Incentivar fiscalmente los planes de pensiones a través de las empresas mejoraría el PIB español un 8,5% y el empleo un 2,2%, según un estudio de la Fundación Edad&Vida y VidaCaixa. El informe defiende la viabilidad económica de implantar un modelo de pensiones mixto que combine el actual sistema de reparto con el desarrollo de un sistema de capitalización complementario a través de la empresa.
En este sentido, el modelo propone que el ahorro a través de la empresa sea, en parte, obligatorio por las organizaciones y, en parte, incentivado fiscalmente, con el objetivo de extender el acceso al ahorro a largo plazo. El estudio, elaborado por ICEA en colaboración con el Instituto Complutense de Análisis Económico y la Universidad Complutense de Madrid, demuestra que un tratamiento fiscal favorable para los planes de empresa impulsaría la economía y permitiría mantener el sistema público sin necesidad de incrementar cotizaciones o reducir la tasa de sustitución.
«Realizar cambios estructurales supondría asumir unos costes de transición, pero no hacerlos implicaría soportar efectos negativos sobre el PIB y el bienestar de la economía en el largo plazo», advierte el informe, que propone crear un órgano consultivo y una comisión de control que supervisen la implantación, el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
La OCDE estima que a mediados se siglo habrá ocho jubilados por cada persona en edad de trabajar, por lo que en un sistema de reparto como el español, basado en la solidaridad entre generaciones, son las cotizaciones de las personas en activo las que pagan las pensiones de las que ya no trabajan. «Las tendencias demográficas, por tanto, apuntan a la inestabilidad del modelo actual a largo plazo», remarca el informe.
Los autores del estudio aseguran que implantar un modelo de planes de pensiones mixto -a través de la empresa e incentivado fiscalmente- no sólo impulsaría el PIB de España un 8,5%, sino que también mejoraría el empleo un 2,2% y podría llegar a incrementar la tasa de ahorro un 23%. No introducir ningún cambio en el sistema, por contra, «podría suponer una reducción del 6,3 % del PIB en el largo plazo», concluyen.