Frente a las propuestas coyunturales de subir las pensiones mínimas y de viudedad y el anuncio de favorecer fiscalmente el IRPF de los pensionistas (todo ello supeditado a la aprobación de los presupuestos del Gobierno), la Fundación Edad&Vida destaca la necesidad de alcanzar un gran acuerdo de Estado del que emanen auténticas reformas estructurales que posibiliten la sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo.
Con una proporción de dos trabajadores por cada pensionista, el constante envejecimiento de la población, un déficit de la Seguridad Social que a cierre de 2017 superaba los 18.000 millones de euros, la «hucha» de las pensiones casi vacía y un mercado laboral lastrado por la precariedad del empleo y los bajos sueldos, el mantenimiento a medio y largo plazo del sistema público de pensiones depende, según Edad&Vida, “de la vigencia del Pacto de Toledo y del consenso de todos los partidos políticos”.
Para la Fundación Edad&Vida, “uno de los graves problemas es que los mayores de 65 años pierden poder adquisitivo”. “El 0,25% de revalorización no essuficiente para hacer frente al incremento del coste de la vida en los tres últimos años, estimado en más del 4%”, apuntan desde la fundación.
Tasa de sustitución
Un problema que, de no realizarse ninguna modificación en el sistema actual, y si se mantiene la evolución demográfica prevista, se unirá a la previsible bajada de la tasa de sustitución, esto es, la cuantía del primer ‘sueldo’ como pensionista con respecto a la que fue la última nómina cuando estaba en activo.
Según los datos del estudio ‘El ahorro para la jubilación a través de la empresa’, elaborado por un equipo investigador de ICEA, ganador del ‘XII Premio Edad&Vida Higinio Raventós’, “en estos momentos la tasa de sustitución es del 80%, porcentaje que, en 2025, bajaría al 74,2% con respecto a la última nómina en activo y que, en 2050, se quedaría en el 63,6% con respecto al último sueldo en activo”.
Por zonas y con respecto a las pensiones de jubilación, Extremadura, con 888 euros, tiene la media más baja; mientras que País Vasco, con 1.331 euros, es la comunidad con la media más elevada. Ourense, con 744 euros, es la provincia con la media de las pensiones más pequeña, y Bizkaia, con 1.361 euros, se lleva el primer lugar para la pensión de jubilación más alta.
Para la Fundación Edad&Vida la reforma del sistema de pensiones en España debería orientarse hacia un sistema mixto de reparto y capitalización, manteniendo un primer pilar de reparto, basado en el principio de solidaridad intergeneracional, e impulsando el desarrollo del segundo, de forma obligatoria o semi‐obligatoria, y tercer pilar del sistema, en línea con las reformas que han llevado a cabo muchos países de la OCDE en los últimos años.
Cultura del ahorro
No tomar medidas estructurales significa que cada año que pase habrá un mayor porcentaje de pensionistas con menos renta disponible y que será un colectivo más empobrecido. Para Edad&Vida, parte de la solución, además de la promoción de la formación y de que la Seguridad Social informe de la pensión futura que se puede cobrar, pasa por fomentar la cultura del ahorro entre la ciudadanía que tenga ingresos para afrontarlo. “Hay que empezar a hacerlo entre los más de ocho millones de jóvenes que actualmente tienen entre 20 y 35 años para que puedan afrontar sus necesidades cuando finalicen su vida laboral”, opinan.
Y por supuesto es necesario mejorar el tratamiento fiscal del ahorro a largo plazo en cualquiera de sus modalidades. Pero también apuntan otras soluciones, como el fomento del ahorro a través de la empresa, medida que facilitaría el acceso a la previsión social complementaria a un gran número de personas. Lograr la sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere, según la Fundación Edad&Vida, mirar más allá de las propuestas partidistas a corto plazo.
Además, apuesta porque el Pacto de Toledo pueda llegar cuanto antes a un gran acuerdo de Estado, con un consenso político que permita acometer el déficit estructural para equilibrar el sistema, mejorar la calidad del empleo, en especial el de las mujeres marcado por la brecha salarial; luchar contra el fraude, dotar de fondos suficientes para acometer las necesidades sanitarias de este colectivo, el coste derivado del incremento de la tasa de dependencia, y promover el envejecimiento activo.
Por Fórmate a Fondo