Esta pandemia ha planteado retos sin precedentes a la humanidad y representa una amenaza desproporcionada para la salud, la vida, los derechos y el bienestar de las personas mayores. Según expresa un informe elaborado por la ONU, es fundamental reducir al mínimo esos riesgos atendiendo a las necesidades y los derechos humanos de las personas mayores mientras luchamos contra la pandemia.
Según desprende el informe, la pandemia está causando un “miedo y un sufrimiento incalculable” a las personas mayores de todo el mundo. La tasa de mortalidad de los mayores de 80 años es cinco veces superior a la media mundial y, a medida que el virus se propaga rápidamente a los países en desarrollo, lo que probablemente abrume los sistemas de salud y protección social, desde la ONU consideran que la tasa de mortalidad de las personas mayores podría aumentar aún más.
Sin embargo, esta crisis también está agravando algunos riesgos y amenazas con las que las personas mayores ya tenían que lidiar antes de la pandemia. Se trata de riesgos menos visibles, pero, según insisten en el informe, no menos preocupantes, ya que sus efectos son mucho más amplios. Estas son algunas de las amenazas que han localizado los expertos:
Atención de salud denegada por afecciones no relacionadas con el COVID-19. Las tasas de mortalidad son cinco veces más altas que el promedio mundial. Además, se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos un problema de salud subyacente.
Descuido y el abuso en instituciones y centros de atención. En 2017, 1 de cada 6 personas mayores fue objeto de abusos. Según el informe, con los cierres y la reducción de la atención, la violencia contra las personas mayores está aumentando. Asimismo, los cuidados esenciales de los que suelen depender las personas mayores están bajo presión. Casi la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa se produjeron en entornos de cuidados a largo plazo. Además, las mujeres mayores suelen prestar atención a los parientes de más edad, lo que aumenta el riesgo de infección.
Desde la organización proponen velar por que todas las personas de edad que corren el riesgo de contagiarse, especialmente aquellos con condiciones de salud subyacentes y los que viven solos, sean identificados y atendidos lo antes posible. Asimismo, insisten en la importancia de asegurar que las decisiones médicas se basen en evaluaciones clínicas individualizadas y sobre la la mejor evidencia científica disponible. El informe también recomienda tomar medidas urgentes para priorizar las pruebas de poblaciones vulnerables en entornos cerrados, incluidos los adultos mayores que viven en instalaciones de atención a largo plazo.
Aumento de la pobreza y el desempleo. Desde el informe consideran que la pandemia puede reducir considerablemente los ingresos y el nivel de vida de las personas de edad. Ya que menos del 20% de las personas mayores en edad de jubilación reciben una pensión.
Repercusiones en el bienestar y la salud mental. El distanciamiento físico puede tener un alto costo en nuestra salud mental. Viviendo solos y estando menos digitalizados que el resto de la población, los riesgos son mayores para este colectivo. Para reducir estas repercusiones negativas, desde el informe insisten en que se deben fortalecer los servicios de atención, de manera que se respeten sus derechos y su autonomía, y evaluar sus necesidades, en particular de los que están más aislados o las que tienen movilidad limitada y deterioro cognitivo o demencia, a fin de prestarles un apoyo específico, que incluya la salud mental y el apoyo psicosocial.
Trauma del estigma y la discriminación. Desde el informe recuerdan que las personas mayores no son sólo víctimas. También están respondiendo. Son trabajadores de la salud, cuidadores y, entre otros, proveedores de servicios esenciales. En este sentido, recomiendan incluir a las personas mayores en las iniciativas de recuperación económica, eliminando los límites de edad para los programas de rehabilitación de los medios de vida y el empleo, así como otras actividades generadoras de ingresos o de alimentos, o para la obtención de microcréditos. Asimismo, consideran importante incluir a las personas mayores en los programas de aprendizaje para mejorar su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Muchos de estos riesgos no son nuevos. Las personas mayores han sido durante mucho tiempo objeto de una protección inadecuada de sus derechos humanos y se les ha pasado por alto en las políticas y programas nacionales. Por ello, desde el informe consideran que la recuperación de COVID-19 es una oportunidad para sentar las bases de una sociedad más inclusiva, equitativa y adaptada a las necesidades de las personas mayores, anclada en los derechos humanos y guiados por la promesa de la Agenda para el 2030 para el desarrollo sostenible.
“Los esfuerzos por proteger a las personas mayores no deben pasar por alto las numerosas variaciones dentro de esta categoría, su increíble resistencia y positividad, y los múltiples papeles que desempeñan en la sociedad, incluso como cuidadores, voluntarios y líderes comunitarios. Debemos ver la plena diversidad de personas de más edad”, reza el informe.