La industria de la inversión colectiva en España ha seguido creciendo a pesar incluso de la pandemia, pero es importante que el crecimiento de los fondos nacionales se dé en paralelo al de los internacionales, destacó Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en el marco de la clausura de la Asamblea General de Inverco, celebrada el pasado viernes de forma telemática.
“La inversión colectiva se ha desarrollado mucho en los últimos años, en términos de gestión y también de profesionalidad, eficiencia y cuidado del servicio al partícipe. Todos estos aspectos han otorgado un beneficio claro a los inversores, han contribuido a la ampliación de su base y al crecimiento de los patrimonios. Pero estas cifras conviven con una realidad que es el fuerte crecimiento de cuota de mercado de los fondos extranjeros comercializados en España, que ha sido continuo”, destacó. Así, a cierre de 2020 su cuota alcanzaba el 39% del mercado de fondos en España, frente al 8,3% que suponía en 2008, antes de la crisis y de la implementación de MiFID II. “La diversidad siempre es algo que juega a favor del inversor y la CNMV ha visto siempre con buenos ojos que haya más diversidad y que el inversor tenga acceso a mejor producto, sea nacional o no. Pero es importante que el sector español mantenga su masa crítica y cuota, por su contribución a la economía española en términos de riqueza, PIB y empleo”, defendió.
En su apoyo a la industria de fondos nacional, Buenaventura destacó que una industria nacional puntera y eficiente prestará atención a los valores españoles, y eso retroalimentará el círculo entre ahorro e inversión. “La deslocalización de fondos por razones de gestión o asimetrías fiscales y el desplazamiento a otros países puede tener un impacto en nuestro mercado de valores, relegando a nuestros emisores a una posición secundaria en los procesos de selección de estrategias de inversión. No es lo mismo que un fondo o una sicav se gestionen dese Fráncfort, Luxemburgo o Bilbao”, dijo. “Debido al incremento de la competencia y a la amplitud de la oferta, siempre bienvenida, todos los actores debemos trabajar de forma conjunta para potenciar la profesionalidad, estabilidad, y pujanza del sector de la inversión colectiva española. La existencia de un marco normativo equivalente y flexible resulta necesario y hay que seguir con el esfuerzo de alineamiento normativo iniciado hace años”, añadió.
El presidente de la CNMV quiso dejar claro el reto que tiene por delante la industria de fondos española, para no quedarse atrás con respecto a la internacional, eso sí, en un entorno en el que alabó encaje de la crisis económica derivada de la pandemia. “Además de crecer, es un sector que, en circunstancias de mercado anómalas y sobrevenidas, puso el foco en el control y la gestión de la liquidez de los fondos, manteniendo el principio de equidad entre los inversores”, dijo, aunque reconoció los numerosos retos a afrontar, entre los que también destacó las cuestiones derivadas de la mayor incorporación del inversor minorista a los mercados.
Otro reto es de la sostenibilidad, que desde el punto de vista normativo da los primeros pasos pero se conforma como un camino de no retorno, tras la aplicación en marzo del SFRD y del reglamento de taxonomía, que definió como una “zancada” para la contribución del sector financiero a la transformación del modelo económico europeo. “La inversión colectiva debe tener un papel fundamental en esta transformación, en dos apartados: el primero, en la identificación clara de la aportación de los fondos a una economía sostenible, bien aquellos definidos como ligh green o dark green; dando también información a los clientes de los riesgos y las implicaciones de estas políticas”. El presidente de la CNMV hizo balance tras la calificación de 1.400 fondos que han pasado sus folletos por el SFRD y que dibujan, dijo, un “panorama dual”: menos del 10% de los fondos españoles se han calificado como verdes. “Esto anima a pensar que el riesgo de greenwashing es limitado y que no se ha producido una avalancha de posicionamientos en el llamado ecopostureo”, destacó en positivo. También considera que el dato puede ir a más en el futuro, si se tiene en cuenta la perceptible demanda por las inversiones sostenibles: “Es posible que ese porcentaje vaya aumentando y la industria española vaya adaptando su oferta a la consolidación de la demanda, para que esa porción de mercado también pueda canalizarse a través de producto nacional, además del importado”, indicó.
