Los nombramientos del gabinete por parte del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y la moderación en las promesas de política fiscal realizadas desde las elecciones del año pasado sugieren que su administración favorecerá una política fiscal prudente, dice Fitch Ratings. Sin embargo, creemos que equilibrar los compromisos de gasto social con la consolidación fiscal que estabilizaría la creciente carga de la deuda pública será un desafío.
Boric, un miembro del Congreso de izquierda que derrotó al derechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de diciembre, nombró una combinación de nombramientos tecnocráticos y políticos para su gabinete el pasado 21 de enero. Mario Marcel, actual gobernador del Banco Central, se desempeñará como ministro de Hacienda.
La calificación ‘A-’/Estable de Chile está respaldada por un marco de política creíble centrado en un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible y un balance soberano relativamente sólido, con deuda pública/PIB muy por debajo de sus pares calificadores. La elección de Marcel como ministro de Finanzas debería ayudar a respaldar la credibilidad de las políticas, y sigue las promesas de Boric de mantener el objetivo de déficit estructural para 2022 del 3,9 % del PIB en el presupuesto existente y comenzar una reducción gradual del déficit en 2023.
Estos y otros comentarios han continuado el cambio de Boric de su postura económica original, más radical. Las señales de un enfoque de política económica más pragmático incluyen el compromiso de establecer una comisión sobre reformas de las pensiones para tratar de lograr un consenso.
La reducción del déficit parece inevitable después de que el gran estímulo pandémico de Chile elevara el déficit por encima del 7 % del PIB en 2020 y 2021. La administración entrante puede tener un punto de partida mejor de lo esperado.
Los datos hasta noviembre indican que los ingresos superaron las expectativas de la calificadora, aunque el gasto también fue más alto de lo esperado, lo que significa que el déficit general de 2021 en términos de pesos probablemente esté en línea con los pronósticos de los analistas de Fitch.
“Pero el fuerte crecimiento económico en el 4T21 indica que el crecimiento anual podría superar nuestra estimación de 11,4%. La inflación alcanzó el 7,2 % en 2021, por encima de nuestra previsión del 6,8 %. Por lo tanto, tanto el déficit fiscal como la deuda del gobierno central en términos del PIB podrían estar por debajo de nuestras previsiones (7,6% y 35,2%, respectivamente)”, señala Fitch.
El gobierno entrante ha presentado un proyecto de ley para implementar un plan de pensión universal cuyo costo se estima en casi el 1% del PIB, lo que pone de relieve las persistentes presiones de gasto social. Boric tiene la intención de financiar las promesas de gasto social en atención médica, pensiones y otras áreas a través de aumentos de impuestos, y es probable que surjan todos los detalles después de su toma de posesión el 11 de marzo. Boric se ha comprometido a aumentar los ingresos en 5 pp del PIB, de los cuales 1,6 pp se destinarán a mejoras administrativas, cuyos beneficios son inciertos. Sin embargo, lograr un consenso sobre aumentos de impuestos tan grandes en un congreso dividido podría ser un desafío.
“Revisamos nuestro pronóstico de déficit para 2022 a 4,2 % del PIB a fines del año pasado desde 4,7 % debido a perspectivas de crecimiento más sólidas, pero esto está muy por encima del objetivo presupuestario de 2,8 %, ya que asumimos que se incorporará más gasto social en el presupuesto de 2022. Fitch continuará evaluando los anuncios de política fiscal, incluida la estrategia fiscal a mediano plazo que vence dentro de los 90 días posteriores a la toma de posesión del gobierno de Boric. Nuestro caso base supone que habrá más ajustes fiscales en 2023, pero que esto es insuficiente para estabilizar la relación deuda/PIB. Una regla fiscal actualizada con un ancla de deuda ha languidecido en el Congreso durante casi un año y su aprobación es incierta bajo una administración bórica”, dice la calificadora.
«Abordar los desafíos fiscales posteriores a la pandemia también requerirá gestionar las relaciones con un Congreso dividido. La disputa entre la administración saliente de centroderecha de Piñera y el Congreso sobre la adjudicación de contratos de producción de litio destaca cómo los conflictos recientes entre el ejecutivo y la legislatura han obstaculizado la implementación de políticas», añade el informe.
«También es probable que la reforma constitucional aumente la presión sobre las cuentas fiscales al enumerar los derechos sociales. También podría absorber energía política. La Asamblea Constituyente eligió a la izquierdista María Elisa Quinteros como su presidenta este mes, una elección a la que se oponen los miembros de la Asamblea aliados con la coalición de Boric», concluye la nota.
Por Javiera Donoso