Pese a la creciente preocupación por el medio ambiente, el informe «La Fiscalidad ambiental en España. Situación actual y tendencias», elaborado por el Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), dicha recaudación ha disminuido en el período 2000- 2016 en el mundo en general y en Europa en particular.
Dentro de Europa, si comparamos tanto el porcentaje que supone la fiscalidad verde sobre los ingresos tributarios de cada país, como la presión medioambiental –medida como porcentaje de la recaudación por impuestos ambientales sobre el PIB–, ambos descienden de 2002 a 2017, pasando del 6,8 y 2,5%, respectivamente, en 2002, al 6,1 y 2,4% en 2017.
No obstante, en términos absolutos, en 2017 respecto a 2016, en la UE se ha incrementado la recaudación de la fiscalidad verde un 1,1%, y en España un 3%. En nuestro país, en 2017, la ratio de esta recaudación sobre el total de ingresos tributarios fue del 5,4%, siete décimas inferior a la media de la UE –6,1%–, pero superior a las cifras de países como Alemania –4,6%–, Francia –5%– o Suecia –4,9%–. Muy por encima están Dinamarca –8,1%–, Grecia –10,2%– o Letonia –11,2%–.
En cuanto a las clases de impuestos ambientales, los que más recaudan son los que gravan la energía, que en Europa suponen el 76,9% de toda la fiscalidad verde y, en España, el 82,9%. Por el contrario, los que gravan el transporte en Europa recaudan el 19,8%, mientras que en España el 12,7%.
Con respecto a nuestro país, el impuesto sobre hidrocarburos –que recauda 13.156 millones de euros– representa el 74% de los impuestos sobre la energía y el 61,5% del total de impuestos medioambientales, siguiéndole en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica –IVTM– que, con una recaudación de 2.225 millones de euros, aporta algo más del 10%.
Si nos fijamos en cómo se reparte la tarta medioambiental por cada nivel administrativo, el 82% corresponde al Estado, el 8% a las autonomías y el 10% a las corporaciones locales, aunque la recaudación estatal se reparte luego entre el resto de administraciones.
Entre los impuestos propios autonómicos, es el agua la materia imponible más gravada, obteniéndose de los impuestos que sobre ella giran más de 1.300 millones de euros –de los que 503,6 millones de euros corresponden al canon del agua de Cataluña–.
En cuanto al futuro de esta fiscalidad en España, los economistas apuntan que es previsible que, tanto en el mundo como en España, se incrementen los impuestos ambientales. «La reforma de la directiva de la energía traerá novedades desde Europa y debería coordinarse la política de subvenciones y la impositiva para que no se subvencionen actividades gravadas», sostiene el informe.
Además, los economistas creen que la reforma en España debería comenzar con una ley marco de fiscalidad ambiental que distribuyera los hechos imponibles relevantes entre los diferentes niveles administrativos, según su alcance espacial, dejando cierta capacidad normativa a las CCAA.