La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó claras sus ambiciones en cuanto a la financiación de la transición energética y medioambiental para 2020. La Unión Europea quiere fomentar un flujo cada vez mayor de fondos que se canalizarán hacia activos verdes. Estos vehículos de inversión han existido durante décadas, a diferencia de los fondos verdes temáticos y los bonos verdes que empezaron a surgir a principios de la década de 2010.
La novedad del sistema de clasificación verde para las actividades económicas ambientalmente sostenibles es que ahora existe un lenguaje común dentro de la UE, en particular para limitar e incluso evitar las acusaciones de los denominados casos de «greenwashing». Es un buen momento porque la emergencia climática y el compromiso de la UE (con la excepción de Polonia) de ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono para el año 2050 requiere una inversión mucho mayor en activos verdes para la próxima década.
Tras un complejo informe de 414 páginas publicado en junio, la Comisión Europea acordó a finales de 2019 las principales características de esta lista verde para su finalización e implementación escalonada entre finales de 2020 y finales de 2022. El enfoque general es coherente. Enumera en detalle las actividades económicas consideradas verdes (eficiencia energética, energías renovables, etc.) en cada uno de los seis objetivos medioambientales europeos.
Los seis objetivos son: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, protección del agua y de los recursos marinos, transición a una economía circular que incluya el reciclaje de residuos, prevención y control de la contaminación y biodiversidad. Se considerará que una actividad económica es sostenible si contribuye al menos a uno de los seis objetivos y no va en detrimento de los demás. Es probable que la lista verde también incorpore requisitos mínimos con respecto a los objetivos sociales y de gobernanza. En un futuro próximo se tomará una decisión sobre si el gas natural y la energía nuclear, se mantendrán o no como tecnologías de apoyo a la transición.
La participación de las empresas que cotizan en bolsa
El acceso a datos e información para clasificar los productos y servicios de las empresas como ecológicos constituye una barrera significativa para los inversores. La buena noticia es que la normativa europea exigirá a las empresas que cotizan en la Unión Europea con más de 500 empleados que revelen qué parte de su volumen de negocios e inversiones entrará en la lista verde.
Este es un buen comienzo para construir una curva de aprendizaje para los emisores, los inversores y el regulador europeo. Los inversores de la UE tendrán que explicar de forma transparente cómo están integrando la lista verde en sus fondos, así como su enfoque de la integración de los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), según los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU.
Los inversores públicos (como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones) y los inversores privados (inversores institucionales y gestores de activos) de la UE fueron los primeros en aprovechar la oportunidad que ofrece la “lista verde” y ya están empezando a asimilarla para su adopción en 2021-2022, si no antes. El tema ha transcendido el interés de la UE, principalmente para los países vecinos como Suiza. La UE no descarta utilizar la lista verde para reforzar su liderazgo en materia de clima. El tiempo dirá si esto ocurre. En este sentido, será interesante ver cómo lo abordarán tanto los actores globales del mercado financiero, como las agencias de calificación crediticia.
Por Fórmate a Fondo