La hipoteca inversa fue uno de los lanzamientos estrella de la bancos allá por el año 2008, justo antes del estallido de la crisis financiera. El producto, que consiste en hipotecar nuestra vivienda en propiedad a cambio de una renta y de seguir con el usufructo de la vivienda, se presentaba como una alternativa eficaz para complementar la pensión pública en un país donde la compra gana la partida al alquiler cuando hablamos de vivienda.
Según el informe «Sector asegurador: impacto de las tendencias macroeconómicas y demográficas» de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), la hipoteca inversa ha tenido un desarrollo «muy marginal» en España en estos diez años y, en parte, se debe, a que la gran mayoría de los mayores de 60 años ni siquiera lo conoce. De hecho, el 77% no ha oído hablar nunca sobre las hipotecas inversas, y aquellos que sí, una cuarta parte, tienen una idea incorrecta de las mismas. Como consecuencia, un 83% de las personas mayores desconocen o conocen incorrectamente este producto.
Además, un gran número de personas mayores considera que sus hijos se negarían si decidiesen contratar este producto. «El componente de herencia también pesa mucho en la sociedad española», destaca este informe.
Hay otros aspectos que han frenado el desarrollo de las hipotecas inversas: la existencia de un mercado poco maduro, el que se trate de un producto complejo, la influencia de la crisis inmobiliaria y la evolución del mercado de la vivienda; los gastos iniciales y seguros que pueden incrementar el coste de la operación y, por último, las posibles reclamaciones y riesgos que dañan la reputación de la entidad financiera.
Actualmente, la industria aseguradora apuesta para el mismo fin por otro tipo de productos que, además, tienen un atractivo fiscal. Se trata de los seguros de rentas vitalicias que, según el informe de FEF, son el mejor instrumento para la licuación (conversión) de cualquier patrimonio inmobiliario. De hecho, según datos de Unespa, las rentas vitalicias acumulan un volumen de ahorro bajo gestión de 1.977 millones de euros a cierre del pasado mes de junio.
La carta sobre la futura pensión, una información clave
Hay consenso sobre lo esencial que resulta para los ciudadanos recibir en su domicilio una carta con la información que les permita entender cuál es su expectativa futura de pensión pública de modo que puedan planificar su jubilación con suficiente margen de tiempo.
Inmaculada Domínguez Fabián, profesora titular de economía financiera de la Universidad de Extremadura, expone cómo la Comisión del Pacto de Toledo ha recomendado que todo cotizante reciba información con la pensión aproximada que recibiría tras su jubilación. Sin embargo, el Gobierno comenzó a elaborar un Real Decreto que nunca llegó a aprobarse.
En su defecto, la Seguridad Social puso a disposición de los ciudadanos un simulador de la pensión pública en su página web. Desde la Fundación de Estudios Financieros creen que «esto no puede considerarse una solución óptima para informar ya que no solo existe polémica por el procedimiento de cálculo que utiliza sino que, al ser una herramienta online no todos los individuos tienen un fácil acceso».
De hecho, la experiencia de otros países europeos que ya están aplicando el envío de esta carta demuestra que es la mejor forma de que los ciudadanos sean conscientes del dinero del que dispondrán cuando se jubilen y podría suponer un incentivo al ahorro para los jóvenes.
Carlos Esquivias, jefe de vida y pensiones de UNESPA, explica que, “casi no se ha incrementado los niveles de previsión social complementaria, sobre todo en las pymes, cuando estas son el 80% del tejido empresarial. A las personas hay que impulsarlas a ahorrar porque si no se tiende al consumo desmedido”.
Desde la Fundación de Estudios Financieros destacan la importancia de entender los riesgos a los que está sometido el sistema de pensiones y el efecto que ello implica en la pensión futura reducirá los riesgos y ayudará a mejorar la concienciación sobre la previsión social.