Los inversores buscan cada vez más alinear las rentabilidades financieras con el impacto social y ambiental. Los bonos verdes han sido tradicionalmente considerados como una forma atractiva de hacerlo. Pero con la creciente concienciación por otros temas, incluyendo los temas sociales, intensificándose por la pandemia, los bonos de «impacto» se están volviendo cada vez más populares.
¿Cuál es la diferencia entre un bono verde y un bono de impacto?
Un bono verde es un instrumento cuyos ingresos son utilizados por la empresa o el gobierno que lo emite específicamente para financiar proyectos con beneficios ambientales. Aunque los emisores han sido, históricamente, en su mayoría gobiernos o entidades supranacionales, el sector privado se está involucrando cada vez más. Por ejemplo, el sector privado ha representado aproximadamente dos tercios de las emisiones que se llevaron a cabo hasta finales de noviembre (Fuente: Bloomberg al 27 de noviembre de 2020).
Pero, el deterioro del medio ambiente no es el único reto al que se enfrenta nuestro planeta. También nos enfrentamos a problemas que van desde la pobreza y la desigualdad económica, hasta el acceso limitado a la atención sanitaria y los servicios financieros, entre muchos otros. Tiene sentido que aquellos que se sienten firmemente comprometidos con estos temas busquen asignar capital a tales causas.
Invertir con propósito
Para atender a esta demanda, los mercados públicos y privados de todo el mundo han introducido bonos de «impacto» o con «propósito», en los que los ingresos se utilizan para financiar proyectos con objetivos sociales y/o ambientales específicos. Algunos ejemplos de ello son los bonos azules, los bonos de género, los bonos de transición e incluso los bonos de rinoceronte.
En 2020, países como Guatemala y Paraguay, y también instituciones de desarrollo y empresas emitieron «bonos pandémicos» como forma de aliviar los efectos económicos adversos a raíz de la pandemia del COVID-19. La Corporación Financiera Internacional (CFI) emitió un bono social para conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) afectadas negativamente por la pandemia y también para financiar la investigación y desarrollo de pruebas, vacunas y otros medicamentos.
También hemos visto la emisión de bonos en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Los ODS son un «plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos». La ONU los describe como una «llamada a la acción» para «promover la prosperidad mientras se protege el planeta».
Por ejemplo, México emitió un bono de 890 millones de dólares, cuya recaudación se destinará a apoyar a los pequeños agricultores, proporcionar menús escolares gratuitos y ayudar a sostener el sistema sanitario. En cuanto al sector privado, Bank of America emitió un bono de 2.000 millones de dólares en septiembre de 2020, cuyo objetivo es ayudar a las comunidades con bajos ingresos y minorías en Estados Unidos.
¿Qué deben buscar los inversores en un bono de impacto?
Consideramos que es crucial que el emisor cuente con un marco de impacto claro que asegure la asignación adecuada de los ingresos y mida sus resultados. Aunque los informes propios son fundamentales, no son suficientes ya que tienden a carecer de objetividad. Una solución puede ser que el emisor vincule los costes de financiación a sus objetivos ambientales o sociales. Por ejemplo, Suzano, una empresa papelera brasileña, ha vinculado el cupón de su bono ligado a la sostenibilidad a sus objetivos de emisiones de carbono. Si la empresa no alcanza sus objetivos, el cupón del bono aumenta para los inversores y los costes aumentan para la empresa. Esta estructura crea un incentivo claro y fácil de comunicar para que la empresa alcance sus objetivos.
Son necesarios cambios en la industria
El otro problema de los actuales mecanismos de presentación de informes es que no están estandarizados. Al proporcionar criterios de selección y umbrales de rentabilidad comunes que pueden utilizarse con diferentes emisores y propósitos de bonos, se puede empezar a comparar las emisiones y crear un conjunto de expectativas de referencia para los inversores.
La Unión Europea creó una taxonomía en marzo de 2018 con el fin de establecer una clasificación universal para las inversiones sostenibles y, a finales del año pasado el Parlamento Europeo aprobó unos criterios técnicos de selección con respecto a las métricas ambientales. Ahora, los inversores tienen hasta finales de 2021 para presentar sus comentarios y hacer aportaciones sobre el futuro del marco regulatorio.
El sector de la gestión de activos tiene que desempeñar un papel activo para ayudar a los clientes a armonizar sus valores sociales y ambientales con sus objetivos financieros. Creemos que tenemos una oportunidad única de influir en el desarrollo de esos productos, asegurar su eficacia y atractivo para los inversores y, sobre todo, que beneficien realmente a la sociedad y/o al medio ambiente.
Evariste Verchere es gestor de bonos de impacto en BlueOrchard, miembro del Grupo Schroders.