regulación…, pero con una clave para que mantenga y aumente la confianza: “Que trate de alinear lo máximo sus intereses con los del inversor”. Para ello, apuesta por el diseño de productos sencillos, con coste razonable, que añadan valor y se distribuyan adecuadamente, una dirección en la que aboga por avanzar.
Y en ese «buen camino», en el marco del XII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva –organizado por la APD, Deloitte e Inverco-, ha hecho algunas sugerencias. Así, sobre la comercialización de vehículos de IICs cerradas a inversores minoristas, una realidad posible ya a partir de 10.000 euros, aboga por hacerlo siempre dentro de un marco de asesoramiento (y no simple comercialización), limitando el porcentaje de exposición y evitando conflictos de interés: “Lo recomendable es que se ofrezcan a minoristas en el ámbito del asesoramiento y limitando la exposición a un porcentaje razonable de su cartera. Debemos prestar especial atención sobre todo cuando la distribución la hacen las propias gestoras: ahí pueden darse situaciones de mayores conflictos de interés potenciales”, advierte.
Marcos reconoce el interés creciente en los últimos años de gestoras y bancas privadas por ofrecer vehículos cerrados de inversión alternativa a clientes minoristas. “Es un fenómeno que, si se da con las debidas garantías, puede ser beneficioso para los inversores porque les proporciona acceso a fuentes alternativas de rentabilidad”, explica, y de hecho, ya se ha modificado la ley de capital riesgo para facilitar las opciones de acceso a este tipo de inversor. Pero, advierte, debe haber garantías para el inversor: debe estar informado de los riesgos, al tratarse de una inversión más compleja y con costes superiores, y debe comprender que la fiabilidad de las rentabilidades de las inversiones alternativas hasta vencimiento no es tan relevante como en la inversión tradicional”.
Otro punto en el que la CNMV empatiza especialmente con el inversor es en las posiciones en renta fija en un escenario como el actual, de subidas agresivas de tipos. De hecho, este año están dándose fuertes aportaciones netas a fondos (de 9.000 millones) y sobre todo se dirigen hacia productos de renta fija (en nueve meses han captado 11.500 millones, entre estrategias de baja duración (menor a un año) o B&H a vencimiento, y mandatos de gestión discrecional de carteras). “El hecho de que se estén produciendo suscripciones a fondos de renta fija en un entorno de subidas de tipos hace necesario enfatizar la importancia de una adecuada comercialización de estos vehículos, para que los ahorradores con perfil conservador sean conscientes del riesgo de pérdida que también tienen en este contexto; para que comprendan la máxima de que la renta fija no es fija”.
Los retos de las gestoras
Poniendo el foco en las gestoras, Marcos también advierte de la necesidad de una competencia “equilibrada” entre entidades nacionales e internacionales en España. “Vemos una progresiva ganancia de cuota de las IICs extranjeras, que ha pasado del 8% en 2008 al 44% actual. La competencia resulta beneficiosa para los inversores –pues tienen acceso a una mayor gama de productos y menores costes-, pero debe ser equilibrada en cuanto a requisitos de todo tipo: debe avanzarse para equilibrar esta competencia”, asegura.
El director general de Entidades de la CNMV también apunta dos retos regulatorios, dos normas europeas que entrarán en vigor el próximo enero y que exigirán a las gestoras planificación y recursos: en primer lugar, el reglamento europeo de sostenibilidad, que regula la información sobre cuestiones ESG y obliga a incluir un anexo en el folleto de los fondos que promocionan la sostenibilidad o realizan inversiones sostenibles, los que pertenecen a los artículos 8 y 9, que en España superan los 250 vehículos. En concreto, “las gestoras deberán registrar en la CNMV un anexo al folleto con contenidos más detallados”.
En segundo lugar, el reglamento europeo PRIIPS, que obligará a las gestoras a elaborar un documento de datos fundamentales que en algunos aspectos difiere con el vigente –en aspectos como la información de costes, los escenarios de rentabilidad o el riesgo-. También habrá un cambio operativo: el DFI deberá ser elaborado directamente por las gestoras y no podrá generarse a partir del folleto registrado en la CNMV. “Las gestoras tendrán que hacer una planificación adecuada y destinar los recursos necesarios”, recuerda Marcos. En la CNMV ya han diseñado procedimientos simplificados de registro, etc. para ayudarles en ese camino.
Un tercer reto regulatorio vendrá con la propuesta de modificación de UCITS y la normativa alternativa AIMFD, con dos objetivos: mejorar las herramientas para una adecuada gestión de la liquidez y el reporting a los supervisores. Así, sobre gestión de liquidez, se pretende establecer un catálogo armonizado para gestionar las IICs, algo a lo que históricamente en la CNMV han prestado especial atención, creando de hecho este año una guía técnica crucial para garantizar la equidad entre los inversores que suscriben y reembolsan y los que permanecen en los fondos. “Tenemos estándares elevados y la modificación de la norma europea no supondrá impactos apreciables sobre cumplimiento a nivel nacional”, dice Marcos.
