El 87% de las empresas estarían dispuestas a realizar una aportación sobre el salario a sus empleados con el objetivo de destinarlo a su ahorro para la jubilación, aunque el 63% ha indicado que actualmente no se dan las condiciones económicas para realizarlo y, a día de hoy, sólo el 27% de las empresas encuestadas tiene un plan de previsión, sobre todo en los sectores financiero, servicios, químico y farmacéutico.
En cuanto a las aportaciones que realizarían a favor de sus empleados, la mayoría ha contestado que estaría dispuesta a hacer una aportación equivalente a un 2% del salario, según el informe «Situación de las Pensiones en España», edición 2020, elaborado por KPMG Abogados.
Por tipos de planes de pensiones de empresa, el 79% de los analizados son de aportación definida. De la muestra analizada, el 61% de los planes va dirigido a toda la plantilla y un 20% al personal directivo. La mayoría de los planes de jubilación implementados en España corresponden a planes de pensiones de empleo ya que son los que reúnen mayores ventajas, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y en cuanto a la fórmula de aportación, el 74% de las empresas ha optado por un porcentaje fijo sobre el salario pensionable, en la mayoría de los casos el salario fijo bruto, según el mencionado estudio.
Sin embargo, el 73% de los encuestados afirma tener un sistema de ahorro individual para su jubilación y, de ellos, a pesar del impacto del COVID-19, casi el 60% afirma no haber modificado su aportación habitual destinada a este fin. La política de inversión de los planes de jubilación suele ser conservadora, basada en la preservación de capital. Además, debe tenerse en cuenta que las estrategias de inversión de los planes de pensiones se realizan considerando el horizonte temporal hasta la jubilación.
“Ante la incertidumbre en relación con el futuro de las pensiones públicas y con la suficiencia de los ingresos que provengan de esta fuente, empresa e individuo deben tomar conciencia de la necesidad de llevar a cabo una correcta planificación de la jubilación. Hasta la fecha, los datos evidencian el escaso desarrollo de la previsión complementaria en nuestro país. De este modo, la previsión social privada ha sido muy escasa por la suficiencia de los ingresos de la pensión que otorga el Estado y por el elevado coste de implantar planes de jubilación en las empresas. No obstante, las reformas llevadas a cabo en el sistema público y las que probablemente acometerán en un futuro próximo incidirán en el importe de las pensiones. En este sentido, el impacto de las reformas pone de manifiesto la necesidad de un mayor complemento a través del ahorro privado”, ha asegurado Álvaro Granado, director del área de Pensiones de KPMG Abogados.
Aumentar los incentivos fiscales
El tema de los incentivos fiscales es un aspecto recurrente cuando se habla de planes de pensiones y sistemas de previsión. En cuanto a la opinión de las empresas participantes en el estudio sobre los actuales incentivos fiscales al ahorro, el 83% de ellos considera que no son suficientes y cree que el Gobierno tendría que incentivar el ahorro para la jubilación a través de instrumentos de ahorro tanto colectivos como individuales.
En relación al impacto del COVID-19 en los planes de pensiones, el 90% de las empresas encuestadas asegura no haber llevado a cabo una reducción en el importe de aportación al plan de previsión social como consecuencia de la crisis mientras que el otro 10% ha disminuido las aportaciones y, de estos, un tercio lo ha hecho hasta en un 75%. En el capítulo de novedades que ha generado esta crisis destaca también la creación de un supuesto excepcional de liquidez para partícipes afectados por un ERTE por fuerza mayor vinculado al COVID-19, que ha sido utilizado por 44.209 personas hasta junio pasado, según datos de Inverco.
“Entre las medidas que se están analizando y que forman parte del borrador de propuestas del Pacto de Toledo se incluye desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias, que han aumentado desde 2014, y fomentar las jubilaciones demoradas con mayores incentivos, por los que los trabajadores sigan en sus puestos más allá de la edad legal de jubilación y retrasen el inicio del cobro de su pensión”, ha añadido Granado.
Los números del sistema público de pensiones
La nómina mensual de las pensiones continúa batiendo récords y en agosto de 2020 ascendió a 9.904 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior del 2,30%. De este modo, en 2020, el déficit se ha visto incrementado por la propia evolución de los factores determinantes en la sostenibilidad del sistema como son la natalidad, la esperanza de vida y el crecimiento económico, así como por el impacto de la crisis sanitaria y económica derivado del COVID-19.
A cierre de julio, las cotizaciones sociales han descendido un 3,51% respecto al mismo periodo de 2019 debido a las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, entre las que se incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, así como por la caída en la actividad. El déficit registrado por la Seguridad Social ascendió a 5.167,60 millones de euros a 31 de julio de 2020, lo que supone el 0,46% del PIB.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su análisis de la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, realiza la siguiente proyección del gasto en pensiones: del actual 10,7% de gasto en pensiones como porcentaje del PIB, en condiciones “normales” (escenarios demográficos y económicos centrales; revalorización de las pensiones en función de la inflación esperada y con la normativa de Seguridad Social actualmente vigente), el gasto en pensiones del año 2045 ascendería hasta suponer el 13,5% del PIB. «El gasto en pensiones aumenta a un ritmo mayor que el número de altas en el sistema por el importe de las pensiones de las nuevas altas así como por las revalorizaciones sobre las pensiones ya causadas», expresa el estudio de KPMG.
