Autoridades reguladoras e instituciones financieras se enfrentan actualmente a unos riesgos que hasta hace muy poco no formaban parte de su día a día, pero que cada vez cobran más fuerza y están obligando al sector público y privado a adaptarse a nuevos métodos de pago, como los pagos móviles en los que se opera de forma anónima o las tarjetas prepago, por mencionar algunos, y que suponen además nuevas vías para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Este tema fue abordado la semana pasada en el marco de la XIV Conferencia Anual para la Prevención del Lavado de Dinero (Anti Money Laundering Compliance Conference) que FIBA organizó en Miami y que reunió a unos 1.500 profesionales del sector público y privado. En una de las sesiones, que llevó por título “La acción supervisora contra el riesgo en un contexto de cambio. Principales retos para las entidades reguladas”, se abordó el problema al que se enfrentan actualmente reguladores y regulados y que obliga a ambos a tomar medidas de forma conjunta para prevenir no solo el lavado de dinero sino la pérdida de negocio.
En la sesión, moderada por Andrés Carriquiry, gerente ejecutivo y oficial de Cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay, participaron Delia Cortelletti, gerente principal de Supervisión de Operaciones Especiales de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina; John Taboada, director de la Región Norte de Swift Latin America; Juan Carlos Medina Carruitero, gerente de Cumplimiento del Banco Financiero del Perú, y Daniel F. Bañados Marticorena, manager de Corporate Compliance de Grupo BAC Credomatic de Costa Rica.
Todos ellos coincidieron en que la Guía Fincen de marzo de 2012 (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro estadounidense no es un marco regulatorio sino que establece cierta nomenclatura que sirve de referencia, pero que debe irse mucho más allá para estar a la altura de los nuevos retos.
En este sentido, Bañados Marticorena subrayó que desde su experiencia y desde el punto de vista del cumplimiento, “el negocio bancario está cambiando tanto que la normativa se está quedando rezagada”, por lo que es el propio sector el que, si quiere estar dentro de estas nuevas vías de negocio, “está prestando el apoyo y el soporte para hacer el equilibrio para cumplir con la regulación”.
Bañados agregó que la banca es actualmente la responsable de gestionar el riesgo porque cada vez son más utilizados y empleados “por los lavadores” por el anonimato que otorgan esos nuevos métodos de pago. “Nosotros somos responsables de gestionar el riesgo. Tenemos que velar para no ser utilizados. Ahí es donde tenemos que empezar a innovar, con todo lo que los clientes nos están pidiendo, en un ambiente en el que el regulador no está avanzando al mismo tiempo”.
En este sentido, Bañados se mostró rotundo al señalar que los reguladores contemplan al sistema financiero como una empresa de outsourcing, como un empresa que tiene que hacerles el trabajo cuando el regulador no avanza al mismo tiempo que las instituciones financieras y las nuevas tecnologías. Según el directivo de BAC Credomatic, esta situación “obliga a una autorregulación para evitar ser usados como lavado de dinero”. Sin embargo, quiso puntualizar que en Costa Rica el regulador está tomando la iniciativa al mismo tiempo que los bancos. Para éste, el banco que no use los nuevos métodos de pago, los nuevos productos que el cliente requiere, se quedará rezagado y puso como ejemplo que en Costa Rica el 80% de los clientes bancarios usa smartphone y un 33% tabletas.
“Para tener cero riesgo, cierre el banco”
Por su parte, Medina incidió en que no hay que perder de vista que las facilidades con las que cuenta el cliente en su nueva relación bancaria son y serán aprovechadas para el lavado de dinero, por lo que llamó a los reguladores a trabajar en conjunto con las instituciones financieras para atajar y minimizar el problema. “Ya pasó el tiempo de que esté por un lado el regulador y por otro las instituciones. Cuando solo nos dedicamos a cumplimiento estamos dejando de lado la prevención”, subrayó.
Medina recordó las palabras que un día antes pronunciaba en el mismo marco Paulina Morfin Cedeño, directora general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV): “para tener cero riesgo, cierre el banco”.
Desde el lado de los reguladores, Cortelletti puntualizó que cuando el regulador debe emitir una norma “debemos pensar primero en qué criterio va a aplicar y tiene que haber unas lineamientos generales. No sólo el banco central tiene la función de determinar esos apartados sino que tiene que acompañar la evolución de las entidades para ver cuáles son esas situaciones en donde no se han visto los riesgos”.
Cortelletti también abogó por el trabajo conjunto entre sector público y privado porque “las entidades tienen una gran experiencia en lavado de dinero y han logrado un nivel de concientización muy alto”.
Por su parte, Taboada, que explicó que desde Swift están trabajando en un programa piloto para centralizar y recoger los datos de los clientes en una plataforma que sirva como una comunidad para conocer mejor al cliente, dijo que la clave para evitar el lavado de dinero es el conocimiento del cliente, un punto en el que coincidió el resto de los asistentes.
Por último, Bañados manifestó que al margen del vacío legal hay caminos y hay oportunidades que deben tomarse porque es indudable que se está pasando del dinero en efectivo al dinero electrónico. Muchas entidades se debaten entre entrar o no en esos nuevos mercados si no van acompañados de un marco regulatorio que mitigue el riesgo de los nuevos productos, pero lo que también puede pasar, concluyó, es que se cree “una banca paralela que asuma ese negocio”.
Por Fórmate a Fondo