Igual ocurre en reporting: se buscan obligaciones de información comunes a los supervisores para que haya una convergencia y para que se pueda hacer un seguimiento de las IICs desde la perspectiva de la estabilidad financiera. “En este sentido, la normativa española está a la vanguardia: las gestoras españolas ya cumplen obligaciones similares y trataremos de evitar duplicidades para minimizar los costes de aplicación de estas directivas”, aseguran desde la CNMV.
Sobre la ESG, un punto clave en el que basa su supervisión, la CNMV se centra en evitar prácticas de greeenwashing entre las gestoras: “En la CNMV estamos abordando una revisión para comprobar la implementación de la normativa ESG por parte de las gestoras nacionales. Pero aún encontramos problemas como falta de daos, metodologías estándar.. nos hemos marcado un objetivo modesto, el de conocer las prácticas del mercado, identificar prácticas de mejora y obtener información para contribuir a la aplicación de las normas sobre sostenibilidad”.
Sicavs y convergencia supervisora
En su discurso, Marcos también hizo referencia al impacto fiscal en la industria de las sicavs, el 80% de las cuales se darán de baja –unas 1.800-, mayoritariamente mediante procesos de liquidación, lo que hace pensar, dice, que una parte importante de su patrimonio acabará invertido en otras IICs.
El experto también apuesta por una convergencia supervisora a nivel europeo, requisito clave para crear un mercado único, con una supervisión común. “Desde la CNMV apoyamos los ejercicios supervisores que ha abordado ESMA con el objetivo de hacer una revisión conjunta para todos los supervisores, con alcances similares, aunque luego el trabajo es ejecutado por los supervisores nacionales. Este año hacemos uno sobre supervisión de los activos con menor liquidez, el año pasado sobre costes…”, recuerda.
Eliminar las eñes regulatorias
En el evento, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, ha incidido de nuevo en la importancia de “eliminar las eñes”, obstáculos que no existen en otros países y son típicos del sector en España. Así, aboga por eliminar los obstáculos para que en España se puedan constituir fondos institucionales, con un número máximo de partícipes y no mínimo; se avance en la regulación sobre préstamo de valores o se produzca una flexibilización de los fondos de deuda o una homogeneización en campos informativos. “La reciente ley va en esa línea de dar mayor información a los partícipes y enviar información vía telemática, pero se ha quedado corta: no hay una plena homogeneización con las normas comunitarias y ojalá algún proyecto ley pueda dar una equiparación plena cuanto antes”, pide. Sobre MiFID II destaca que ya ha quedado atrás y alaba el “gran esfuerzo de gestoras y comercializadores para poner en valor todas las medidas a favor de los ahorradores”; consecuencia y prueba de lo cual es el auge de los servicios de gestión discrecional y asesoramiento en España.
Martínez-Aldama también puso en valor el peso del sector de la inversión colectiva, con casi 700.000 millones de euros, que trajo 2.500 millones de recaudación fiscal en 2021, ayudando al descenso de la prima de riesgo “gracias a un ahorro doméstico que hay que potenciar”. “Las medidas tomadas deberían ir en ese línea: deberíamos tener un régimen fiscal especial para partícipes en fondos sostenibles y fondos de inversión sostenibles que además inviertan en pymes, pues induciríamos a la vez la economía sostenible y la financiación a pymes”, dice. También sugiere medidas destinadas a reducir el ahorro inmobiliario y elevar el financiero.
En pensiones, critica la reforma que no solo limita las aportaciones en el tercer pilar, sino que no ayuda al segundo. “Es una reforma drástica no pensada desde un punto de vista lógico: hay que potenciar el segundo pilar pero sin destruir el tercero”, advierte. “El calendario debería haber sido mejor, no podemos pinchar el ahorro en instrumentos del tercer pilar sin haber construido antes el segundo”. Los datos hablan ya de una pérdida de 4.000 millones en aportaciones en el ahorro para jubilación “sin que el ahorro del segundo pilar haya canalizado un solo euro nuevo. Hay que poner en valor el sistema multipilar”, defiende.
En el día de la educación financiera, Martínez-Aldama también indició en la necesidad de su potenciación pública, entre otras cosas, permitiendo a los ciudadanos recibir información sobre su pensión estimada, un reclamo que lleva haciéndose durante 11 años.
Los retos para el sector
Enrique Sánchez de León, consejero director general APD, destacaba la importancia para el sector de afrontar “las curvas fiscales” que se avecinan, mientras Rodrigo Díaz, socio responsable del Área de Investment Management de Deloitte, señalaba cinco retos: “Hay que fidelizar a los clientes, ahorradores e inversores conservadores ante el incremento del atractivo de los depósitos o la tenencia de deuda pública; conseguir rentabilidad en mercados adversos; preservar la liquidez de los partícipes; seguir impulsando la inversión de impacto; y la posibilidad de extender los fondos a capas de la población con predilección por la inversión inmobiliaria –o por los activos digitales, en el caso de los más jóvenes-. En su opinión, “la gestión profesional es clave para no dejar a los inversores en manos de los vaivenes de los mercados”.
Por Alicia Miguel Serrano