En segundo lugar, los fondos pueden ser una herramienta de canalización del ahorro minorista que permita, junto a los fondos públicos, una aceleración de la financiación del proceso de transformación económica que la Comisión Europea estimó en 260.000 millones de euros de inversión necesarios. “Ahí es clave la potenciación de los mercados de valores para lograr los objetivos de transformación económica. La inversión colectiva debe ser un nexo entre el ahorrador y los mercados”.
MiFID II y su revisión
A la hora de hablar de inversiones sostenibles, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, también destacó el reto de la normativa en Europa sobre las finanzas sostenibles. “En agosto entró en vigor en los fondos de pensiones, en marzo el reglamento de divulgación y seguirá un calendario progresivo que afectará a la información”, dijo. “Compartimos los objetivos de la iniciativa si bien hay retos para las gestoras, como la ausencia de información sobre sostenibilidad de las empresas en las que se invierte; o la falta de un marco jurídico definitivo que se va aprobando por fases y no siempre por orden cronológico, como la taxonomía; además del coste adaptación de procesos internos y recursos humanos en las entidades”, criticó. “Desde Inverco colaboramos con colaboradores y supervisores para crear un suelo normativo obligatorio para todas las entidades, aplicando el principio de proporcionalidad para que, a partir de la integración de un riesgo de sostenibilidad mínimo, cada entidad pueda desarrollar su modelo individualizado sobre sostenibilidad”.
Martínez Aldama también habló de otras normativas europeas, como la revisión de la directiva alternativa (AIMFD), los PRIPS (con un retraso en la adaptación del KID de UCITS a PRIPS), pero sobre todo se centró en la revisión próxima de MiFID II, donde está en debate un cambio en el régimen de incentivos. “Seguimos defendido la existencia de un marco dual en el que coexistan el pago implícito y explícito ofrecido por las entidades y elegido por los clientes, que está funcionando bien. El régimen debe preservarse, no prohibirse y tampoco deben establecerse requerimientos adicionales. MiFID II ha dado sus frutos y no es el momento oportuno para hacer un nuevo cambio brusco en los modelos de negocio de las entidades”, defendió.
Normativa doméstica
Sobre normativa en España, fue muy crítico y señaló su avance desigual, con medidas lentas de impulso para los partícipes y rápidas en aquellas que han supuesto un efecto negativo en la industria. Sobre las primeras, destacó la próxima trasposición de la directiva de venta transfronteriza, de la que espera modificaciones para mejorar el régimen normativo de las gestoras domésticas eliminando las llamadas “eñes”; y el proyecto ley de fondos de pensiones de empleo de promoción pública, “que debería haberse acelerado para que estuviera en vigor este año”, dijo el presidente de Inverco. “Esperamos dos cuestiones: en primer lugar, el impulso fiscal para las empresas que tengan planes de pensiones, que al menos debería ser de 580 millones euros anuales que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que se ahorrará con la reducción del límite de aportaciones en el sistema individual, y en segundo lugar, el libre acceso de las gestoras para ofrecer fondos de pensiones sin llegar a una situación de oligopolio de facto”.
En negativo, habló del impuesto de transacciones financieras, la regulación sobre las sicavs (“con requisitos inéditos en el ámbito comunitario sobre el cual nuestra asociación ya se ha posicionado negativamente y al menos se ha establecido un régimen transitorio de salida para evitar retroactividad fiscal) y la “reducción drástica en los límites de desgravación de la aportación a los sistemas individuales”, que tilda de “decisión equivocada en fondo, forma y tiempos. En fondo, porque España necesita ahorro para la jubilación, con el reto sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas sobre la mesa, y en plazo porque debería en su caso haberse acompasado en el tiempo con el desarrollo del sistema en el segundo pilar, en cuyo impulso estamos de acuerdo, pero no a costa del tercero”.
Nuevos miembros
En la Asamblea, Inverco anunció las incorporaciones como miembros ordinarios de ACCI Capital Investments SGIIC, y como asociados de Cases & Lacambra Abogados y Lucht Probst Associates (LPA). En los últimos cinco años se han incorporado 47 nuevos asociados a la asociación.
También se eligieron los nuevos presidentes de las agrupaciones, que al mismo tiempo son vicepresidentes de la Asociación: Luis Megías, presidente de la Agrupación de IIC, en representación de BBVA AM; y José Antonio Iglesias, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones, en representación de Vidacaixa.
Por Funds Society, Madrid
