Hasta no hace mucho, la desaparición del dinero en metálico podría considerarse cuestión de ciencia ficción. En estos momentos es una posibilidad muy real y sobre la que obligatoriamente hemos de parar a reflexionar. El dinero cada vez es menos utilizado de la forma que se ha conocido a lo largo de la historia.
Consumidores con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, los “millenials”, ya realizan el 80% de sus pagos con tarjetas, desplazando el uso del metálico a un lugar marginal. Estos porcentajes se disparan en grandes ciudades y son utilizados para un gran número de operaciones de pequeño importe (según el análisis de BBVA Data & Analytics y expertos de BBVA Research). Es evidente que las nuevas generaciones optan claramente por la utilización de medios electrónicos. El paso del tiempo nos aleja a pasos agigantados de la utilización del papel moneda.
Países nórdicos de Europa, liderados por Suecia, y seguidos por Dinamarca, Noruega y Finlandia, encabezan la lista de aquellos en los que la utilización del dinero es casi nula. A día de hoy, los pagos en metálico a duras penas alcanzan el 1 %. En Suecia, más del 90 % de las transacciones se realizan a través de medios electrónicos, para lo que se utiliza una aplicación denominada “Swish”. Los billetes y monedas ya no son emitidos ni admitidos en más de la mitad de las sucursales bancarias del país, tampoco lo son en los autobuses, y la legislación permite a los comerciantes minoristas su rechazo.
Según datos publicados por el Banco de España en su página web, en 2016, y por primera vez en nuestro país, el importe de los pagos con plástico superó al efectivo retirado de los cajeros. En 2017 la cifra se incrementó un 12,6%.
Desde el punto de vista de los gobiernos, la desaparición del uso del dinero en efectivo, resulta más que conveniente y máxime contando con la tecnología actual y su rápida evolución para adaptarse a la realización de pequeños pagos. El ejecutivo tendría a su alcance el control de cualquier flujo de capital, todas las operaciones realizadas quedarían registradas. Les permitiría minimizar el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos, entre otras. Todas las transacciones económicas pasarían irremisiblemente por delante de la cámara del Gran Hermano.
Los estados ya están adoptando medidas para limitar el “cash”, así en España, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de estos pagos respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en divisa extranjera.
Hacienda ha pretendido reducir de los 2.500 euros actuales a 1.000 euros el límite. La medida, que inicialmente debía haberse aprobado el año pasado, parecía haberse quedado congelada momentáneamente, si bien, el reciente 19 de octubre, el Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que recoge iniciativas para combatir las nuevas formas de fraude.
La medida más novedosa implica que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales tendrán que informar de ello a la Agencia Tributaria. Además, se identificarán los titulares, autorizados o beneficiarios de estas criptomonedas. Por otra parte, no se podrán realizar operaciones en efectivo entre profesionales que superen los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales, aunque esta reducción parece que no afectará a particulares.
El pasado mes de mayo el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias legislativas, autorizó el inicio por el órgano competente de la redacción del Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366. La nueva normativa, conocida como PSD2, crea un marco integrado de este tipo de servicios en la Unión Europea y pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta, a través de internet o móviles, así como reforzar la seguridad en los pagos electrónicos. Obligará a los comercios, sean del tipo que sean, a aceptar pagos con tarjeta por encima de 30 €.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia produjo un abaratamiento del coste de las comisiones que los comercios debían pagar para aceptar el pago con tarjeta.
Hasta aquí, todo parecen grandes ventajas, y de hecho lo son, pero quizás merezca la pena detenerse a pensar si realmente queremos una economía sin dinero, y antes de que sea una realidad, pues, aunque ya se lleva intentando mucho tiempo, es en los momentos actuales cuando se contaría con los medios tecnológicos para su implantación. Una vez que frotemos la lámpara y liberemos al genio tecnológico, no será fácil dar marcha atrás.
Por Fórmate a Fondo