El último informe publicado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, elaborado por la compañía en colaboración con la Universidad de Valencia, arroja que el saldo del Sistema de Seguridad Social en el primer trimestre de 2020 muestra un déficit anual contributivo de 21.169 millones de euros, lo que representa el 1,7% del PIB, mientras que a finales de 2019 era de 19.761 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB.
Como explica Gregorio Gil de Rozas, director senior del Área de Retirement de Willis Towers Watson, “el incremento del déficit contributivo es una muy mala noticia porque muestra cómo el agujero de la Seguridad Social aumenta, y eso que apenas recoge parcialmente el impacto de 15 días de la pandemia COVID-19. Me temo que cuando analicemos el saldo a final del segundo trimestre, incorporando ya una gran parte del impacto de la pandemia, el déficit se habrá incrementado mucho más por la reducción de las cotizaciones».
El déficit anual contributivo es el índice que mejor recoge la salud financiera real del sistema de la Seguridad Social, ya que se calcula tras introducir ajustes en los ingresos y gastos por operaciones no financieras, excluyendo los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas.
Pero hay otro dato que también resulta de gran interés, y que tampoco ha mostrado cifras alentadoras. Se trata del saldo del Sistema de Seguridad Social por operaciones no financieras, el cual arroja un déficit anual en el primer trimestre de 2020 de 20.359 millones de euros, equivalentes a un 1,65% del PIB, cuantía bastante mayor que los 16.793 millones de euros de déficit anual de 2019, equivalentes al 1,35% del PIB.
Para Gil de Rozas, la situación es clara: «Sin ninguna duda, es momento de centrar los esfuerzos y recursos, de forma coyuntural, en mitigar los efectos sanitarios y económicos que está generando el COVID-19. No obstante, en relación con la Seguridad Social, habría que hacer un análisis técnico riguroso para distinguir entre el déficit estructural del sistema y el motivado por la pandemia. Cualquier medida futura que incremente el actual gasto del sistema debería tener un alcance limitado, incluyendo la revalorización de las pensiones”.
El Observatorio de Pensiones Willis Towers Watson muestra que la importante variación de ambos saldos, sobre todo del de operaciones no financieras, se ha debido a tres motivos fundamentalmente.
El primero de ellos es el pago de los atrasos por la revalorización de las pensiones de enero y febrero: en marzo se han pagado unos 600 millones de euros más en el capítulo de pensiones contributivas que en enero o febrero.
En segundo luegar, por los primeros efectos de la crisis COVID-19: en enero y febrero de 2020 la recaudación por cotizaciones subió un 6,5% y 5,2%, respectivamente, respecto del mismo mes de 2019, mientras que en marzo subió un 1,1%. De haber seguido el ritmo de aumento se hubieran recaudado unos 400 millones más. También en el capítulo de gastos de incapacidad temporal se ha producido un incremento significativo ligado a las primeras medidas tomadas a raíz de la pandemia.
Por último, por la paralización de las transferencias del Estado (2.700 millones menos que en marzo de 2019): esto sólo afecta al saldo por operaciones no financieras y se ha producido por cambios en el calendario de transferencias, por eso es más estable el seguimiento del saldo contributivo.
Además, unas 3 centésimas de la importante subida en términos relativos de ambos déficits se debe a la bajada del PIB en el primer trimestre de 2020, que según Contabilidad Nacional ha sido de un 4,1% en datos interanuales (de abril 2019 a marzo de 2020).
Gregorio Gil de Rozas es taxativo afirmando que “Bruselas lleva muchos meses alertándonos porque no habíamos hecho los deberes, y ahora tiene la excusa perfecta para pedir que reduzcamos nuestro envidiable estado de bienestar. Para tratar de mantenerlo, pedimos al actual Gobierno contención a la hora de tomar cualquier medida estructural de incremento de gasto. Si se decidiese hacer, habría que discriminar a favor de los colectivos con mayor necesidad (ej. pensiones mínimas) o colectivos con carreras de largas carreras de cotización a la Seguridad Social (ej. más de 35 años de cotización), porque puede que con el nivel de endeudamiento que vamos a alcanzar a final de año (más del 120% del PIB) alcancemos un déficit inasumible para la sociedad».
En este sentido, desde Willis Towers Watson extraen tres conclusiones. La primera es que el déficit de la Seguridad Social, tanto contributivo como por operaciones no financieras, ha empeorado rápidamente en el primer trimestre de 2020, respecto al último dato de 2019.
Asimismo, consideran que las cifras en millones de euros también nos tienen que hacer reflexionar sobre las medidas que deberían adoptarse en esta materia, porque destinar cada año unos 20.000 millones de euros a financiar el déficit de las pensiones no puede mantenerse indefinidamente. “Esto exigirá un esfuerzo adicional a las futuras generaciones, ya sea en forma de menores pensiones, más impuestos, más endeudamiento o una combinación de los tres elementos”, advierten.
Por último, señalan que habrá que estar atentos a los efectos del COVID-19 en cuanto a disminución de las cotizaciones, que apenas empieza a reflejarse en estos primeros datos de 2020. “La adopción de medidas adecuadas por parte del Gobierno va a ser determinante para mantener millones de puestos de trabajo y, por tanto, mantener sus aportaciones a las arcas de la Seguridad Social”, concluyen.