La propuesta de Directiva de Debida Diligencia (DDCSR) que la UE presentó en marzo de 2022 contribuirá a que los derechos humanos ganen peso en las decisiones de inversión sostenible, como coincidieron los ponentes en el Encuentro ISR ‘Debida Diligencia y Derechos Humanos en las finanzas sostenibles’, organizado por Spainsif, el Foro de Inversión Sostenible y Responsable de España.
Esta propuesta de directiva está impulsada de manera conjunta por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea y tiene como objetivo principal fomentar la sostenibilidad en las cadenas de suministro de las empresas de cara a 2025 para identificar y prevenir, eliminar o mitigar los impactos adversos de sus actividades sobre Derechos Humanos o el medio ambiente.
Francisco Javier Garayoa, director general de Spainsif, destacó que la directiva propone mejorar las prácticas de gobernanza para que a su vez mejore la gestión de riesgos y mitigación de impactos sobre Derechos Humanos y el medio ambiente, derivados de la cadena de valor en las estrategias empresariales, lo que influirá en las decisiones de inversión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
“Cuando hablamos de finanzas sostenibles y derechos humanos es fundamental vincular la medición y los indicadores con los riesgos y la rentabilidad, pero también con las oportunidades que se generan desde el punto de vista social y medioambiental”, afirmó Garayoa, haciendo referencia al estudio ‘La gobernanza en las finanzas sostenibles’, elaborado por Spainsif con el apoyo de la Dirección General de Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Esta propuesta de Directiva pretende completar la actual Directiva de Divulgación de Información No Financiera (NFRD por sus siglas en inglés) y sus modificaciones propuestas en la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad (CSRD), añadiendo obligaciones corporativas para identificar, prevenir y mitigar los daños externos resultantes de impactos adversos sobre Derechos Humanos y el medio ambiente, derivados de las operaciones de las empresas, sus filiales y en la cadena de valor.
ASG e impacto empresarial
Sofía Condés, Senior Investor Outreach Manager en FAIRR, analizó en una ponencia especializada la importancia de los Derechos Humanos en la cadena de valor de la industria agroalimentaria. Desde 2016, esta red de inversores sin ánimo de lucro que promueve la Fundación Jeremy Coller, busca trasladar investigación, herramientas y mejores prácticas colaborativas para ayudar a los inversores a integrar los riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en su toma de decisiones de inversión en este sector. Condés presentó al sector agroalimentario como uno de los más expuestos a violaciones de los derechos humanos y al trabajo forzado para el cual, a raíz de la pandemia, se lanzó un ‘engagement’ colaborativo para abordar los riesgos laborales en la industria cárnica en el que participaron siete de las compañías más significativas del sector que emplean a un millón de trabajadores.
Pablo Esteban, profesor de la UNED, moderó la conversación de expertos en Derechos Humanos en la que han participado Gloria González, del Área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas de Economistas sin Fronteras (EsF); Orencio Vázquez, profesor de la UNED y director del Observatorio de Responsabilidad Corporativa; Antonio Santoro, Head para Southern Europe en Principios de Inversión Responsable (PRI), y Eudald Puig, Research Associate en Mainstreet Partners.
Los ponentes coincidieron en las valoraciones sobre el estado de la cuestión del respeto empresarial a las cuestiones de derechos humanos y debida diligencia y consideraron la propuesta de Directiva de Debida Diligencia y RSC de la UE como buen punto de partida, que toma como referencia los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (2011) de proteger, respetar y remediar para mejorar las normas y prácticas de las empresas y estados con los derechos humanos en su relación con las personas y las comunidades afectadas.
Desde el punto de vista financiero, resaltaron que la regulación presenta el potencial de impulsar un cambio de mentalidad en el sector, como ha sucedido con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles SFDR, que genera una mayor consideración de los derechos humanos en la inversión.
Por Funds Society, Madrid